Anuario: En el primer año de Luis Arce imperó la agenda de Evo

La agenda política que sigue Luis Arce, exministro de Economía de Evo y ahora presidente de Bolivia, fue marcada por Morales, líder del gobernante MAS.

 

ANUARIO: En el primer año de Luis Arce imperó la agenda de Evo

 



 

 

El presidente Luis Arce destacó la “recuperación de la democracia”, la lucha contra la pandemia y el “crecimiento económico” como los logros más importantes de su primer año de gobierno; sin embargo, la agenda política fue marcada por el líder de su partido.

Luis Arce fue ministro de Economía de Evo Morales y el artífice del modelo económico “social comunitario productivo” que le dio éxitos y aplausos al exmandatario. En 2020, el “líder histórico indiscutible” como le llaman ahora eligió a su economista como el candidato a la Presidencia por el MAS y el candidato elegido por las organizaciones sociales, David Choquehuanca, quedó como postulante a la Vicepresidencia.

En octubre de 2020, Arce ganó las elecciones con un 55% de respaldo y una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa con la promesa de enmendar los errores del “proceso de cambio” y gobernar para todos los bolivianos. Un mes después, la Fiscalía comenzó a liberar de culpa a todos los denunciados, detenidos e investigados por delitos cometidos durante la crisis política de 2019 y durante el gobierno de Jeanine Añez, entre ellos el mismo Morales.

El exjefe de Estado, denunciado por cometer fraude electoral en las elecciones de 2019, denunció que fue víctima de un “golpe de Estado” en noviembre de 2019 y el gobierno de Luis Arce se encargó de “demostrar” esa teoría, para eso desplegó cuatro “frentes” de acción: campaña comunicacional interna y externa, procesos judiciales, “auditorías” al informe de consistencia electoral realizada por la OEA y desconocimiento del mandato de Jeanine Añez.

La campaña impulsada en Bolivia señala que en noviembre de 2019, Morales fue depuesto del cargo por militares, policías y cívicos y que su vida corría peligro, y que incluso estuvo a punto de perderla por el disparo de un misil desde tierra cuando huía a México.

La Fiscalía General del Estado se encargó de anular el caso fraude electoral que implicaba a Morales, exfuncionarios de su gobierno y exvocales electorales. Para este propósito encargó una “auditoría” a un consultor de la Universidad de Salamanca que examinó el informe de la OEA y concluyó que hubo irregularidades en el cómputo de votos de 2019 pero que no habría afectado a los resultados.

Con los procesos cerrados, ahora Morales y los sobreseídos exigen la reparación de la injusticia y se abrieron juicios contra los denunciantes como Carlos Mesa, expresidente de Bolivia y líder de Comunidad Ciudadana, quien denunció el fraude electoral.

La expresidenta Jeanine Añez fue detenida en marzo y después de nueve meses continúa encarcelada en Miraflores, un recinto de alta seguridad, porque habría encabezado el “golpe de Estado” contra Morales; aunque los hechos señalan que el exmandatario renunció a su mandato cercado por movilizaciones ciudadanas que comenzaron después de las elecciones de octubre de 2020 y abandonado por los sectores más leales como la Central Obrera Boliviana, cuyo dirigente Juan Carlos Huarachi pidió la renuncia del entonces Presidente.

Después huyó a México en un avión militar enviado por AMLO y luego se fue a Argentina al amparo de Alberto Fernández, su aliado.

Dos ministros de Añez, más de 20 jefes militares y policiales están encerrados en cárceles acusados por el supuesto complot contra Morales y las masacres ocurridas en Senkata y Sacaba durante el mandato de Añez.

Arce también destinó sus esfuerzos para contrarrestar el “fraude electoral” en el plano de la misma Organización de Estados Americanos (OEA) e interpeló a su secretario general Luis Almagro en la Asamblea de la OEA, pero le fue mal. Los interpelantes Iván Lima (ministro de Justicia), Rogelio Mayta (ministro de Relaciones Exteriores) y Héctor Arce (embajador en la OEA) no lograron convencer a las representaciones de otros países integrantes de que el Secretario General cometió injerencia política al revelar las irregularidades en las elecciones de 2019.

Después, el Procurador General del Estado (Wilfredo Chávez) realizó una especie de “auditoría” de las actas electorales de 2019 para demostrar “a los convencidos”, en palabras el analista político Paul Coca, de que no hubo un fraude electoral. Después de una revisión de las actas llegó a la conclusión con la que había comenzado: Su otrora defendido y expresidente Evo Morales fue víctima de un “golpe de Estado” y que no hubo irregularidades.

El mismo Presidente se lanzó en la aventura hasta la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar a la Unión Europea (UE), a la OEA y la Iglesia Católica boliviana por la “ruptura del orden constitucional” en Bolivia. La UE no se quedó de brazos cruzados y desmintió al Mandatario en un revés internacional para el flamante mandatario.

La OEA y la Iglesia Católica también rechazaron las acusaciones.

Añez fue presidenta de facto, dice Evo

Ahora, el Mandatario tiene una nueva misión: Desconocer el mandato de Jeanine Añez.

Morales insistió hasta el cansancio de que la exsenadora opositora Jeanine Añez no podía ser presidenta de Bolivia porque no lo permite la Constitución y las leyes no lo permiten por lo que su mandato fue de facto e inconstitucional.

El gobierno de Arce tiene los mismos argumentos para desconocer la investidura de la exmandataria y ahora impulsa una consulta al Tribunal Constitucional, que avaló el mandato de Añez, para que diga si la presidencia de ésta fue legal o ilegal.

Jeanine Añez asumió el mandato en sucesión constitucional ante la renuncia de Morales (Presidente), Álvaro García Linera (Vicepresidente), Adriana Salvatierra (Presidenta del Senado), Víctor Borda (Presidente de Diputados)  y los primeros vicepresidentes de ambas cámaras, todos del MAS.

Añez era segunda vicepresidenta del Senado y asumió la presidencia ante el abandono de funciones de las autoridades de la línea de sucesión.

En la Asamblea hay una proposición acusatoria para llevar a la exmandataria a un juicio de responsabilidades por el delito de “genocidio” y otros pero esta petición se mantiene en el Legislativo a la espera de una votación mientras tanto el MAS impulsa que los procesos contra Añez se desarrollen en la vía ordinaria porque, según la lógica de Morales, nunca tuvo las credenciales de Mandataria.

Esa fue la agenda de Morales, quien se mantuvo al pendiente de Luis Arce y en noviembre organizó una “marcha por la Patria” para respaldarlo de los supuestos “afanes golpistas” de sectores como cívicos después de un paro indefinido en contra de la Ley 1386 y otras normas que apuntaban a afectar el patrimonio de sectores informales.

Después de la marcha, que entre otras demandas pidió la aprehensión de los dirigentes que promovieron movilizaciones contra Arce, comenzó una persecución judicial contra líderes como Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz; Juan Carlos Manuel, presidente cívico de Potosí cuyo paradero es desconocido hasta ahora y otros.

El excívico Marco Pumari fue aprehendido, llevado a las provincias donde el MAS tiene fuerte respaldo para que se dicten medidas cautelares en su contra y ahora permanece encarcelado, aunque la última decisión señala que debe ser trasladado hasta la cárcel de alta seguridad de  Cantumarca.

BD/JCV