A raíz de la recurrencia de avasallamientos en el país, en diciembre de 2013 el entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley 477. Sin embargo, desde entonces ese delito no ha disminuido.
Alcides Flores / Página Siete
A punta de pistola, delincuentes encapuchados hicieron firmar un documento a los periodistas, policías y civiles que habían tomado como rehenes el 28 de octubre de este año en Las Londras (Santa Cruz). En el texto, las víctimas daban fe de que nada pasó ese día.
En el documento que firmaron después de siete horas de haber sido tumbados, pateados y golpeados con las cachas de las armas de fuego y amenazados, los periodistas, policías y civiles se comprometieron a no informar nada de lo que pasó durante las siete horas de calvario. Es más, se comprometieron a decir que fueron bien tratados.
Pero la historia se difundió al instante como reguero de pólvora, después de que los periodistas de cuatro medios de comunicación nacionales dieran testimonio del horror que pasaron a manos de los avasalladores, quienes acorralaron a sus víctimas y dispararon a las ruedas de los vehículos en que llegaron hasta aquel lugar boscoso.
A pesar de la gravedad de lo ocurrido entre las 11:00 y 18:00 de aquel jueves de fines de octubre, el gobierno minimizó el hecho y el comandante general de la Policía afirmó que se trató de “un altercado”. A la vista, el ministro de Gobierno y el jefe policial mostraron una actitud parecida a la del encubrimiento.
En los días sucesivos, nada pasó. Es más, los delincuentes se quitaron la capucha. Hicieron declaraciones ante los medios de comunicación. Afirmaron que se trató de un malentendido. Y se paseaban libremente por las calles y continuaron sus actividades de manera impune en San Julián, municipio bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS), desde donde los dirigentes interculturales nunca condenaron los actos de sus compañeros en Las Londras. Incluso amenazaron con tomar medidas de presión si es que algunos de ellos fueran procesados o detenidos.
Ante la presión de las víctimas (periodistas y civiles), 26 días después de aquellos hechos delictivos en Las Londras, la Policía capturó a Heber Sixto Canaza, acusado de ser quien lideró el secuestro el 28 de octubre. Pero esta captura puso nuevamente en aprietos al gobierno: un grupo de personas armadas intentó impedir la captura de Canaza. De hecho, dos lograron darse a la fuga. Canaza es dirigente del MAS en San Julián.
“Hay aprehendidos, se ha hecho un operativo bastante difícil. Hubo cruce de fuego… (el operativo) se ha hecho con bastantes patrullas, pero se nos han escapado dos personas, se han dado a la fuga, han chocado los vehículos patrulleros”, informó el fiscal Roberto Ruiz.
“Desde luego que no existe un grupo (armado) que haya pretendido ejercer violencia en el
municipio de San Julián”.Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno
Como ocurrió en Las Londras, el gobierno nuevamente minimizó lo ocurrido en San Julián. A pesar del testimonio del fiscal Ruiz y de las evidencias sobre la violencia y presencia de un grupo armado que quiso impedir la detención, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lo negó todo. “Desde luego que no existe un grupo que haya pretendido ejercer violencia en el municipio de San Julián”, afirmó la autoridad.
El último avasallamiento —conocido públicamente— ocurrió el 23 de noviembre pasado en la comunidad Irimo, en Apolo (departamento de La Paz), donde indígenas quemaron 10 chozas y dejaron a 15 familias sin sus viviendas, según las denuncias. Esas familias fueron a alojarse en la iglesia de la comunidad.
“Somos 15 familias avasalladas. Ellos dicen ser indígenas lecos, cuando en Apolo ya no hay lecos. Ellos siempre nos están amedrentando”, denunció el dirigente Cosmer Pala, representante de la Federación de Campesinos de Apolo.
¿Por qué ocurrió el avasallamiento? Ambas partes coinciden en que la razón es la zona, que es aurífera y está situada muy cerca del parque Madidi. El conflicto entre indígenas y lugareños es de larga data.
Un hecho recurrente
El caso del avasallamiento de Las Londras es apenas una muestra de una actividad frecuente en el país desde hace muchos años, lo que en 2013 llevó al entonces presidente Evo Morales a promulgar la Ley 477, con el objetivo de combatir esta actividad ilegal con penas más severas para quienes violen la norma.
El primer artículo de esta ley plantea como “objeto”: “Establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras. Modificar el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra el avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana o rural”.
Sin embargo, los avasallamientos no disminuyeron desde la promulgación de esa norma, el 30 de diciembre de 2013.
“Los avasallamientos han aumentado principalmente en el departamento de Santa Cruz. La mencionada ley se aplicó en algunos casos puntuales de avasallamientos de propiedades privadas, medianas y empresariales. Una razón es que los propietarios están obligados a asumir toda la carga procesal, es decir, pagar los gastos de los operativos del Ministerio Público, la Policía y demás funcionarios judiciales. En la mayoría de los casos la intervención judicial termina con el desalojo, sin que las demandas lleguen hasta el ámbito penal para el encarcelamiento de los avasalladores”, afirma Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.
En el caso de tráfico de tierras, según el experto, la aplicación de la ley es casi nula. En reiteradas ocasiones la Fundación Tierra denunció tráfico y avasallamiento de tierras fiscales.
La Ley 477 fue promulgada por el expresidente Evo Morales el 30 de diciembre de 2013.
