La presidenta de la Comisión Nacional de Refugiados admitió que la institución no reconoce que exista crisis humanitaria en Venezuela y que deba aplicarse en su caso la Declaración de Cartagena.

Fuente: ANF

El día cuando Edgar –nombre cambiado para mantener su anonimato- ingresó a Bolivia una madrugada de agosto, junto a su esposa y dos hijos, sintió un leve alivio en el pecho. Buscaba la seguridad que su país no le podía brindar.

Compañeros de armas le seguían los pasos en su natal Venezuela, luego de que no regresó a su unidad tras salir de permiso por una semana. Desertó de la Guardia Nacional Bolivariana y fue acusado por traición a la patria.

Edgar estaba fatigado de las largas jornadas de servicio, que se hacían meses sin ver a su familia, de la corrupción y de las “órdenes abusivas” de sus superiores que implicaban el uso de métodos al margen de la ley para “arrancar confesiones” a sospechosos de un crimen.

Tras estar dos meses clandestino en un área rural, un viernes por la noche abandonó el país junto a su familia, con lo que tenían puesto para no levantar sospechas: cruzó por la región del Arauca, rumbo a Colombia. Su nombre y su foto ya no figuraban en la base de datos de su unidad. Era un civil más. Compañeros de promoción le alertaron que la orden no era solo detenerlo. “Mejor sal del país”, le dijeron.

En Bogotá vendió golosinas para cubrir la alimentación diaria, aunque no faltaron personas caritativas que les proveyeron de abrigo y dinero para el alojamiento. Cruzaron Ecuador en bus en un día gracias a la ayuda de una fundación. Recorrieron la costa peruana hasta Arequipa, en partes a pie y otros en carro. El tramo más dramático fue por los andes hasta llegar a Desaguadero, en la frontera de Perú con Bolivia, que se ha convertido en la mayor ruta de acceso a territorio boliviano.

El frío crudo de invierno y la altura cercana a los 4.000 metros impactó en la salud y el estado emocional de la familia, sobre todo en los niños que se vieron fuertemente afectados, ese sábado a las cuatro de la madrugada cuando cruzaron la frontera hacia Bolivia. Por esa situación, la familia, con destino inicial a Paraguay, optó por quedarse en el país mediterráneo.

Edgar presentó su solicitud de refugio a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Bolivia con los descargos para demostrar que su vida y la de su familia corren peligro en su lugar de origen. Por ahora dispone de una visa transitoria hasta que se resuelva su situación.

Es optimista de que pueda recibir una noticia afirmativa, pero no le favorecen las estadísticas ni la orientación de la política migratoria del gobierno del presidente Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). Durante la gestión, que inició en noviembre de 2020, no se ha concedido ni una solicitud de refugio para alguien de nacionalidad venezolana. La postura negativa coincide con la que existió durante los 13 años de gobierno de Evo Morales, líder del mismo partido. En sus tres mandatos, tampoco se aprobó petición alguna de solicitante que haya procedido de Venezuela.

Solo el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que tuvo lugar entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, implicó una excepción. En ese período fueron aprobadas 253 peticiones de refugio, de las cuales 242 fueron para miembros de la comunidad venezolana. La gobernante consideró que ese país atravesaba una crisis humanitaria que justificaba otorgar protección internacional a los solicitantes, tal como lo había recomendado en 2019 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

La Declaración de Cartagena, firmada en la ciudad colombiana en 1986, señala que deben ser considerados refugiados quienes huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad están bajo amenaza por “la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. A pesar de que no es vinculante, la mayoría de los países en América Latina, incluido Bolivia, la incorporaron en sus normativas internas sobre el refugio.

La declaración amplió los matices del concepto establecidos en instrumentos precedentes como la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, que aluden principalmente a las personas que corren peligro en su lugar de origen por “motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinados grupos social u opiniones políticas”, coordenadas que tampoco han llevado a aprobar petición alguna en los gobiernos del MAS. “Siempre cabe la posibilidad de que algún ciudadano venezolano solicite y califique como refugiado”, expresa Barrionuevo para matizar sus palabras.

