Datos del Ministerio de Justicia muestran que en Bolivia sólo el 1% de los casos de violencia llegan a sentencia. Identifican la retardación de la justicia como la causante de la impunidad.
Leny Chuquimia / La Paz
Por corrupción y chicanerías, violadores y feminicidas son puestos en libertad. Con ello, la impunidad sube al igual que el riego de las víctimas de ser nuevamente agredidas. Solo la semana pasada tres de estos casos indignaron al país, pero en realidad son muchos más.
“No tenemos un conteo actualizado de casos, pero sí los hay. Estos favorecimientos generan impunidad; con el agresor en libertad, la víctima puede sufrir una venganza y persecución para que desista de la denuncia. Entre las causas está la corrupción y las famosas chicanerías, hemos identificado a jueces y abogados reincidentes en estos favorecimientos”, manifestó Eulogia Tapia, activista y miembro del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
De acuerdo a datos de la Dirección de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Ministerio de Justicia, sólo el 1% de los casos de violencia llegan a una sentencia. Según la directora de dicha instancia, Claudia Peña, esto se debe a la retardación de justicia. El dato fue obtenido en un estudio realizado por el Ministerio de Justicia con base en cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado.
“Apenas el 1% de los casos llegan a una sentencia. Tenemos un órgano de justicia abarrotado de casos que no están siendo atendidos. El hecho es preocupante, la impunidad da el mensaje a los agresores de que la violencia hacia las mujeres no será castigada”, afirmó Peña.
Violadores en las calles
“Era mi corteja”. Ese fue el argumento con el que Jarin Ereny, un chofer de micro que ultrajaba sexualmente a una niña de 12 años en la zona del Plan Tres Mil consiguió ser liberado con medidas sustitutivas en octubre pasado.
Pese a que fue imputado por el delito de violación agravada a niña-niño y adolescente y pornografía, tras argumentar que mejoró su situación jurídica y que no ejerció violencia porque la niña de 12 años era su corteja, el juez tercero mixto comercial del Plan Tres Mil, José Rodríguez Echeverría, le otorgó medidas sustitutivas.
Pero este es solo un caso. La semana pasada al menos dos casos similares indignaron a la sociedad. En un tercer caso, la víctima murió en una sala de un hospital, en medio de los pedidos de sus familiares para que su agresor no sea liberado y se haga justicia.
“Si bien en algunos casos se logra evitar la salida del agresor, esto se debe a la presión de los grupos de activistas y de la sociedad civil que se articulan para apoyar a la víctima”, afirmó Tapia.
El 28 de noviembre, pese a las protestas de diferentes colectivos y el pronunciamiento de las autoridades y diferentes organizaciones, el violador Sandro Zenteno obtuvo detención domiciliaria. El beneficio le fue otorgado por el juez primero de sentencia de La Paz.
De acuerdo a la denuncia, Zenteno abusó sexualmente a sus dos hijas desde que tenían siete y seis años de edad. El agresor mantuvo ocultas las vejaciones a punta de amenazas e intimidaciones.
La delegada defensorial departamental de La Paz, Teresa Subieta, repudió la decisión y la consideró una vulneración flagrante de la norma. Advirtió que en éste como en otros casos similares se deja desprotegidas a las víctimas. “Se ignora la situación de vulnerabilidad o de desventaja”, sostuvo Subieta.
“Pocas víctimas buscan apoyo. Muchas prefieren dejarlo ahí porque son intimidadas. Los agresores salen libres, buscan venganza y, por temor, la víctima desiste. En el caso de Zenteno, la víctima es muy fuerte y quiere seguir en búsqueda de justicia”, manifestó una de las activistas de la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto.
Guarda su identidad en reserva porque, al igual que el resto de las activistas, recibe amenazas de agresores, abogados y hasta de la Policía por apoyar a las víctimas, realizar movilizaciones y hacer seguimiento. Muchos casos salen en titulares cuando se descubren, pero luego son olvidados.
El pasado 2 de diciembre, en La Paz, un juez dio la detención domiciliaria a un hombre de 64 años que agredió sexualmente a una niña de nueve. Aprovechó que la pequeña ayudaba a su madre en la entrega de comida para meterla a su taller.
“Lo que nos llama la atención es que un juez le haya dado una medida sustitutiva. Entendemos que sería por la edad, pero no se está resguardando a la víctima. Estamos aportando más elementos en la investigación para llegar a una sentencia”, aseveró el jurista de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Luis Vázquez.
En el seguimiento de los casos, las activistas han identificado jueces, juzgados y abogados específicos que actúan en desmedro de las víctimas a cambio de cuantiosas sumas de dinero. El hallazgo coincide con las alertas dadas por Tapia, quien afirma que la corrupción es la principal causa de la impunidad y que hay autoridades reincidentes en ese delito.
Una muestra del uso de chicanas, es el caso de Franklin Orlando C., un abogado denunciado por abuso sexual contra la hija de nueve años de su expareja. El vejamen se denunció en agosto de 2020, pero el jurista usó una serie de acciones para retardar el proceso.
No se presentaba a las audiencias, cambiaba sin problemas de domicilio para evitar ser notificado. De forma irregular, la Fiscalía demoró meses en librar la orden de aprehensión, que no está siendo cumplida.
