Cuando era titular de la cartera de Finanzas, Luis Arce sostuvo que el requisito del RUPE es “obligatorio, sin causales de excepción” para toda contratación.
Juan Pérez Munguía / La Paz
El Ministerio de Economía adjudicó a dos servicios de asesoría contratos sin el requisito del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), por un monto de 951.210 bolivianos. El decreto 1497 y su reglamento establecen que este requerimiento debe ser solicitado para contrataciones que superen los 20.000 bolivianos.
Según el registro del Sistema de contrataciones Estatales (Sicoes), el primer contrato fue firmado el pasado 15 de septiembre, por 903.367 bolivianos, con la empresa extranjera de Fernando Mario Puntigliano Etchart. La firma debe brindar asistencia técnica en “la negociación bilateral con Chile para la reducción de costos logísticos portuarios del comercio exterior boliviano”.
El segundo contrato por 47.843 bolivianos fue suscrito el 12 de julio con la firma internacional de Álvaro Cavour Romano Regueira. Su trabajo es hacer el análisis de la propuesta de la decisión 578 del 2004 de la Comunidad Andina.
El primer caso es por tipo de contratación de servicios generales y el segundo es una consultoría. La documentación detalla que ninguno de los adjudicatarios presentó el Registro Único de Proveedores del Estado. Ambos fueron firmados por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
La disposición transitoria tercera del decreto 1497 establece que las entidades “quedan autorizadas a contratar proveedores que no se encuentren registrados en el RUPE, en tanto no se cuente con la implementación del RUPE”. La norma entró en vigencia el 20 de febrero de 2013.
El artículo 3 de su reglamento señala: “El RUPE es el registro único y oficial de proveedores del Estado válido para participar en las contrataciones públicas mayores a 20.000 bolivianos, independientemente del origen de los recursos, siendo de aplicación obligatoria”.
El aparato 9 indica: “El certificado del RUPE es el documento generado automáticamente por el sistema para un proceso de contratación específico, que deberá ser presentado de manera obligatoria para la formalización de la contratación”.
En 2019, en respuesta a una petición de informe, Luis Arce -quien era entonces ministro- dijo que el Registro Único de Proveedores es requisito “obligatorio” y que no existen causales de “excepción”.
“La presentación del RUPE (…) debe ser solicitada tanto para proveedores nacionales como para internacionales (…). No existen causales de excepción para la presentación del certificado RUPE, toda vez que la presentación del mismo para la formalización de la contratación es de carácter obligatorio”, aseveró Arce en documento oficial.
La anterior semana, Página Siete dio a conocer que durante el gobierno de Evo Morales se adjudicaron 10 obras millonarias sin RUPE. El monto de las mismas ascendía a más de 1.400 millones de bolivianos. En su mayoría fueron adjudicadas entre 2015 y 2016.
Consultado sobre esos contratos en la anterior administración del MAS, el Ministerio de Economía en una nota de prensa especificó que el RUPE es solo para centralizar la información y agilizar la contratación.
“Esta cartera de Estado aclara que el RUPE tiene por objeto centralizar la información sobre los proveedores que participan en las contrataciones del Estado, también simplificar, agilizar y generar ahorro administrativo en los procesos de contratación. Asimismo, señala que para contrataciones mayores a 20.000 bolivianos se solicitará el certificado del RUPE al proveedor, que reemplazará la documentación validada por el sistema, para la formalización del contrato”.
