Luis Callisaya  / La Paz

El caso de los 800 ítems fantasmas descubierto en la Alcaldía de Santa Cruz fue considerado como el mayor escándalo de corrupción de 2021, que provocó un daño económico millonario a las arcas públicas de ese municipio y benefició a una red corrupta de  exfuncionarios públicos.

La Alcaldía de Santa Cruz estimó preliminarmente que la creación de los 800 ítems fantasmas produjo un daño anual de al menos 48 millones de bolivianos, tomando en cuenta que el sueldo promedio de estos cargos es de 5.000 bolivianos.

“No es casualidad que esa haya sido la gestión más corrupta de la historia de nuestro municipio o de nuestra ciudad y se está conociendo que callaron a los concejales a cambio de pegas”, señaló  Manuel Saavedra, concejal de Demócratas en el municipio cruceño.

El criterio es compartido por varios políticos, sean de oficialismo u oposición, quienes pidieron una investigación profunda de este tema, ya que también se descubrieron  casos similares en otras entidades públicas del país.

El hecho salpicó a las gestiones municipales de Percy Fernández y Angélica Sosa, desde 2009 hasta 2021. Si bien las denuncias sobre el caso ya circulaban desde 2018 y luego, en mayo de 2021, se formalizó una demanda ante el Ministerio Público, misma  que fue rechazada por falta de una auditoría.

Al principio, no hubo tanto seguimiento al tema de parte de las autoridades, sin embargo,  el escándalo familiar de Valeria Rodríguez Paz y Antonio Tony Parada Vaca le dio un giro de 90 grados al caso y se revelaron varios hechos irregulares en la Alcaldía cruceña.

El lío marital

Parada ingresó a trabajar en la Alcaldía en 2004, gracias al apoyo de quien fue su suegra en aquel entonces, la concejala Romy Paz. Él ocupó diferentes cargos y a partir de noviembre de 2009 a enero de 2018 ejerció el cargo de director de Recursos Humanos (RRHH).

Parada y Rodríguez formaron una familia y tuvieron tres hijos. Pero la pareja se divorció en 2014. Según Parada, desde aquel momento cumplió con las obligaciones económicas para la manutención de sus hijos e incluso pagó la casa donde vive su exesposa y la vivienda donde habita su exsuegra; pero Rodríguez aseguró que su exesposo no quería entregar recursos para sus hijos.

La pareja no logró un acuerdo de conciliación, por lo que Valeria demandó a Tony por violencia económica y patrimonial, ya que éste no quería cumplir con los compromisos de sus hijos y las pensiones. Rodríguez contó que empezó a sospechar de los negocios que realizaba su exesposo, a raíz de documentos que halló sobre trasferencias millonarias; luego conoció que su expareja poseía propiedades y vehículos de alta gama y en ese lapso descubrió el caso de los 800 ítems fantasmas, caso que denunció ante la Fiscalía hace tres meses.

“Un tema de demanda familiar se volcó a demanda patrimonial y saltó todo esto (de los ítems fantasmas), cosas de las que yo nunca estuve al tanto y no me imaginé la gravedad del asunto”, refirió Rodríguez, al inicio de este caso.

Parada negó esas denuncias y dijo que todo era parte de una extorsión de su exesposa, quien le había pedido 3 millones de dólares y la mitad de unas supuestas propiedades para conciliar.

“Inventarse que yo fabricaba 800 ítems o sea algo totalmente falso y ahí comienza el tema de la extorsión, porque comenzaron a querer hacer arreglos”, señaló Parada hace unas semanas en entrevista con Gigavisión.

En principio, en la Fiscalía no hubo celeridad para esclarecer este tema, recién los primeros días de diciembre el caso dio un giro  y se activaron las alertas migratorias para Antonio Parada y su hermano Guillermo, Julio César Herbas Aguilera, Javier Carrasco Montero y Javier Abraham Cedeño Catacora, como los principales investigados.