La detención domiciliaria y la libertad
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Libertad Víctimas, activistas y juristas explican que si bien la detención domiciliaria indica que el acusado debe guardar encierro, la falta de control para su cumplimiento hace que prácticamente se convierta en una libertad irrestricta.
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Abreviación Otro de los puntos problemáticos es la Ley 1173 de abreviación procesal. Con esta norma, durante los primeros cinco meses de cuarentena al menos 10 feminicidas sentenciados y acusados lograron salir libres. Además, varios agresores sexuales de niñas y niños también lograron beneficiarse con “medidas sustitutivas”.
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Denuncias Ya en gestiones pasadas se hicieron varias denuncias contra jueces que incurren en irregularidades para beneficiar a los agresores. En diferentes momentos se comprometió la elaboración de informes departamentales al respecto. Sin embargo, hasta ahora no hay datos oficiales. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura pidió transparencia e información pública de este tema.
El sábado, Viviana fue enterrada luego de siete meses de agonía por la golpiza que le propinó su pareja Rubén C. El agresor, que el 10 de mayo pasado la golpeó hasta dejarla inconsciente, está apunto de salir de la cárcel porque el tiempo de prisión preventiva terminará en breve.
La Defensoría del Pueblo observó el lento avance en este caso. Cuestionó que en los seis meses en los que el acusado estuvo en detención preventiva por el delito de tentativa de feminicidio, la Fiscalía no haya presentado una acusación formal.
De acuerdo a la familia de Viviana, el acusado cuenta con cuatro abogados que han solicitado el cambio de su imputación por feminicidio en grado de tentativa a lesiones graves, lo que -de conseguirlo- facilitaría al acusado que pueda defenderse en libertad y si recibe una sentencia, ésta será mínima.
Pese a que Viviana dejó un diario en el que contaba todos los vejamenes de los que era víctima y que los relatos de sus pequeños hijos demuestran la violencia que sufrían de parte del agresor, no hay avances en el caso. De acuerdo a la familia de la víctima, los abogados de Rubén C. usan chicanas para retardar el proceso y hay una parcialización de las autoridades que han hecho desaparecer pruebas.
La defensa pretende demostrar que el agresor no incurrió en feminicidio. Se busca descargar la culpa en el hermano de la víctima, quien al sacarla en brazos -ya totalmente inconsciente- se cayó. “Quieren echarle la culpa por una caída, cuando ella ya estaba tendida en cama sin responder. El agresor y su familia no querían que la saquemos de esa casa y la llevemos a un hospital”, afirmó una de las familiares.
Después del deceso de Viviana, la familia pide el cambio de tipificación a feminicidio. Espera que con eso se pueda evitar que el asesino sea puesto en libertad, pues temen por su seguridad.
El viernes pasado, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura publicó las conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. Si bien valoró el avance en la legislación, también observó con mucha preocupación “el aumento de la violencia de género, en particular, la alta incidencia del feminicidio y de la violencia sexual, así como los altos niveles de impunidad”.
Específicamente en el caso de violencia sexual, el informe pidió revisar la definición de violación sexual establecida en el Código Penal boliviano, ya que -según indica- “se basa en la fuerza y no define el término ‘consentimiento’ ni establece presunciones apropiadas”.
Desde la ONU también se instó al Gobierno que vele porque todos los casos de violencia de género, y en particular en los que haya habido acciones u omisiones de autoridades del Estado u otras entidades que den lugar a la responsabilidad internacional, sean investigados exhaustivamente.
Urgió a que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser condenados, sancionados debidamente. Recomendó que las víctimas obtengan una reparación integral, la indemnización adecuada y rehabilitación.
El documento también identificó la falta de juzgados, jueces y personal especializado en temas de género. Indicó que los que hay solo cubren las ciudades capitales.
Franklin Q. Asesinó a su pareja en diciembre de 2019. Guardaba detención preventiva en San Pedro, pero un juez, haciendo caso omiso a dos sentencias anteriores, lo liberó en mayo de 2020.
Javier V. En 2018 el expolicía fue sentenciado a 30 años por matar a su pareja. Sin embargo, en febrero de 2020 se le dio detención domiciliaria. Un “informe del IDIF” afirma “que no es un peligro para la sociedad”.
Félix P. Alias el Choko Burguer, es acusado de asesinar a su esposa en 2018. Fue beneficiado con detención domiciliaria con derecho al trabajo en febrero de 2020.
Ever R. En abril de 2018 mató a su enamorada. Fue sentenciado a seis años de cárcel por “homicidio culposo” en lugar de feminicidio. Ahora solo cumple una detención domiciliaria.
Emidgio I. Está acusado de matar a su esposa con 20 puñaladas en todo el cuerpo. El hecho ocurrió en mayo de 2019. Logró salir de la cárcel con medidas sustitutivas en febrero de la presente gestión.
Adalid F. Fue acusado del feminicidio de Rosmery Z. en 2015. Estuvo prófugo hasta 2017 cuando fue extraditado desde Argentina . Fue beneficiado con medidas sustitutivas en febrero de 2020.