Federalizar los poderes electoral y judicial

Emilio Martínez Cardona

El debate sobre una mayor distribución geográfica del poder político-administrativo es siempre recomendable, pero se ha argumentado, en relación a las recientes propuestas sobre federalismo, que esa discusión podría distraer de otras, como la necesidad de transparentar el sistema electoral o de reformar la justicia.



Sin embargo, estos temas bien podrían amalgamarse si comenzamos la propuesta de federalización precisamente por los poderes electoral y judicial. Me explico: actualmente, la selección de los vocales de los Tribunales Departamentales Electorales (TDE) se hace a partir de ternas que cada Asamblea Legislativa Departamental (ALD) eleva a la Cámara de Diputados, donde finalmente se escoge a los magistrados. Además, el presidente del Estado designa a un vocal para cada TDE. En conclusión, la llave para la designación de los vocales sigue siendo centralista.

Una reforma constitucional parcial y muy puntual (artículo 206, inciso V de la CPE) podría eliminar el requisito de la selección final por la Cámara Baja, de manera que la integración de los Tribunales Departamentales Electorales sea decidida por completo en las ALD, obviamente por 2/3 como se establece en la actualidad para las ternas, fortaleciendo mecanismos meritocráticos y de observación de la sociedad civil. Junto con esto, el vocal delegado del presidente sería sustituido por uno designado por cada gobernador.

Entre las primeras tareas de estos nuevos TDE federalizados tendría que estar, evidentemente, la depuración de cada padrón departamental.

Un procedimiento similar podría implementarse para la composición de los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ), con magistrados designados por mayoría calificada y concurso de méritos desde las ALD, sin filtro parlamentario nacional. Lo mismo para la selección de cada Fiscal Departamental.

De esta manera, se comenzaría a caminar hacia uno de los elementos que caracterizan a los países federales, como es la existencia de una justicia propia en cada estado o, en este caso, departamento.

Más allá de las objeciones “unitarias” que puedan surgir frente a esta idea, lo cierto es que se fortalecería el principio del juez natural, y aunque varios de los males endémicos de la justicia persistan, será mucho más difícil que ésta quede subordinada a un poder político con pretensiones totalitarias o hegemónicas.

El instrumento para una reforma constitucional parcial podría ser un referéndum vinculante por departamentos, es decir, que en aquellas regiones donde gane el SÍ se aplicaría la nueva selección descentralizada de magistrados, mientras que en las otras se mantendría el actual esquema bajo tuición de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).