Desde ese momento, lo único que se supo es que Parada reclutaba gente para que presten sus nombres a cambio de pequeños incentivos y con esos datos activó ítems fantasmas para así él cobrar esos sueldos.

La Alcaldía y cooperativas

Julio César Herbas, exdirector de Contrataciones de la Secretaría de Desarrollo Humano, fue el primer encarcelado por este caso. Declaró ante un fiscal que Tony reclutaba gente de su entorno cercano y admitió que él hacía los pagos de incentivo y que, de no hacerlo, iba a ser despedido del municipio.

“Antonio Parada me utilizaba para sus mandados, siempre estuve amenazado porque, si yo no le colaboraba, él me iba a despedir del trabajo; la señora Valeria Rodríguez era cómplice de esto, cuando Antonio Parada comenzó a trabajar en la Alcaldía, Valeria Rodríguez era su esposa, ella sabía de los movimientos de su esposo, yo era amigo de Antonio y Valeria”, declaró Herbas.

Se detectaron al menos tres formas de operar de Parada: 1) se contrataban personas por cinco meses, les hacían trabajar sólo dos y se quedaban con el resto del dinero; 2) se contrataba personal, se las beneficiaba con las AFP y la CNS, se les pagaba 200 bolivianos por mes y el resto del sueldo era para la red de corrupción; 3) las personas que daban su nombre cobraban un sueldo y los siguientes salarios eran cobrados por Parada y sus cómplices. Para que eso funcione, las personas  contratadas estaban liberados de marcar el control biométrico de asistencia a su fuente laboral.

Herbas aseguró que Valeria Rodríguez tenía conocimiento desde un principio de los negociados de su exesposo y calló porque también se beneficiaba de esos recursos. La defensa de Rodríguez negó las sindicaciones de Herbas.

Luego se conoció que la esposa de Herbas, Mery B. A., trabajaba en la Cooperativa Jesús Nazareno, entidad financiera que tiene a su cargo el pago de salarios a los funcionarios municipales.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Mery B. A. presuntamente abrió las cuentas de ahorro para los funcionarios “fantasmas” contratados y se encargaba de la entrega de tarjetas de débito para que puedan sacar el dinero de los cajeros automáticos. La mujer es investigada por este caso y la Alcaldía cruceña anunció que la siguiente gestión trabajará con otra entidad financiera.

El propio Herbas declaró que Tony Parada tenía en su poder varias tarjetas de débito y que éste le entregaba esas tarjetas de los supuestos funcionarios a su exesposa para que disponga del dinero.

Con relación a Guillermo Parada Vaca, él trabajó varios años en la Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento (Saguapac) y presuntamente reclutaba a los trabajadores de esa institución para que presten su nombre supuestamente para llenar planillas de una microempresa que estaba impulsando su hermano Antonio Parada. Varios trabajadores dieron su nombre, pero recién hace unas semanas se enteraron de que usaron su identidad para cobrar sueldos de la Alcaldía, sin que ellos lo supieran.

“(Guillermo) me dijo que su hermano (Antonio) trabajaba en la Alcaldía y que necesitaba nombres para rellenar unas planillas para crear una microempresa (…), como era mi jefe tuve que hacerle caso y me apersoné a la cooperativa donde abrí una cuenta, pero no me entregan la tarjeta (para cobrar). No se volvió a hablar del tema, hasta que recién me entero de que supuestamente (mi persona) estaría como funcionario de la Alcaldía (de Santa Cruz)  y, cuando pedí el extracto, pude evidenciar que durante cuatro años se depositó y retiró dinero en esa cuenta”, reveló un testigo de este caso.

Guillermo se casó con Francia Antelo durante los días del paro cívico cruceño contra la Ley 1386, se fueron de luna de miel y a su retornó a Santa Cruz ella se enteró del caso ítems fantasmas, por lo que decidió apersonarse a la Fiscalía para cooperar con el caso e inició la demanda de divorcio a su pareja. La mujer actualmente trabaja en Saguapac.

