Activistas, abogados y familiares afirman que Pumari fue secuestrado, golpeado y torturado. El hermano de Ramiro Subia fue detenido erróneamente y también fue golpeado por los uniformados
Jorge H. Quispe C. / La Paz
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, en Bolivia, las autoridades judiciales y policiales cometieron al menos seis irregularidades en la aprehensión de Marco Pumari, denunciaron abogados, familiares y activistas que compararon las acciones con las que se perpetraban en dictaduras militares. En tanto, siguen en la clandestinidad los dirigentes Juan Carlos Manuel y Ramiro Subia. Los cívicos son acusados de los hechos de 2019 y el paro multisectorial de noviembre contra la Ley 1386.
“No hubo notificación judicial para que mi defendido se pueda presentar, además cuando fui a la Fiscalía no existía aún el número de proceso”, contó Guido Tórrez, abogado del excívico Marco Pumari, refiriéndose a la primera irregularidad. “Tampoco nos dejaron revisar el cuaderno de investigaciones”, acotó.
La noche del jueves, cuando fiscales y policías fueron hasta las oficinas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en busca del actual presidente Juan Carlos Manuel, los vecinos denunciaron que actuaron con violencia y rompieron las chapas de las puertas. En esa jornada centenares de policías fueron trasladados hasta la Villa Imperial para ejecutar 10 órdenes de aprehensión contra cívicos por la crisis social de 2019 y el último paro.
La dirigente Roxana Grass y la hermana de Manuel, Mirtha Manuel, informaron en un principio que el cívico fue aprehendido, pero la Policía, a través de un comunicado, lo negó. “Desmentimos este hecho categóricamente”, indica el documento.
En relación con la aprehensión de Pumari, la senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC), recordó que en un proceso normal la persona debe ser notificada con anticipación. “Si uno no se presenta, recién se procede a la aprehensión, hay que ver si fueron notificados”, precisó. Según los familiares de Pumari, no fueron notificados. Por ello, Tórrez y Jorge Valda, su otro abogado, aseguran que fue “detenido ilegalmente”.
Golpeado y torturado
La segunda y tercera ilegalidad es que Pumari fue agredido y torturado, según su defensa. “Fue golpeado y torturado, y esto lo vamos a denunciar ante el Comité contra la Tortura”, advirtió Valda.
Freddy Subia, hermano de Ramiro Subia, presidente del Comité de Movilizaciones de Comcipo, fue detenido erróneamente el jueves y confirmó que fue golpeado por los policías.
“Creían que yo era Ramiro y me llevaron a la fuerza a un vehículo que no era de la Policía. Hubo forcejeo y me golpearon en la cabeza, en el cuello y las rodillas. Yo pedía que se identifiquen, pero no lo han hecho”, denunció Freddy para luego añadir: “Se me ha vulnerado mi derecho a la libertad, a hacer una simple llamada (a mis familiares)”.
Un aprehendido no puede ser golpeado, recordó Salame. “No, no, no, de ninguna manera; además, hoy (ayer) se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y no se puede vulnerar esos derechos en un país democrático”, refirió.
La cuarta irregularidad se refiere a la retención que sufrió Pumari, según sus familiares. María Isabel Cusi, esposa de Pumari, denunció ayer que su esposo fue “secuestrado”.
“Mis hijos preguntan y no sé qué responder. Quiero que me digan dónde está mi esposo, qué ha hecho de malo para que lo secuestren de esa manera”, aseveró Cusi. Luego se supo que Pumari estaba en Betanzos.
El abogado Tórrez corroboró la versión. “Lamentablemente podemos hablar de un posible secuestro, porque no nos permiten que nos acerquemos a él y, como dijimos, no le entregaron ninguna notificación”, puntualizó. El secuestro está penado en el artículo 334 del Código Penal con 15 años de cárcel.
La quinta ilegalidad es que no se respetó un debido proceso contra el excívico. “Mi defendido tenía derecho a una debida defensa y eso se ha vulnerado”, denunció Tórrez. El artículo 118 de la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza aquello.
Foto: APG
Libertad de expresión
Y la sexta irregularidad tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, en cuyo marco, Pumari, Manuel y Subia lo ejercieron durante las movilizaciones de 2019 y 2021.
Yolanda Herrera, activista de Derechos Humanos en Tarija, advirtió que la aprehensión del ex dirigente cívico es “una agresión contra la libertad de expresión, porque todas las movilizaciones gozan del derecho a la libertad de manifestación”. El artículo 106 de la CPE garantiza ese derecho.
“Acción dictatorial”
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, calificó la detención de Pumari como una acción similar o peor a las que se cometían en tiempos dictatoriales.
“Es peor que una dictadura. Nunca se fue a buscar a alguien así por la noche y con policías de otras regiones. Es una vergüenza para la democracia, porque actúan peor que cualquier dictadura”, apuntó la activista.
Freddy Subia, hermano de Ramiro, el dirigente cívico, comparó las acciones con las dictaduras. “Creo que si algunas generaciones no hemos vivido la dictadura, ahora la estamos viviendo”, señaló en una entrevista con Federal Noticias.
A través de un comunicado, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) calificó la acción policial como propia de una dictadura militar. “Una noche antes de recordar el Día Internacional de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno dictatorial de Luis Arce desata una represión política a altas horas de la noche, como en los peores tiempos de las dictaduras militares”, dice el texto.
El expresidente Carlos Mesa escribió en Twitter: “En el día de los DDHH, el MAS incurre en violaciones nefastas propias de las dictaduras: con tropas armadas asalta sede de Comcipo, persigue a dirigentes”.
La Fiscalía acusó a Pumari por los delitos de deterioro y destrucción de bienes del Estado, daño calificado, allanamiento, robo agravado y obstrucción a procesos electorales. Se espera que hoy sea su audiencia cautelar. Hasta ayer se desconocía el paradero de Manuel y de Subia.
No hubo notificación judicial para que mi defendido (Pumari) se presente y en la Fiscalía no existía el número de proceso
Guido Tórrez, abogado
10
órdenes de aprehensión
deben ejecutar los policías
y fiscales en Potosí, se informó.
Fuente: paginasiete.bo