El anteproyecto plantea cambios a la Ley del Órgano Judicial; a la Ley del Ejercicio de la Abogacía y al Código Penal. El Senado desmintió la existencia del documento.
Fuente: El Deber
Son 13 cambios a la Ley del Órgano Judicial, dos modificaciones a la Ley del Ejercicio de la Abogacía y un artículo del Código Penal lo que plantea el anteproyecto de Ley denominado, “Acceso y Administración de Justicia Pronta, Oportuna, Gratuita y Transparente con Independencia y Autonomía”, de acuerdo con la denuncia del senador Rodrigo Paz (CC). El Senado apuró un desmentido sobre la existencia del anteproyecto denunciado.
“Claro que no está en el Senado, porque el documento ingresó por la Cámara de Diputados y lo que se hace es una alerta sobre lo que puede realizar el MAS aprobando una ley sin el menor consenso. Lo peor es que con esta ley el Ejecutivo toma el control en la designación de jueces”, dijo Paz Pereira a tiempo de describir el documento.
Se trata de un anteproyecto de ley de apenas dos artículos que modifica 13 artículos de la Ley del Órgano Judicial, que es una de las leyes de desarrollo de la Constitución Política del Estado (CPE). Modifica los artículos 112, 121, 149, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 227 y 230 de esta ley.
El cambio más polémico sería el 221, pues señala que el director de La Escuela de Jueces del Estado será designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por mayoría absoluta de votos de los presentes de la terna propuesta por el Presidente del Estado.
Esa es la injerencia directa del Ejecutivo que denunció el senador de Comunidad Ciudadana. La actual norma establece que esta designación está en manos del Órgano Judicial sin ninguna intervención de otros poderes del Estado.
“La Directora o el Director de la Escuela de Jueces del Estado, será designada o designado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura y es la Máxima Autoridad Ejecutiva de dicha entidad”, señala el actual artículo 221 de la Ley del Órgano Judicial.
La segunda parte de la denuncia que realizó el senador tarijeño se refiere a la dirección administrativa de este Órgano del Estado, como en el artículo anterior, la designación estaría a cargo de la Asamblea Plurinacional luego de examinar una terna enviada desde el Ejecutivo.
La Ley vigente establece que esta entidad tendrá un directorio y su presidencia estará a cargo de la presidencia del Órgano Judicial. Esta oficina está a cargo del manejo de todos los recursos económicos de este Poder del Estado.
EL DEBER constató que el documento oficial PL-212-20 lleva sello y firmas de la Vicepresidencia del Estado y de la Cámara de Diputados y que ingresó a la Vicepresidencia del Estado el 11 de junio de este año; cuatro días más tarde fue enviado a la Cámara de Diputados y ese documento lleva la firma de Rubén Saavedra Soto, que en este momento ejerce el cargo de Secretario General de la Vicepresidencia.
La ventanilla única recibió el documento a las 12:52 del 15 de junio y cuatro horas más tarde lo derivó a la secretaría general. El documento no fue derivado a las comisiones, que en este caso debía ser tratado por la comisión de Justicia Plural, o la de Constitución.
Según el comunicado de la Cámara de Senadores, este documento es “información malintencionada sobre este proyecto de ley que no está dentro la actual agenda legislativa y que busca nuevamente generar malestar dentro la población”.
Otros cambios
El anteproyecto también plantea cambios a la Ley de la Abogacía en sus artículos 36 y 47 que se refieren a las denuncias que existen contra los abogados y la forma de sustanciar los mismos. El artículo 36 establece que en el nivel departamental los tribunales que atiendan estos casos estarán conformados por personal del Ministerio de Justicia y de los colegios de abogados departamentales en igual número. La actual ley no contempla a los funcionarios del Ministerio de Justicia.
El artículo 47 establece que será el Ministerio de Justicia el que tramite las denuncias contra cualquier abogado y será encargado de derivar a los colegios de abogados si el caso amerita. La actual legislatura señala que las denuncias pueden ser presentadas ante el Ministerio de Justicia o ante los colegios de abogados, indistintamente.