La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra Antonio y Guillermo Parada, quienes salieron del país hacia Brasil por punto no autorizado y recientemente pidieron refugio a ese país. Desde la Policía Boliviana coadyuvan para que se active el sello azul de Interpol contra estas dos personas.

La semana pasada, Javier Cedeño, exdirector de Recursos Humanos de la comuna cruceña, se convirtió en el segundo detenido por el caso de los 800 ítems fantasmas. En su declaración ante un fiscal, Cedeño acusó a la exalcaldesa Angélica Sosa de varias irregularidades.

Aseguró que Sosa había ganado bastante protagonismo en el municipio y aisló al entonces alcalde Percy Fernández, para así ella tomar las riendas del municipio e impulsar, junto a su esposo Sergio Perovic, una supuesta red corrupta desde la Alcaldía.

“Perovic me pedía que haga cosas, él me hizo designar en la Secretaría de espacios públicos, reemplacé a uno que le había mandado a su esposa, Angélica Sosa, una foto de él, Perovic, saliendo de un boliche con mujeres. Sergio Perovic me dijo que trabaja con el dueño del boliche colombiano SBC, Luna Rosa, Plan B, Plan C y otros”, detalla parte de la declaración que brindó Cedeño ante un fiscal.

Cedeño implica  a Sosa

Javier Cedeño reveló una supuesta estructura de corrupción liderada por  Sosa, en la que no sólo está el tema de los ítems fantasmas, sino también contrataciones irregulares, extorsiones y favorecimientos ilícitos.

Cedeño  mencionó a familiares y al entorno cercano  de la exalcaldesa en medio de  hechos irregulares y aseguró que el esposo de Sosa  era una especie de asesor externo del municipio que influía en las contrataciones y trabajaba con dueños de diferentes boliches de la urbe cruceña.

Perovic calificó de falsas esas afirmaciones y expresó su sorpresa con el “grado de traición” por parte de Cedeño. Ante ese panorama, Sosa fue aprehendida, imputada y llevada a audiencia de medidas cautelares, donde aseguró que no hubo corrupción en su gestión y dijo que “Javier Cedeño es un canalla, todo lo que dijo en su declaración es mentira”.

La madrugada del viernes, un juez dispuso cuatro meses de reclusión preventiva para Sosa a cumplirse en la cárcel de Palmasola, convirtiéndose así en la tercera detenida por el caso de los ítems fantasmas.

Otros casos en el país

El caso de los 800 ítems fantasmas puso en alerta a diferentes instituciones del país, que también hallaron irregularidades similares. La Alcaldía de Warnes denunció que la creación de 47 ítems fantasmas ocasionó al municipio un daño económico de 3 millones de bolivianos al año.

La Caja Nacional de Salud (CNS) detectó 41 contrataciones fantasmas en La Paz y en Santa Cruz dos de esos casos ya están en la vía penal. Dicha entidad instruyó una auditoría a 8.602 contratos a nivel nacional para verificar si existen otros casos más. En los procesos penales, hay 14 personas investigadas.

La Alcaldía de Potosí también reportó sobre dos contrataciones irregulares que están en fase de investigación. Por su parte, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno instruyó auditorías internas para verificar si hay este tipo de irregularidades en esa casa superior de estudios.

Otros implicados

• Carrasco Otro involucrado en este caso es Javier Carrasco, quien es buscado por la Policía. Según las investigaciones preliminares, Carrasco realizaba los trámites de contrataciones para la Alcaldía cruceña, desde una notaría, y su esposa, Gabriela V.  Ch. sería funcionaria de la Dirección de Finanzas.
• Fernández El exalcalde Santa Cruz Percy Fernández también está en calidad de investigado en este caso. La fiscal Marcela Terceros dijo que suman 60 los involucrados en este proceso.

Será la comisión de fiscales la que determine los pasos a seguir, ahora tenemos ya a tres personas con detención preventiva (en este caso)

Fiscal Roger Mariaca