Las nuevas élites de la oligarquía no han dejado el añejo y anacrónico corsee del fundamentalismo de mercado. El problema del mercado es su miopía hacia las esferas de la apropiación y la propiedad. Un mercado perfecto trabaja el equilibrio general sobre las dotaciones de los agentes; es decir, no se preocupa ni cuestiona el sistema de propiedad existente. Y ese, precisamente, es el punto neurálgico de la cuestión agraria: un sistema de propiedad latifundista injusto y carente de legitimidad.
Fieles herederos de este neoliberalismo rancio, las nuevas élites de la agroindustria del oriente boliviano no solo son ajenos a los problemas del sistema de propiedad agrario en Bolivia, sino que, por su ceguera ideológica, no alcanzan a entender la cuestión agraria. En efecto, en los “Conversatorios por la democracia: Tierra y territorio” llevados adelante por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, dos jóvenes representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) redujeron la problemática agraria a las viejas recetas de seguridad jurídica e inversión para el incremento de la productividad. Como corolario, denunciaron el avasallamiento de tierras en defensa de los latifundios del oriente boliviano. Además, mediados por el colonialismo imperante de las élites oligárquicas, procedieron a la criminalización de los movimientos indígenas de campesinos sin tierra y colonizadores, entre otros.
En realidad, la cuestión agraria arrastra la injusticia milenaria de la apropiación de la tierra desde la colonización. Posterior a la independencia, en el periodo republicano esta injusticia se agudizó con el despojo de las tierras comunitarias. Por ejemplo, un hito importante se encuentra en 1868, año en que las tierras comunitarias se declaran propiedad del Estado y se desconoce el derecho propietario de las comunidades indígenas. En consecuencia, se desatan un cúmulo de luchas indígenas y campesinas que se condensan como una dimensión sustantiva de la Revolución Nacional de 1952 que buscó corregir esta injusticia añeja mediante la reforma agraria de 1953. La paradoja de la reforma agraria fue que generó minifundio en el occidente -no pudiendo restituir la propiedad comunitaria-, y devino en latifundio en el oriente boliviano.
Es decir, el proceso de la reforma agraria generó desigualdad en la tenencia y acceso a la tierra. El desarrollo agropecuario subsecuente en el oriente se asienta en dicha injusticia social. Por esto, la acumulación histórica del movimiento indígena campesino prosiguió con su lucha por la tierra y el territorio. De hecho, el movimiento indígena campesino sin tierra y colonizadores, entre otros, fueron cruciales en la lucha contra el neoliberalismo en las jornadas de octubre 2003. Resultados de este proceso revolucionario, la reconducción comunitaria de la reforma agraria de 2006 buscó enfrentar el problema de la inequidad en la tenencia y acceso a la tierra.
Esta dimensión de la apropiación y propiedad de la tierra, por no tocar los asuntos del territorio, no se entienden sino a partir de la lectura de la lucha de clases. No se trata de leer a Marx como lo hacía Gonzalo Chávez en su juventud a modo de séquito, se trata de utilizar el método y las categorías de la crítica de la economía política para la comprensión de las dimensiones por fuera de la esfera del mercado. Evidentemente, con una lectura crítica de la cuestión agraria en Bolivia, no hay duda que el sistema de propiedad agrario del oriente es desigual y le es inherente la injusticia social.
Esta condición no es novedad para el mundo, la desigualdad en la tenencia de la tierra, del capital, y de la riqueza es inherente al sistema mundo capitalista. Pero, la desigualdad no es una condición inerte, es una injusticia que pone en juicio la validez del sistema capitalista y de su sistema privativo de gran propiedad privada; grandes fortunas. De esta forma, por necesidad de reproducción social más que por altruismo, los mega millonarios del mundo han pedido a sus gobiernos el incremento de los impuestos a las mega fortunas. La mismísima entidad encargada de velar los intereses del gran capital financiero, el Fondo Monetario Internacional, ha reconocido la necesidad de llevar adelante medidas progresivas o redistributivas para atenuar el conflicto social que escala a nivel mundial. Es decir, la burguesía del mercado mundial ha reconocido su deuda con la sociedad, y también la necesidad de generar mecanismos de justicia social.
Asimismo, los grandes economistas cada vez menos embrujados por el credo de mercado, abogan por políticas monetarias y fiscales expansivas para la atención de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la progresividad fiscal, el incremento de la inversión pública, el pleno empleo, y el crecimiento económico. Por ejemplo, Stiglitz y Rodrik han reconocido los límites de los modelos económicos de la nueva macroeconomía clásica y neokeynesiana para los problemas ocasionados por la financiarización de las economías centrales, y la creciente precariedad de los trabajadores y naciones periféricas. El más osado es quizá el economista francés Piketty que, habiendo estudiado los determinantes históricos de la desigualdad, propone un nuevo socialismo que trastoque los sistemas de propiedad para una sociedad con justicia social.
En realidad, lo sorpresivo es que las nuevas élites -no las anteriores- de la oligarquía boliviana no estén ni enteradas de esta nueva agenda política de la burguesía mundial, y menos de los actuales debates económicos. El problema agrario en Bolivia no pasa por seguridad jurídica ni inversiones, sino por el reconocimiento de la deuda social e histórica que tiene el bloque agropecuario latifundista con las migraciones indígenas y campesinas. El desconocimiento de esta realidad no hace sino avivar la deslegitimidad del actual sistema de propiedad agrario latifundista -recordemos que un referéndum se manifestó contra el latifundio-, y atenta contra su propia reproducción como clase.
La nueva élite de la oligarquía boliviana debiera, más bien, subirse al tren de la burguesía internacional y asumir su deuda social para mitigar la desigualdad en la tenencia y acceso de la tierra que permita las condiciones mínimas de convivencia para el desarrollo.
Ariel Bernardo Ibañez Choque
Economista