ACNUR ha insistido en que los supuestos de la Declaración de Cartagena se cumplen con nitidez en el caso venezolano. La institución multilateral ya catalogó la de Venezuela como la “mayor crisis humanitaria de la región”. La inflación más alta del mundo, un sistema de salud pública colapsado, crímenes de organismos oficiales bajo la lupa de la Corte Penal Internacional se han combinado, entre otras variables, para expulsar a más de 6 millones de personas.

Para Nicolás Maduro y sus partidarios la situación ha sido incubada por las sanciones de Estados Unidos, a las que denuncia como un bloqueo. Una perspectiva semejante es la que maneja Barrionuevo desde la Conare que afirmó en la entrevista que la migración venezolana ha sido resultado “de un bloqueo terrible que está viviendo ese país desde hace varios años”. “Cualquier elemento que signifique bloqueo a un Estado para que su sociedad entre en crisis no es algo que vamos a compartir”, afirmó. “Nosotros no podemos atacar a un Estado y promocionar eso”, añadió en referencia al término crisis humanitaria.

Las afinidades entre los gobiernos de Caracas y La Paz tienen antecedentes en el acuerdo estratégico que crearon el fallecido Hugo Chávez y Evo Morales y que sus sucesores mantuvieron, en el presente Maduro y Arce, a través de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Las relaciones supusieron, entre otras cosas, financiamiento de programas sociales en Bolivia en los días del auge petrolero que favoreció a Chávez y se proyectan al presente con el control del gobierno de Maduro de millonarios activos bancarios y agroindustriales.

Derecho a la protección

“La posición de nuestra oficina es que las personas que abandonan Venezuela lo hacen por razones que están ligadas a necesidades de protección internacional”, dijo para este trabajo Juan Carlos Murillo, representante regional de ACNUR. “El otorgamiento del refugio es un acto pacífico, humanitario, que no debe generar tensión entre Estados”, añadió el vocero, quien considera que la aprobación de solicitudes debe estar precedida de análisis técnicos y no políticos y deben ser resultado de una política de Estado. “Es el reconocimiento de la condición de refugiado, independientemente de la nacionalidad de las personas, independientemente de la administración”.

Para Murillo hay un ejemplo regional: México. Su gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene afinidades ideológicas y políticas con Maduro. “Sin embargo el 99% de las personas venezolanas que solicitan la condición de refugiados en ese país son reconocidas bajo la Declaración de Cartagena”, explica.

“La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) distingue claramente entre lo que es una posición política del país de lo que es un análisis técnico con respecto de que si existen o no necesidades de protección (…) Es posible hacer esa distinción sin necesidad de referirse a lo que está sucediendo al interior de Venezuela o sin necesidad de asumir una posición política con respecto a Venezuela”.

Un segundo ejemplo citado por Murillo involucró a funcionarios del gobierno de Evo Morales, cuando renunció en noviembre de 2019 entre protestas, acusaciones de promover un fraude para reelegirse y las presiones militares para que se apartase del poder. En ese contexto, el gobierno argentino de Mauricio Macri, ubicado en la antípoda ideológica del MAS, aceptó dar refugio al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la ministra de Planificación, Mariana Prado, quienes fueron acogidos en la embajada argentina en La Paz. Otros funcionarios de bajo rango salieron rumbo a Argentina en busca de refugio.

“De la misma forma que Argentina reconoció refugiados bolivianos, Bolivia igualmente puede reconocer refugiados venezolanos si lo estima conforme a su análisis jurídico (…), por ello se trata de un análisis estrictamente técnico jurídico y no de posicionamiento político”, enfatiza Murillo.

Con la llegada de Jeanine Áñez al poder, después de la salida de Evo Morales, el gobierno boliviano dio un giro temporal. Con apenas un mes de ejercicio, la canciller Karen Longaric confirmó que se había decidido aprobar una lista de más de dos centenares de solicitudes de refugio que le había facilitado directamente ACNUR. La mayoría de las personas tenía dos años esperando respuesta de Conare.

