Cívicos bajo acoso: 3 clandestinos, 2 presos, 3 procesados y 14 en la mira

En Tarija, Cochabamba, Oruro, La Paz, Potosí y Santa Cruz temen que las aprehensiones se den a fin de año. Denuncian que en Oruro masistas amenazan a jueces con procesos si no detienen a un activista.

La ciudadanía se movilizó el viernes en La Paz contra las aprehensiones de Pumari y otros. Foto: APG.

Jorge H. Quispe C.  /La Paz

Activistas y cívicos de varias regiones del país  se sienten bajo  acoso del Gobierno. Hasta la fecha, hay dos encarcelados, tres procesados, tres en la clandestinidad y 14 en la mira, según dirigentes de comités cívicos y plataformas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó que tengan listas otras detenciones, sin embargo, hay temor de que las mismas se activen durante las fiestas de año.



El 23 de noviembre fue aprehendido el dirigente cívico de Riberalta, Beni, Katriel Müller por apoyar el paro de nueve días en noviembre en contra de la Ley 1386, que luego  fue abrogada, y el  9 de diciembre fue detenido y enviado al penal de Uncía el exdirigente cívico potosino Marco Pumari, por faltas electorales en 2019. Son los dos presos.

Asimismo, hay 14 que están en la mira: seis  en Cochabamba, según la representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Liseth Beramendi; cinco en Tarija, entre ellos el gobernador Óscar Montes y el presidente del Cómité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, de acuerdo con el vicepresidente de ese ente Giovanni Aramayo; y en La Paz, según el activista de la Plataforma 21F, Guillermo Paz, él y el titular del Conade, Manuel Morales, “están fichados” y en cualquier momento pueden ser aprehendidos “por ser las cabezas visibles de las marchas”.

A ellos se suma el representante del Conade en Oruro, Dennis Vallejos, por quien los campesinos pidieron que sea aprehendido por los hechos de 2019.

En la clandestinidad

Juan Carlos Manuel, de Comcipo, está en la clandestinidad. Foto: Archivo

En Potosí siguen en la clandestinidad el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel; el presidente del Comité de Movilizaciones, Ramiro Subia, y el dirigente Nelson Gutiérrez, según la presidenta cívica Roxana Graz.

A ellos se agregan tres procesados  por la Fiscalía: el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité  Pro Santa Cruz;   el actual titular, Rómulo Calvo, y la dirigente Beramendi,  en Cochabamba. Ella fue convocada el 10 de diciembre para que declare como testigo por el caso que se le sigue al líder de la Resistencia Juvenil Kochala (RFK) Yassir Molina, detenido en Oruro.

Temor en líderes

En Tarija, Cochabamba, Oruro,  La Paz, Potosí y Santa Cruz temen que las aprehensiones se den a fin de año. “Tenemos la susceptibilidad de que este fin de año vayan a accionar las aprehensiones. Nos han informado de que son cinco personas a las que pueden aprehender. Por eso estamos armando un equipo jurídico para defenderlos”, anunció Aramayo, vicepresidente del Comité Cívico de Tarija.  Ávila y  Montes se encuentran en esa nómina, según Aramayo, por apoyar el paro de los nueve días en noviembre. En Tarija fue posesionada el 1 de diciembre como fiscal departamental Sandra Gutiérrez, que fue ministra de Evo Morales en 2014.

Primero como testigo

El 10 de diciembre, Beramendi, del Conade en Cochabamba, compareció como testigo por el caso de la RJK. En la citación se mencionan siete delitos contra la activista.

“Nos citan como testigos y luego inician la investigación contra el testigo. Están usando al Ministerio Público como brazo represor del Gobierno”, protestó Beramendi.

Ante ello, en el Conade de Cochabamba resolvieron “desobediencia civil ante la resoluciones políticas del Órgano Judicial, no vamos a acatar sus resoluciones”. En Cochabamba publicarán, además, las fotos  de  jueces y fiscales que “realizan esta persecución política, para que  la gente los conozca”, dice Beramendi.

En Oruro

Vallejos, representante del Conade en Oruro, denunció que campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron en los últimos días su aprehensión por la quema de la casa del exgobernador Víctor Hugo Vásquez en 2019.

“Los campesinos sacaron una resolución y el artículo 5 dice que la Fiscalía debe realizar mi aprehensión por la quema de la casa de Vásquez, cuando todo el mundo sabe que esos días (10 y 11 de noviembre de 2019) yo estaba en La Paz luchando con compañeros de la UMSA”, refiere.

Vallejos añade que los campesinos advirtieron con iniciar “un proceso a los jueces y fiscales por incumplimiento de deberes si no me aprehenden”, agregó.

¿Qué dice Del Castillo?

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que el viernes estuvo en  Sucre, señaló que si llega una orden de aprehensión desde la Fiscalía, la Policía la ejecutará, pero que por el momento no tienen esa instrucción.

“La Policía  Boliviana recibe una orden de aprehensión y la ejecuta de manera inmediata, pero ahora no está pendiente nada. La Policía no delibera, ni judicialmente ni políticamente, lo único que hace es cumplir lo que dicen las autoridades judiciales del país”, enfatizó.

Al insistirle sobre si detendrán al presidente  cívico potosino  Manuel, respondió tajante: “No estamos buscándolo, no estamos siguiendo sus pasos, no sabemos dónde está o qué hace”, reiteró la autoridad ministerial.

14
activistas además de cívicos de
La Paz,Cochabamba y Oruro
están bajo la mira, denuncian.

 

Tenemos la susceptibilidad de que  a fin de año  accionarán las aprehensiones. Nos han informado que son cinco personas

 Giovanni Aramayo, Tarija.

Fuente: paginasiete.bo