Uruguay va a un referéndum clave para la administración de Lacalle Pou

La izquierda uruguaya busca derogar una norma que ha contribuido a bajar los índices delictivos y que amplía las libertades económicas de los ciudadanos.    

A fines de marzo de 2022, Uruguay irá a las urnas para decidir sobre la continuidad de la LUC (Ley de Urgente Consideración), que ha sido la piedra basal para el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou y que abarca desde el fortalecimiento de la seguridad ciudadana hasta la desburocratización del mercado de alquileres.



La opción por la derogación es impulsada por el Frente Amplio (izquierda), que busca darle un giro al escenario político, mientras que la defensa de la norma es asumida por las distintas fuerzas de centro y centroderecha que componen la “coalición multicolor” gobernante. Para ahondar en el tema, eju.tv entrevistó a la diputada uruguaya Alexandra Inzaurralde (Partido Nacional), segunda vicepresidente de la Cámara de Representantes.

eju.tv: ¿Los impulsores del referéndum buscan darle una naturaleza plebiscitaria sobre la gestión de gobierno a esta consulta?

Alexandra Inzaurralde: Mi lectura personal es que el objetivo subyacente y no manifiesto de los impulsores del referéndum del 27 de marzo próximo, va más allá de  dejar sin efecto una ley. Procura perturbar la gestión de un gobierno democráticamente electo, con excelentes niveles de aprobación. Se utiliza la forma de un recurso constitucional para desconocer el cambio de rumbo por el que la ciudadanía optó al sufragar en las pasadas elecciones nacionales.

En lo formal es un procedimiento democrático; en lo sustancial, representa no asumir la alternancia en el poder que emergió de las urnas el 30 de noviembre del 2019. Un gobierno, en un Estado de Derecho, se define por sus acciones enmarcadas en la normativa que se crea para sostenerlas y brindarles legitimidad.

La iniciativa del referéndum denota falta de aceptación de los resultados electorales y hasta ausencia de confianza a futuro. Una ley se deroga con otra norma del mismo rango. Para ello se necesitan mayorías parlamentarias, de las que actualmente la oposición carece, obligándola a trabajar para recuperarlas en el próximo período electoral. Ante el escenario probable de ser nuevamente perdidosos, adelantan la contienda, sin dar tiempo a gobernar. Ello explica que el Frente Amplio haya votado artículos que hoy pretende derogar.

La LUC fue ampliamente debatida, en cada una de sus etapas de gestación: como programa de gobierno anunciado una y otra vez en campaña electoral, como borrador que en forma inédita se desparramó a consideración pública antes de ser proyecto, y finalmente como proyecto de ley, con menor  extensión que las normas de presupuesto, y el mismo plazo que éstas para su discusión. Cientos de reuniones y delegaciones recibidas, ampliamente modificada, al punto que de los 476 artículos que la componen, apenas 70 se mantuvieron incambiados.

¿Qué escenarios políticos se abrirían con uno u otro resultado (SÍ o NO a la derogación), en cuanto a gobernabilidad y fortalecimiento de proyectos políticos?

Si bien la LUC contiene gran parte del compromiso electoral del actual gobierno con la ciudadanía, su valor es instrumental, no neurálgico. Por tanto, si se derogara la LUC, caería un instrumento bueno, popular, justo, pragmático e impregnado de realidad… pero no el gobierno.

La hoja de ruta está clara y el capitán presente, por lo que las políticas públicas se mantendrán firmes, más allá de las herramientas en las que circunstancialmente se apoye. Si es la LUC, tanto mejor. En caso contrario, otras vendrán.

¿Qué evaluación hace de la aplicación de la LUC desde su puesta en vigencia?

En año y medio de vigencia, la LUC no ha generado los daños anunciados por sus detractores. No ha habido gatillo fácil de la policía, ni han cundido las vendettas personales ni la justicia por manos propias. No se ha privatizado la educación pública ni las empresas públicas. No se han acortado los plazos de desalojo a los inquilinos que continúan alquilando con garantías y por el régimen de arrendamientos de la ley 14219, que sigue tan vigente como antes.

Todo lo contrario: más seguridad, más opciones en la actividad privada de los ciudadanos sin la intrusión estatista vulnerando decisiones que hacen a su intimidad, mejor educación y gestión. Confiere a los ciudadanos más libertad.

Los índices delictivos se han mantenido a la baja, las metas fiscales se han cumplido mejorando la calificación de las calificadoras de riesgo, generando confianza y anuncios de inversión privada en porcentajes auspiciosos. Se ha transparentado la composición del precio de los combustibles, permitiendo focalizar la atención en los sobrecostos con el objetivo de irlos disminuyendo, además de abandonar el criterio discrecional y recaudatorio para su fijación.

Se ha mejorado el clima de negocios, confiriendo la libertad en los medios de pago por debajo de un umbral determinado, sin derogar una coma de las normas sobre lavado de activos que van por otro carril. Se han equilibrado los derechos individuales en base a reglas propias de un Estado de Derecho, que reconoce los derechos de unos y otros, y no de unos sobre los otros.

Aunque Uruguay no muestra una “grieta” como la de Argentina, ¿esta consulta profundiza la polarización política en el país?

En Uruguay no hay grietas. No han sido exitosos los discursos que buscan generarla en la conciencia colectiva. El sistema político uruguayo se relaciona con madurez, como lo han demostrado los presidentes de la república y líderes partidarios que son quienes tienen la responsabilidad de gobernar. La búsqueda del diálogo y el consenso, aunque algunas veces se logre y otras veces no, se mantiene con altura y señorío político. No hay censura ni presos políticos.

La libertad y el respeto son características orgullosamente propias de la idiosincrasia y cultura de los ciudadanos uruguayos, y la LUC es un espejo que reivindica estos valores.

Edición y entrevista: Emilio Martínez

© eju.tv