La primera movilización obligó al Ejecutivo a retirar de la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley 218. La segunda medida de presión logró que el Gobierno abrogue la Ley 1386.
Pablo Peralta / Página Siete
El calendario marcaba el 30 de junio. El presidente Luis Arce dio su primer mensaje televisado al país en esa fecha. Se trató del anuncio de un paso clave en la lucha contra la pandemia.
Fueron 16 minutos, en los que informó, entre otros detalles, sobre la compra de millones de vacunas y anunció, además, la ampliación del rango de edad de inmunización a todas las personas mayores de 18 años. En términos futbolísticos, marcó un gol y dejó en offside a sus críticos.
No obstante, quién hubiera imaginado que ese mismo día Arce pondría el germen que meses después lo terminaría llevando a sufrir dos derrotas, en menos de 35 días. Y es que el 30 de junio también envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que a efectos de tratamiento legislativo se lo conoció desde entonces como el proyecto de Ley 218.
Enviamos a la Asamblea un anteproyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Trabajamos en una estrategia que permita acciones concretas para combatir esos delitos.
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 2, 2021
Fue precisamente ese proyecto de ley el que Arce, luego de un paro y ultimátums de sectores movilizados, terminó retirando. “Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto de ley”, declaró el 14 de octubre la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
¿Pero cómo llegó el Ejecutivo hasta ese momento? El proyecto de Ley 218 había sido proyectado a fines de junio, pero no fue hasta el mes agosto cuando se empezó a oír en la palestra mediática el tenor de esa propuesta de norma.
El 19 de ese mes, Francisco Figueroa, dirigente histórico de los gremiales, lanzó una advertencia, que a juzgar por lo que pasó después, se cumplió a rajatabla. El dirigente indicó que su sector no estaba dormido y que saldría a pelear en contra del proyecto.
La comisión de la Cámara de Diputados lo aprobó a fines de agosto, y lo envió al pleno, que lo aprobó el 17 de septiembre para remitirlo al Senado.
Fue en esa etapa en que se llevó adelante el paro, el 11 de octubre, medida asumida por los gremiales, cívicos, activistas, políticos de oposición y otros sectores. La movilización fue fuerte en el eje, sobre todo en Santa Cruz. Los reportes dieron cuenta de que en esa región la medida fue más contundente que en el resto del país.
Pero a la par también se registró que autoridades y grupos de choque de afines al MAS se dirigieron a los puntos a desbloquear. Al terminar la jornada, los gremiales le dieron un ultimátum al Gobierno para que anule el proyecto 218.
A los cuestionamientos se sumaron los cooperativistas, los choferes de El Alto, que también le dieron plazo al Ejecutivo, y hasta los dueños de cholets expresaron su preocupación.
“No entendemos qué está pasando con este Gobierno, ¿por qué está aprobando leyes que van en contra el interés de los movimientos sociales que lo llevaron al poder?”, indicó entonces Braulio Arguedas, ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Bolivia.
El 14 de octubre, un día antes de cumplirse el ultimátum, el Ejecutivo anunció el retiro del proyecto.
El paro indefinido
Los gremiales, en un ampliado en Cochabamba realizado el 15 de octubre, pusieron en la mira a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, promulgada el 16 de agosto, bajo el argumento de que esa norma era la “ley madre” del proyecto 218.
No solo eso, ese ampliado autorizó a Figueroa buscar alianzas en todo el país, con otros sectores que también se sentían afectados.
Es así que ese sector decidió ir a un paro indefinido desde el 8 de noviembre, medida a la que se sumó el Comité Pro Santa Cruz. Conforme fue pasando el tiempo, más sectores se sumaron a la presión, como el transporte pesado, choferes sindicalizados, médicos y magisterio, entre otros.
El primer día del paro estuvo marcado por grupos de choque afines al MAS y efectivos de la Policía que procedieron a desbloquear. La jornada terminó con más de 100 arrestados.
El segundo día se registró la muerte de un joven de casi 22 años, Basilio Titi Tipolo, quien estaba en el bando contrario a los que se movilizaron en la protesta.
La Misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la NNUU para los Derechos Humanos expresó su “preocupación por la creciente violencia generada en el marco de la protesta social”, y señaló que las autoridades debían procurar el diálogo entre todos los actores, y restringir el uso de la fuerza a lo “estrictamente necesario”.
1. La Misión expresa su preocupación por la creciente violencia generada en el marco de la protesta social y hace un llamado a la calma y al respeto de los derechos a la libre circulación, reunión pacífica y asociación.
— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) November 10, 2021
2. Las autoridades deben procurar el diálogo entre todos los actores y restringir el uso de la fuerza a lo estrictamente necesario, protegiendo la labor de periodistas y medios de comunicación.
— OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) November 10, 2021
Si bien el Gobierno endureció su discurso, convocó a un diálogo con los gremiales para el 13 de noviembre. No obstante, el sector decidió no asistir hasta que se abrogue al Ley 1386.
El 13 de noviembre, el Ejecutivo se reunió con sectores que no se movilizaron contra la norma y por la noche el presidente Arce anunció la abrogación.
“Escuchando las demandas del pueblo boliviano, escuchando las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de primero allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”, declaró Arce.
El análisis
Pedro Portugal, analista e historiador, explica que los gremiales lograron tener una fuerza económica y una inserción en la sociedad boliviana “por su propio esfuerzo”, dado que no hay una planificación nacional ni estatal ni municipal sobre ese sector.
