El informe se elaboró tras una evaluación al cumplimiento de las recomendaciones del CAT para Bolivia, luego del anterior examen realizado en febrero de 2019.
Página Siete Digital
Una coalición de organizaciones civiles enfocadas en derechos humanos presentó un informe al Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas sobre la situación de Bolivia. En el documento se planteó que el país requiere de una ley integral contra la tortura.
La Coalición planteó que Bolivia debe “adoptar una ley integral contra la tortura con todos los elementos de la Convención, acompañada de una formación e información debida”, indica el informe enviado a la CAT.
El informe se elaboró tras una evaluación al cumplimiento de las recomendaciones del CAT para Bolivia, luego del anterior examen realizado en febrero de 2019, cuando el país presentó su informe periódico.
Para la representación y presentación de su Informe Alternativo ante el CAT, en Ginebra, la Coalición delegó a Emma Bolshia Bravo y André Gautier, miembros del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) de Bolivia.
La coalición, en su informe, da cuenta de que “Bolivia tiene una Constitución Política que establece un importante marco de protección frente a la tortura. Pero que actualmente carece de iniciativas legislativas dirigidas a establecer un tipo penal de tortura que se ajuste al artículo uno de la Convención contra la Tortura”.
Además se observó que en el país existe una ausencia de garantías procesales, detenciones arbitrarias e ilegales. “La persona detenida no cuenta con la garantía de acceso a un abogado, menos de defensa pública formado en Derechos Humanos”, se puede leer en dicho informe.
“La justicia boliviana no documenta, investiga y procesa cuando una víctima presenta denuncias de tortura. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), subordinado al Ministerio Público, no cumple con sus funciones. Bolivia ha ratificado la Convención, pero las víctimas de tortura nunca se han beneficiado de medidas de reparación por parte del Estado”, alerta el documento.
Con estos antecedentes, se sugirió crear una “comisión civil y política dependiente de la Defensoría del Pueblo”. “Crear una Fiscalía especializada en materia de Derechos Humanos; garantizar la independencia investigativa al IDIF y crear una sección especializada en la defensa pública para víctimas de tortura y otros malos tratos”, son otras de las propuestas.
Fuente: paginasiete.bo