“En casi todos los casos, los traficantes actúan en complicidad con funcionarios del gobierno encargados de la administración de la tierra. Cometen delitos que incluyen la falsificación de documentos, tráfico de influencias, otorgación ilegal de licencias y autorizaciones de asentamientos”, agrega Gonzalo Colque a Página Siete.
En el caso Las Londras, la oposición acusó al gobierno de Luis Arce de encubrir el avasallamiento porque los que cometieron el delito son personas que pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS). Precisamente a eso se atribuyó el hecho de que hasta ahora haya sólo un detenido.
La diputada por la Chiquitania de Creemos María René Álvarez afirmó que la presencia de grupos armados en Bolivia “es altamente preocupante. Todo el país tiene conocimiento de los hechos ocurridos en San Julián, Guarayos y en la Chiquitania, y aparentemente el único que no tiene conocimiento de esto es el gobierno”, dijo.
Debido a la lentitud en la investigación y en la aprehensión de los que cometieron los delitos en Las Londras, esta diputada acusó al gobierno de proteger a estos grupos. “Es un contubernio con el gobierno que intenta proteger a estos grupos irregulares. Se les está saliendo de las manos (…) esto nos deja en total indefensión, falta y ausencia total del Estado en estas situaciones de desorden e inseguridad como está pasando en San Julián, Guarayos que están siendo amenazados de convertirse en un Chapare dos”.
Avasallamientos y presos
Existen muchos registros de avasallamientos en el país. En 2015 en Oruro, por ejemplo, la Fiscalía investigaba 66 casos con una veintena de detenidos. Sin embargo, no hay un reporte de cuántos de estos hechos persisten en el país.
Este año, entre septiembre y octubre, se registraron tres hechos graves en torno a la disputa por la tierra, entre los que está el caso de Las Londras, ocurrido el 28 de octubre.
En septiembre, en el predio “El Encanto”, de 4.500 hectáreas, más de un centenar de policías que procedían al desalojo de los avasalladores, por orden judicial, fueron emboscados por personas armadas. El enfrentamiento dejó tres uniformados heridos de bala, según la Fundación Tierra.
Ocho denuncias atendió la Cámara Agropecuaria del Oriente sobre avasallamientos.
Por otra parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente atendió denuncias de avasallamiento a predios que están en proceso de saneamiento y con título. La queja es que no hay avances para atender estas denuncias. Las propiedades que sufrieron avasallamientos son: Lousiana, Santa Elisa, Tucumán, Río Grande, Perseverancia y los Tejones, D. Oliveira, Porvenir y El Encanto.
Otro hecho, según el investigador Gonzalo Colque, se dio en el Núcleo 53 Brecha Casarabe, y dejó como saldo varias personas heridas. Juan Montaño López, quien se declaró propietario de un predio ocupado, y sus acompañantes, fueron atacados con machetes, palos y disparos de armas de fuego. Montaño resultó herido con arma de fuego, por lo que fue trasladado al hospital de San Julián.
Sin sanciones
Así como no existe una cuantificación de los avasallamientos en el país, tampoco hay detenidos por estos delitos en el marco de la ley 477.
En el caso las aprehensiones, la más sonada fue la del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, quien fue detenido por el caso Triunfo II. En abril de este año, la ahora exautoridad fue encontrada in fraganti recibiendo un soborno de 20.000 dólares para beneficiar a “un sector” en la adquisición y saneamiento de tierras en el oriente boliviano.
Mientras en el área rural se da el avasallamiento especialmente de tierras fiscales, en el área urbana los loteadores hacen de las suyas en terrenos privados y municipales.
Una ley para combatir los avasallamientos y tráfico de tierras
Publicaciones de la prensa nacional en 2013 muestran que el avasallamiento de más de 70 tierras agroproductivas en el departamento de Santa Cruz dio origen a la Ley 477, promulgada el 30 de diciembre de ese año por el entonces presidente Evo Morales Ayma.
La puesta en vigencia de esta ley hizo presagiar el inicio de un combate contra este mal que corroyó por años al país.
Sin embargo, el problema no solo no se resolvió, sino que se ahondó según los casos que se repiten una y otra vez en varias regiones del país, especialmente en tierras fiscales.
¿Qué dice la Ley 477? He aquí sus partes más sobresalientes:
Artículo 2: “La presente ley tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones”.
Artículo 3: “Para fines de esta Ley, se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes dominio públicos o tierras fiscales”.
Artículo 7: “Los desalojos dispuestos en sentencia que no sean cumplidos voluntariamente dentro de los plazos establecidos, serán ejecutados por la Policía Boliviana en el plazo de 10 días calendario siguientes, bajo responsabilidad, salvo necesidad de acciones y evaluaciones indispensables y propias en cada caso”.
Disposiciones adicionales. Primera: “El o los responsables y partícipes de avasallamientos y tráfico de tierras, declarados mediante sentencias y/o resoluciones administrativas ejecutoriadas, según corresponda, no podrán participar, ser beneficiarios de procesos de distribución de tierras ni de derechos de uso y aprovechamiento de recursos, por un lapso de 10 años”.
Artículo 9: “I. En los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras cometidos contra bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales, corresponderá al Ministerio Público promover la acción penal”.
Esta ley modificó el Código Penal para incorporar nuevos tipos penales: avasallamiento y tráfico de tierras.
Fuente: paginasiete.bo