Minería, incendios y abandono a pueblos indígenas: problemáticas permanentes en la Amazonía

El estudio del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) titulado “El negocio de mercurio en Bolivia”, da cuenta de una importante presencia de actividades mineras auríferas en la región del Norte Amazónico con un uso alarmante de mercurio, lo que es un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

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Fuente: ANF



Año tras año, las demandas y denuncias de poblaciones de la Amazonía en Bolivia se acrecientan. Esta zona enfrenta el aumento acelerado de actividades mineras, acaparamiento de tierras, incendios y vulneraciones a pueblos indígenas que habitan esta zona.

El estudio del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) titulado “El negocio de mercurio en Bolivia”, da cuenta de una importante presencia de actividades mineras auríferas en la región del Norte Amazónico con un uso alarmante de mercurio, lo que es un riesgo para el medio ambiente y la salud humana.

En una descripción de las principales zonas auríferas de Bolivia, este informe detalla a la región de la Amazonía, con 22 derechos mineros en una superficie de 22.075 hectáreas hasta el 2018, cifras que han ido en incremento en años posteriores.

“En la región del Norte Amazónico la extracción de oro se realiza con dragas emplazadas en balsas que navegan a lo largo del río. Prácticamente todas las balsas de la zona están organizadas en la Cooperativa Minera Aurífera Asobal-Madre de Dios LTDA”, explica CEDIB.

Pero hay una particularidad en este caso, ya que esta cooperativa, antes de organizarse alrededor de la explotación de un yacimiento “fueron múltiples propietarios individuales de balsas de extracción de oro que se organizaron como asociación para lograr reivindicaciones comunes como la legalización de la extracción del oro, la adquisición de combustible, la comercialización del oro y la compra de mercurio”.

Y es este uso de mercurio ha generado la preocupación, no solo de los pueblos de la región, organizaciones nacionales y autoridades regionales, también de organismos internacionales que instan al Estado boliviano a tomar medidas frente a los impactos que generan estas actividades.

Los relatores de Naciones Unidas, Marcos Orellana (sustancias tóxicas y derechos humanos) y José Francisco Cali Tzay (derechos de los Pueblos Indígenas), hicieron llegar una “Carta de Alegaciones” al Estado boliviano sobre la situación de vulneración de derechos humanos por el uso irregular de mercurio en país.

Señalan en esta carta su “profunda preocupación por el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia, con sus consecuencias graves en el medioambiente, la salud de las personas, el efecto desproporcionado de la contaminación sobre el territorio indígena, y la vida y la salud de los pueblos indígenas”.

Incendios año tras año
Otra problemática que enfrenta la región amazónica boliviana son los incendios que se agravan año tras año durante las épocas de chaqueos y sequía y que incluso se originan y expanden en áreas protegidas cono el Madidi y Pilón Lajas.

Un estudio del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) detalla que entre el 2010 y 2020 la superficie de quema acumulada, dentro de los 58 territorios indígenas, alcanzó a 5.229.872 hectáreas, es decir el 42% del total de tierras tituladas a favor de comunidades indígenas.

“Las regiones en las que esta afectación se presentó con mayor daño fueron: la Amazonía norte y sur, la Chiquitanía y el Chaco. En este periodo, los años con mayor relevancia de afectación de quemas fueron: 2010 con 1.246.886 hectáreas (55%); 2019 con 635.578 ha (28%); y 2020 con 398.960 ha (17%)”, establece este informe del CEJIS.

La región norte y sur de la Amazonía del departamento del Beni fue la región más impactada por los incendios. En este departamento, que tiene la mayor presencia de pueblos originarios, 15 territorios sufrieron el golpe del fuego.

La afectación alcanzó los siguientes porcentajes: Territorio Indígena
Movima 276%, Chacobo Pacahuara 66%, Moré 61%, Itonama 54%, Joaquiniano 53%, Tacana Cavineño 46%, Baures 30%, TIPNIS 29%, Multiétnico I 24%, Multiétnico II 11%, Canichana 9%.

En los pueblos que se encuentran en la categoría de alta vulnerabilidad el impacto fue en el Cavineño con un 187%, Cayubaba con el 184%, Sirionó con un 63,24% y Araona con 56%.

Abandono y vulneraciones
Desde que la pandemia de Covid-19 comenzó a expandirse por las regiones de Bolivia, los pueblos indígenas de tierras bajas y particularmente de la Amazonía denunciaron el abandono de las autoridades en los planes de contención, información y acceso a atención médica.

Territorios amazónicos de los departamentos Beni y Pando, muchos de ellos aislados y otros en riesgo de extinción, se declararon en emergencia por la amenaza y riesgo inminente de que el Covid-19 y cepas de países vecinos ingresen a sus pueblos.

A esto se suma vulneraciones a los pueblos indígenas en los proyectos dentro de sus territorios sin una consulta previa y sin ningún consenso.
Es el caso del proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala que en varias oportunidades fue rechazado por las comunidades indígenas pero las autoridades gubernamentales decidieron nuevamente encaminarlo.

Este proyecto cuestionado es la construcción de dos megarepresas entre los territorios del parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas (Amazonía) que de acuerdo a la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) tendrá un impacto directo en la biodiversidad de la región y los pueblos indígenas que dependen de estos ríos y parques.

Y fue hace unos días que indígenas denunciaron la llegada a esta zona sin ningún consentimiento de varias personas de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) para realizar estudios y tareas de mediciones georeferenciales.