La falta de institucionalización de la carrera fiscal es señalada por un destacado jurista como una causa fundamental de precariedad y dependencia política en el Ministerio Público.
La fiscalía está en el ojo de la tormenta, en la medida en que sobre la institución recaen temas tan álgidos como las investigaciones sobre los sucesos del 2019 o, ahora, el caso de los ítems fantasmas. Para tratar de establecer cuáles deberían ser las condiciones mínimas de calidad institucional en el Ministerio Público, eju.tv conversó con Arturo Yáñez Cortes, ex presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia.
“Los fiscales departamentales deben ser nombrados por concurso de méritos”
“El reciente nombramiento de fiscal departamental en Tarija, que recayó en una ex ministra de justicia del gobierno del MAS, suscita dudas respecto a su objetividad. Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales departamentales deberían ser designados por el fiscal general previa convocatoria a concurso de méritos, como indica el artículo 33.2”, señaló.
Yáñez dijo que la disposición transitoria tercera de la misma ley facultó al fiscal general a nombrar “a dedo” a los fiscales departamentales por única vez, mientras se organizaba la carrera fiscal, “pero eso ya ocurrió en 2012”.
Violaciones a la Ley Orgánica
“Todos los posteriores nombramientos hechos por el fiscal general Guerrero y por Lanchipa son ilegales. Incluso podrían constituir delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes. Quien debería ser por mandato constitucional el principal garante de la legalidad, el fiscal general, vulnera en forma flagrante su Ley Orgánica. Esto demuestra que la institucionalización del Ministerio Público no estaba entre las prioridades del anterior fiscal general y peor del actual”, recalcó.
El jurista recordó que la ley ya tiene una vigencia 9 años, pero “no han tenido la menor intención de institucionalizar. Los 9 fiscales departamentales son ilegítimos. Algo similar pasa con los fiscales de materia, que de acuerdo a la ley deberían haber pasado para su nombramiento por la escuela de fiscales. Pero el fiscal general ha reconocido que sólo el 20% de los aproximadamente 550 fiscales de materia están institucionalizados. El 80% no lo están”.
“Prefieren fiscales provisorios, para darles órdenes por teléfono”
“A eso hay que sumar a los fiscales asistentes y al resto del personal de apoyo. Hay precariedad en el Ministerio Público. Tener fiscales provisorios autoriza al fiscal general a que los pueda despedir cuando le de la gana. Eso pone en una situación de tremenda inseguridad jurídica a estos fiscales departamentales y de materia”, cuestionó.
Yáñez dijo que en el foro “se comenta que la renuncia del fiscal departamental de Tarija se debió a que se negó a abrir causa penal a los cívicos tarijeños. Prefieren tener a los fiscales precarios para que tengan que cumplir órdenes por teléfono, en vez de tener fiscales de carrera”.
“Los que tengan mejores notas, que elijan sus destinos”
“Se dio algún atisbo de carrera fiscal en los últimos años, con dos convocatorias para entrar a la escuela de fiscales, pero algo menos de 50 fiscales de materia han emergido institucionalizados. Varios de estos fiscales que han participado, comentan off the record que tanto para ser admitidos como para recibir mejores destinos se necesita tener apoyos partidarios del MAS”, comentó.
El ex presidente del Colegio Nacional de Abogados puso como ejemplo el funcionamiento de la escuela de fiscales en Barcelona, donde “los que tienen las mejores notas eligen su destino. Esa es una buena manera, una genuina institucionalización”.
Edición y entrevista: Emilio Martínez
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