“Son personas que tienen un origen popular indígena mayormente y que han logrado establecer circuitos económicos al margen de la estructura de la sociedad boliviana”, sostiene Portugal.
El experto indica que el MAS lograba cierta adhesión, porque se ponía como defensor de “ese pueblo”, y pensó que “ese pueblo marginado iba a ir detrás de unas banderas de un socialismo comunitario”; cuando, en realidad, ese sector de forma lenta pero con trabajo se insertó “en los verdaderos resortes que mueven los mecanismos de toda sociedad, que son los mecanismos económicos”.
“Lo que causó pavor en estos sectores fue esa ley que se interpretó como una coacción del Estado hacia la iniciativa privada y como una investigación de los recursos que estos grupos habían acumulado (…). Han visto al MAS como una amenaza y una contradicción a sus propios intereses”, manifestó.
Gregorio Lanza, especialista en gestión de conflictos y analista político, indica que el Gobierno fue derrotado por dos cuestiones: 1) porque entró en una lógica “totalmente autoritaria”, en la que buscó, siguiendo el ejemplo del expresidente Evo Morales, derrotar “a los otros”, y 2) por la falta de experticia e ineficiencia de su gabinete, por redactar mal esas leyes.
El analista considera que el Gobierno no supo leer a sectores que supuestamente representaba, porque al igual que en el tiempo de Evo Morales, el Ejecutivo abandonó la política de consulta.
“En realidad, hace muchísimos años, ya con el propio Evo Morales, se dejó a un lado esto de mandar obedeciendo al pueblo. Arce Catacora había prometido con David Choquehuanca que de nuevo iban a escuchar, que iban a dialogar, que iban a buscar la reconciliación nacional, pero entraron en una dinámica de enfrentamiento, una dinámica autoritaria y por eso se han enfrentado a estos propios sectores populares que en su momento una buena parte de ellos ha votado por Arce Catacora”, concluyó.
El wiphalazo y la caravana de Caracollo, la reacción del MAS
Después del primer paro de actividades, el Movimiento Al Socialismo (MAS) organizó el denominado wiphalazo. En tanto, durante las movilizaciones contra la Ley 1386, la cúpula de ese partido convocó a una marcha desde Caracollo (Oruro).
Un día después del paro contra el proyecto de Ley 218, el presidente Luis Arce estuvo en tres concentraciones del partido azul: en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz.
El primer discurso de ese día, Arce lo pronunció en la ciudad de Cochabamba, donde apuntó contra los comités cívicos y “la derecha golpista”. La autoridad expresó que “la respuesta del pueblo boliviano” al paro del día anterior fue trabajar.
Luego, el primer mandatario estuvo en la ciudad de La Paz, en la plaza San Francisco, donde aseguró: “Desde esta plaza histórica (…) hoy también les decimos a los golpistas que el golpe no pasará, hermanos”.
Después, el jefe de Estado viajó a la ciudad de Santa Cruz, donde dijo que aquellos, a los que llama “golpistas”, nunca fueron demócratas.
El 12 de noviembre, en medio del paro multisectorial contra la Ley 1386, el expresidente Evo Morales convocó a una marcha desde Caracollo (Oruro) para defender al gobierno de Arce. La caminata empezó el 23 de noviembre.
La columna llegó a la ciudad de La Paz el 29 de noviembre, donde hubo una concentración masiva. En el acto se registraron duros discursos de dirigentes del MAS. Pidieron cárcel para el gobernador de Santa Cruz Fernando Camacho y para el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Además, amenazaron con marchar hacia esa ciudad y “nacionalizar” empresas de esa región.
“Nosotros no hemos venido a generar violencia, pero si nos provocan, aquí estamos. Cuidado, no nos provoquen, porque esta marcha se puede trasladar a Santa Cruz y vamos a ir a tomar las fábricas, las industrias”, aseguró entonces Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.
Arce y los paros
Entre octubre y noviembre, el presidente Luis Arce afrontó dos paros, uno de un día y el otro indefinido. El primero contra un proyecto, el segundo contra una ley.
30/06 El presidente Arce presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo.
19/08 Francisco Figueroa, ejecutivo de los gremiales a nivel nacional, expresó la postura de su sector: rechazo al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (proyecto de Ley 218). El dirigente advirtió que su sector “no está dormido” y que “saldrá a pelear”. “Ojalá que (el presidente) lo anule, porque si no va a tener problemas”, advirtió.
11/10 El primer paro contra el proyecto 218 se realizó el 11 de octubre. Se sintió con fuerza en el eje, sobre todo en Santa Cruz. Hubo grupos de choque de afines al MAS.
8/11 Ese día comenzó el paro multisectorial indefinido contra la Ley 1386. La medida estuvo capitaneada por los gremiales y uno de sus bastiones fue Santa Cruz.
13/11 El presidente Luis Arce anunció esa jornada la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. El mandatario hizo el anuncio en el día seis del paro indefinido. Sostuvo que se optó por ello luego de escuchar “las demandas sectoriales”.
El Gobierno se equivocó en cuanto a su enfoque: primero, en que tenía un apoyo popular y segundo, en caracterizar este tipo de apoyo
Pedro Portugal, analista
El Gobierno entró en una lógica autoritaria, buscando en esta lógica de Evo Morales, presionar y polarizar
Gregorio Lanza, analista
El MAS pensó que ese pueblo marginado iba a ir detrás de unas banderas de un socialismo comunitario
Pedro Portugal, analista
Fuente: paginasiete.bo