Jurista no ve prudente que antes de la cumbre se hagan reformas judiciales para dar más poder al Ejecutivo

Ramiro Orias observó la presentación del proyecto de ley 212 que quita al TSJ y al Consejo de la Magistratura la designación del director de la Escuela de Jueces y director de la DAF.

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El abogado y miembro de la Fundación para el Debido Proceso, Ramiro Orias, considera que no es “muy prudente”, ni “muy sensato”, que el Gobierno impulse reformas judiciales antes de la anunciada cumbre de justicia, mucho menos para darle más poder al Órgano Ejecutivo en la designación de funcionarios judiciales.



El jurista se refirió al proyecto de ley 212 planteado por el Órgano Ejecutivo, mediante el cual se faculta al presidente del Estado, Luis Arce, proponer ternas para que la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, designe por mayoría absoluta a los directores de la Escuela de Jueces del Estado y de la Dirección de Administración Financiera del Órgano Judicial.

El 8 de junio, el proyecto de ley que “garantiza el acceso y administración de justicia pronta, oportuna, gratuita, y transparente con independencia y autonomía” fue enviado por el presidente Arce a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“O el reciente proyecto de ley que le da atribuciones al Ejecutivo para proponer funcionarios judiciales, lo cual tampoco es muy respetuoso de la separación de poderes en atribuciones tan específicas como lo es nombrar su personal”, declaró Orias a la ANF.

Sostiene que parece “no ser muy prudente” que en puertas de un diálogo se presente un proyecto de ley con “reformas tan importantes”, sino que se debería esperar las conclusiones de la anunciada cumbre de justicia para que luego se instrumentalicen las reformas.

Manifestó que probablemente se estaría buscando superar algunas “falencias” que tiene el diseño actual, no obstante, dijo que “no se trata de darle más poder al Ejecutivo, sino de resolver estructuralmente los problemas” los que deberían enfrentarse a través de una reforma constitucional, tema que ha quedado postergado en la agenda.

“No parece ser muy sensato en relación al principio de independencia de la Judicatura, un principio básico de la independencia judicial es que el propio Órgano Judicial se pueda gobernar en su administración”, explicó el jurista.

Tampoco le parece muy sabio darle poder al Ejecutivo en las designaciones, porque mientras menos dependencia tenga el Órgano Judicial del Ejecutivo es mucho mejor, incluso en términos de cumplimiento de las recomendaciones de los estándares internacionales en materia de independencia de la Judicatura.

Para ejemplificar, Orías dijo que es como plantear un proyecto de ley para que el Órgano Judicial nombre al director de la Escuela de Gestión Pública, es decir, hacer el nombramiento de personal de otro poder del Estado.

Con el proyecto de ley 212, se busca quitar al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura la atribución de nombrar al director de la Escuela de Jueces del Estado y de la Dirección Administrativa y Financiera y otorgarle esa facultad al presidente del Estado y a la Asamblea.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la realización de una cumbre de justicia en el mes de marzo de 2022 con el objetivo de transformar la justicia y lograr que la reforma judicial sea integral y beneficie a todos los bolivianos.

Fuente: ANF