El Ministerio de Gobierno hace seguimiento a las observaciones que tras auditorías se hizo a al menos una treintena de procesos administrativos en la gestión de Arturo Murillo, quien fue titular de esta cartera de Estado en el mandato de Jeanine Áñez.

El ministro Eduardo Del Castillo presentó en varias oportunidades denuncias contra el hombre fuerte de Áñez, que han sido recopiladas en esta nota. El listado de observaciones va desde contrataciones irregulares de personal en entidades públicas hasta la compra de servicios de tornería para motorizados (revisar infografía).

Por estos hechos, Del Castillo anunció en mayo pasado, que las tres decenas de casos sumaban Bs 156.699.625 en afectación al Estado, por lo que se determinó seguir procesos administrativos y penales a los responsables.

“Por tanto, estamos iniciando 49 procesos administrativos, donde existen 52 personas involucradas contratadas por el señor Arturo Murillo, con esto hemos desbaratado la red de corrupción que existía al interior del Ministerio de Gobierno. También estamos iniciando cuatro procesos penales contra siete personas por la suma de más de 73.205.214 bolivianos”, dijo en aquella oportunidad.

Sobreprecio

Una de las primeras irregularidades halladas por la nueva titularidad de Gobierno, fue la compra de gases lacrimógenos a la empresa brasilera Cóndor. La misma se hizo a través de una empresa intermediaria, la Bravo Tactical Solutions (BTS).

El equipo y munición antimotín fueron comprados a través del Ministerio de Defensa, con un sobreprecio de $us 2,3 millones. El Ministerio de Gobierno participó en el proceso de adquisición.

“Los primeros informes de auditoría han revelado que existió un direccionamiento y un sobreprecio. Personal del Ministerio de Gobierno pidió a la empresa Cóndor de Brasil que se realice la compra de gases lacrimógenos a través de un intermediario, esta carta fue suscrita por el Ministerio de Gobierno y pedía a la empresa Cóndor que utilice a la empresa Bravo Tactical Solutions para la compra de gases lacrimógenos en el vecino país”, informó Del Castillo en una conferencia de prensa en enero de este año.

Por este caso, Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de presunto lavado de dinero y pago de sobornos, delitos asociados al negociado con el material antimotín.

Asimismo, una auditoría a las gestiones ministeriales, dio cuenta que se direccionó la adquisición de una empresa que no cumplía con los requisitos exigidos por el Estado, para la adquisición de uniformes militares para la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros. Similar situación se expuso en la adquisición de chamarras y botas de combate para la Unidad de Policía Ecológica (UPE).

Entre los procesos irregulares en que el Estado erogó más gastos, se encuentra la contratación del servicio de alimentación para la Fuerza de Tarea Conjunta “Chapare”, un proceso recurrente en la gestión 2020, que significó un gasto de casi Bs 26.000.000.

La labor auditora identificó, en este caso, según el documento, que hubo “incumplimiento al cronograma de plazos, se debió notificar la adjudicación a la empresa hasta el 31 de enero de 2020 y se la realizó el 5 de febrero de 2020”.

Gran parte de los procesos observados, según una lista a la que accedió La Razón, tiene plazos vencidos o trámites incompletos o a destiempo, de acuerdo con la normativa que rige a las contrataciones que emprende el Estado.

No culpable

Por las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos, el exministro se declaró en su última audiencia “no culpable”, pese a que sus socios en el negociado, Bryan Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld, de la BTS, y su exjefe de gabinete Sergio Méndez se declararon culpables de los cargos que contra ellos pesan en ese país.

De comprobarse su responsabilidad, podría enfrentar más años de cárcel, según informó el 8 de diciembre, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

En agosto, Murillo llegó a un acuerdo con la Justicia de Estados Unidos para defenderse en libertad pagando previamente una fianza de $us 250.000, pero el trato no se llegó a consolidar y continúa en detención; mientras, los demás beneficiados de la compra han pagado fianzas y esperan la lectura de sus sentencias.