Caso ítems fantasmas: Valeria Rodríguez se acoge a programa de protección de testigos de la Fiscalía

Valeria Rodríguez Paz, la principal denunciante de la supuesta existencia de 800 ítems fantasmas en la alcaldía de Santa Cruz, atribuidos a la anterior gestión,  se ha acogido al Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Denunciantes y Miembros del Ministerio Público de Bolivia, según el documento difundido hoy por el programa Detrás de la Verdad.

Ayer se conoció que Antonio Parada Vaca, principal acusado en la investigación y exesposo de Valeria, salió del país de manera irregular. Además, la Fiscalía informó que se convocó a declarar en calidad de testigos a 42 ex secretarios de la gestión de Percy Fernández. También se emitieron seis alertas migratorias contra los denunciados: los tres hermanos Parada Vaca, Javier Cedeño, Julio Herbas y Javier Carrasco.

Rodríguez se estrella contra Parada y descarta extorsión en el caso «ítems fantasmas»



Valeria Rodríguez. Foto de archivo: El Deber.

 

El documento:

En la ciudad de Santa Cruz del Departamento de Santa Cruz, a los 7 días del mes de diciembre del 2021, en virtud de lo previsto en el Artículo 22 de la Ley N° 458, yo Valeria Rodríguez Paz, en calidad de persona protegida declaro voluntariamente que:

1.- Al incorporarme como persona protegida al Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Denunciantes y Miembros del Ministerio Público, he sido beneficiada con las medidas de protección descritas en la Resolución DPVTMMP N° 536/2021.

2.- La solicitud fue voluntaria, de buena fe y las medidas de protección, no deben ser entendidas como pago, compensación o recompensa a la persona protegida, por la actividad protegida.

3.- Comprendo los alcances y el carácter de la protección que se otorga.

4.- En mi condición de persona protegida, adquiero y me comprometo a que, cumpliré las obligaciones, de acuerdo a lo que establece el Artículo 21 de la Ley N° 158: La persona protegida deberá cumplir las obligaciones que serán fijadas por la autoridad que decida las medidas de protección, de acuerdo al Artículo 17 estas obligaciones estarán condicionadas a:

a. La cooperación amplia con las autoridades administrativas, del Ministerio Público y Judiciales competentes, en las diligencias que sean necesarias a los fines del avance de las actuaciones que tengan por objeto esclarecer el delito denunciado.

b. Informar a la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, de forma permanente, respecto al cumplimiento de las medidas de protección dispuestas y toda la

información pertinente que tenga relación con el proceso penal.

C.- El comportamiento adecuado con funcionarios de las distintas instituciones públicas y privadas que coadyuven en el cumplimiento de la medida de protección, además de demostrar toda conducta que

preserve la eficacia de las medidas de protección, asegurando su propia integridad y seguridad.

d.- El deber de confidencialidad en relación con los procedimientos y las condiciones en las cuales funcionan las medidas de protección.

5. En caso de incumplir dichas obligaciones:

a.- Podré ser sancionada, por la misma autoridad que decidió la otorgación de las medidas de protección con el cese de dichas medidas, sin perjuicio

de las acciones de naturaleza civil a que hubiere lugar, con la finalidad de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al Estado.

El otorgamiento y mantenimiento de las medidas de protección, están condicionado al cumplimiento de las obligaciones asumidas dirigidas a garantizar el desarrollo del proceso penal.

Nota. La Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público, por el principio de confidencialidad en la que se basa la Ley N° 458, no entregará la documentación generada y obtenida producto de los procedimientos

correspondientes; si la persona protegida requiere la revisión de la Resolución de Medidas de protección DPVTMMP N° 536/2021, deberá acudir ante la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, y si en su defecto requiere una copia deberá realizar

su solicitud ante el Fiscal General del Estado, para los efectos consiguientes.

Esta Acta tiene calidad de documento público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 148.1.1 del Código de Procedimiento Civil y tendrá los efectos jurídicos que la Ley le reconoce.

En constancia de conformidad con lo establecido, se procede con las firmas correspondientes.

Valeria Rodríguez Paz

Fuente: Detrás de la Verdad / eju.tv