El Comité de Médicos del país africano indicó que las personas murieron por el uso de munición
Cientos de manifestantes exigieron un gobierno civil en Sudán del Sur (Foto: REUTERS)
Al menos cuatro personas murieron este jueves en el marco de las manifestaciones para pedir un gobierno civil y contra el golpe de Estado en Sudán, que se desarrollan en la capital, Jartum, desde hace semanas.
Así lo ha confirmado el Comité de Médicos de Sudán a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha detallado que todas las víctimas han fallecido por el uso de munición.
Con esta cifra, el número de muertos en las protestas contra el golpe y el acuerdo alcanzado entre el primer ministro sudanés, Abdala Hamdok, y la junta militar para ser restituido ha ascendido a 52, según cifras proporcionadas por el Comité de Médicos.
Las fuerzas de seguridad de Sudán han hecho uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, hiriendo a docenas de ellos, según indicó la agencia de noticias Bloomberg.
Las protestas se han sucedido en el país desde el golpe de Estado, liderado por el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfata al Burhan. La asonada disolvió el Gobierno de Abdala Hamdok, nombrado a raíz del derrocamiento de Al Bashir en abril de 2019 tras semanas de protestas contra él.
Sin embargo, las presiones internacionales derivaron en un acuerdo para que Hamdok volviera al cargo, si bien parte del Ejecutivo y los principales socios civiles en la coalición han rechazado este pacto y han acusado al primer ministro de mantener negociaciones con los golpistas a pesar de la represión de las protestas contra la asonada, que dejaron decenas de muertos en el país africano.
Las fuerzas de seguridad de Sudán han reprimido a los manifestantes provocando decenas de heridos (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)
Sudán fue escenario a mediados de septiembre de un intento de golpe a cargo de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con Al Bashir, lo que se vio seguido de un aumento de las tensiones entre los elementos civiles y militares de las autoridades de transición que desembocó en el golpe de Al Burhan.
Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno había iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.
La Unión Africana quiere resolver la crisis en Somalía
La gente celebra después de llegar al palacio presidencial, protestando contra el gobierno militar tras el golpe de estado del mes pasado en Jartum (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)
Por su parte, este jueves el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, pidió un “diálogo” entre el primer ministro y el presidente de Somalia para encontrar “una solución política” a sus problemas, después de una escalada de tensiones.
Según un comunicado de la UA, Mahamat está siguiendo “con profunda preocupación” la “grave tensión política en Somalia”, recrudecida el pasado día 27, cuando el presidente somalí, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo, ordenó la suspensión de los poderes del primer ministro Mohamed Hussein Roble.
Después del movimiento del presidente -quien señaló al primer ministro como el presunto responsable de un caso de corrupción-, Roble y varios opositores acusaron a Farmaajo de haber intentado dar un golpe de estado.
El anuncio de Farmaajo provocó un fuerte despliegue militar en Mogadiscio, la capital, y efectivos de las Fuerzas Armadas trataron de impedir al primer ministro acceder a sus oficinas, situadas en el recinto de la residencia presidencial, conocida como Villa Somalia.
Por su parte, a través de Twitter, la oficina de Roble calificó la decisión del presidente somalí como “un intento fallido para apoderarse militarmente de la Oficina del primer ministro” y “una violación de la Constitución y otras leyes”.
Las elecciones presidenciales de este país del cuerno de África, aplazadas ya varias veces, se programaron nuevamente para el pasado 10 de octubre, pero tampoco se pudieron celebrar por desacuerdos políticos.
La cámara baja del Parlamento aprobó el pasado 12 de febrero extender por dos años el mandato del presidente Farmaajo -que había expirado cuatro días antes-, pero el Senado declaró anticonstitucional ese movimiento por carecer del consenso de ambas cámaras.
Esta situación desencadenó una gran crisis política, y el pasado 25 de abril los enfrentamientos entre facciones opuestas del Ejército -a favor y en contra de la extensión del mandato- dejaron al menos 13 muertos y 22 heridos en Mogadiscio, según confirmaron a EFE fuentes médicas.
Militares somalíes que apoyan al primer ministro Mohamed Hussein Roble montan en sus camionetas mientras se reúnen en la aldea de Siigale en el distrito de Hodan de Mogadiscio (REUTERS/Feisal Omar)
A finales de abril, Farmaajo renunció a prorrogar su mandato y ordenó a Roble dirigir la preparación y desarrollo de los comicios.
Ya el pasado septiembre, una nueva escalada de tensión entre ambos ocasionó que Farmaajo suspendiera los poderes de Roble para nombrar y destituir funcionarios públicos, una medida que el primer ministro rechazó, acusando a Farmaajo de “malinterpretar” artículos de la Constitución.
El aplazamiento sistemático de las elecciones supone una distracción respecto a problemas notables para el país, como la lucha contra el grupo yihadista Al Shabab, que controla áreas rurales del centro y sur y quiere instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador) en Somalia.
Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de señores de la guerra y milicias islamistas, como Al Shabab.
Fuente: infobae.com