El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, prestó una breve y poco transparente declaración informativa en la Fiscalía de La Paz como testigo en el caso Las Londras, aparentemente, en acto de justificación judicial y no como aporte a las investigaciones, afirmó indignada la diputada por la Chiquitania, María René Álvarez (Creemos).
«Como diputada por esta región (Chiquitania) expreso mi profunda indignación por la forma poco transparente en que se realizan los actos investigativos de los delitos cometidos en Las Londras.
El lunes (ayer) por la mañana la Fiscalía de La Paz ha tomado declaraciones del director nacional del INRA de manera casi clandestina (…) esta diputada ha tomado conocimiento de que la supuesta declaración fue breve, no más de diez minutos, esto nos deja la preocupante sospecha de que se trató de un acto de justificación judicial y no un real aporte para las investigaciones”, fustigó la parlamentaria.
Álvarez, rechazó el desigual trato de la administración de justicia que ejerce riguroso respeto a la jurisdicción y celeridad en las pesquisas en algunos casos y extrema lentitud como en el proceso penal Las Londras, a pesar de las pruebas y de haber identificado a los presuntos autores.
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, días atrás, argumentó que Núñez tiene su domicilio procesal en La Paz, por lo que la comisión fiscal determinó que esta autoridad prestaría su testimonio como testigo en la Fiscalía de La Paz mediante la vía de cooperación, acto que Álvarez calificó como gestiones de la “justicia selectiva” que aplica el Movimiento Al Socialismo (MAS) por encima de la autoridad jurisdiccional.
“Nos genera una penosa extrañeza que tratándose de un caso que involucra delitos de secuestro, tortura, atentados contra la vida y libertades humanas no merezca mayor atención ni celeridad.
Esta actitud ratifica nuestra sospecha de que existen más involucrados desde el Gobierno en la toma ilegal, adjudicación y tenencia de tierras que obliga a las autoridades judiciales cooptadas por el Gobierno a actuar según los mandatos que dicta el Ejecutivo”, dijo.
En este contexto, demandó al Ministerio Público que envíe San Julián y Guarayos una comisión de fiscales investigadores que den celeridad a las pesquisas sobre los delitos ocurridos en la propiedad Las Londras, toda vez que a más de un mes del fatídico 28 de octubre se aprehendió a una sola persona y no se ejecutan los mandamientos de aprehensión generados contra los presuntos responsables.
«Demandamos que con la misma enérgica vara se actúe en los delitos contra la vida y las personas. En Las Londras hubo tortura, secuestro y otros delitos de orden público, exigimos la creación de una comisión de fiscales para dar celeridad a los actos del Ministerio Público sobre este caso (Las Londras)”, afirmó Álvarez.
“Como diputada chiquitana exijo resultados de las investigaciones y sentencia de culpabilidad contra los responsables porque las pruebas así lo dicen, todo el pueblo boliviano es testigo de los actos delictivos cometidos en Las Londras y otras regiones de la Chiquitania”, agregó.
Fuente: Prensa Creemos