Para Barrionuevo, ello no fue más que un “manejo político grosero” entre la agencia de la ONU y el gobierno de Áñez, a quien considera una figura que validó un golpe de Estado contra Evo Morales. “No es un tema de animadversión contra los migrantes venezolanos (…) Más allá de amores y odios, hay que proteger la institución del refugio”.

La presidenta del Conare recurre a un argumento para alegar que las personas de Venezuela son principalmente migrantes económicos: afirma que, de las 242 peticiones aprobadas en 2020 para refugio, hay 137 solicitantes que hasta la fecha no recogen su documento de certificación y no se sabe dónde están. Ello demuestra, según su razonamiento, que solo buscaban aprovechar esta condición mientras estuvieran en Bolivia, un país principalmente usado como escala temporal por la migración venezolana. La funcionaria no cree que hayan debido apostar por otros horizontes precisamente por la tardanza que tuvo Conare de responder las solicitudes.

Activistas de la comunidad venezolana opinan que el Estado boliviano podría tener una perspectiva más realista de la situación si sus funcionarios asumieran que existe una crisis humanitaria en Venezuela. “Implica un gran paso para dar acogida a cualquier migrante, porque ya veríamos la migración de una manera más amplia, más real y quizá hasta más humana”, dice Omayrú Hernández, del Equipo Solidario Venezuela, una ONG con sede en la ciudad oriental de Santa Cruz. “Solicitar refugio es apegarse a convenios internacionales y a una ley que existe en Bolivia”, añade la vocera de la institución.

Sin embargo, el trámite es especialmente cuesta arriba para venezolanos y venezolanas, según fuentes consultadas para este trabajo que indican que la Conare pone trabas a la recepción de las cartas de petición de refugio. “Ha pasado que no han querido recibirlas. En realidad, ya desde la ventanilla les han rechazado, ni siquiera la han analizado y le rechazaron la nota”, dice Ariel Ramírez, subdirector de la Fundación Munasin Kullakita, que ofrece asesoría legal a los migrantes que expresan su interés por solicitar refugio. Por estas negativas, refiere, muchos migrantes prefieren no enviar cartas porque “ya saben que directamente les van a rechazar y prefieren ver otras opciones”.

Lo dicho es corroborado por Alexandra Miranda, coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana de Cáritas Bolivia, otra entidad que entre sus prioridades tiene la atención a migrantes. “Actualmente no hay mucho problema e inconveniente para las personas que vienen de otras nacionalidades, pero sí para la población venezolana está siendo un poco difícil presentar sus cartas a la Conare”.

La posición del Estado resulta perjudicial para la situación migratoria de la población venezolana y acarrea mayor informalidad, irregularidad y vulnerabilidad, según el subdirector de Mullasin Kullakita. “Los expone a sufrir distintas situaciones de exclusión, a ser víctimas de cualquier tipo de delitos, a delinquir o a ser objeto de explotación laboral o sexual para generar recursos”.

El representante de la Fundación Scalabrini, Ildo Griz, matiza al afirmar que más allá del no reconocimiento de la crisis humanitaria no ha impedido esfuerzos para facilitar la integración. “Está la visa con amnistía para la regularización migratoria, el acceso a servicios públicos, especialmente de salud, a la educación de los niñas y niñas en los colegios públicos”. La dimensión reducida de la población venezolana hace que no representen una carga especialmente pesada.

Una cara regularización

Ariel Ramírez opina que el mayor problema de la población venezolana migrante es la falta de documentación. Según la proyección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para 2021, en Bolivia hay 18.940 migrantes venezolanos: 65 por ciento se encuentra en situación irregular. Más allá de las negativas a otorgar refugios, el gobierno de Arce ha tomado otras medidas que apuntan a resolver el problema de la regularización.

El instrumento básico para lograrlo es el Decreto Supremo 4576 emitido el 25 de agosto de 2021. Según Barrionuevo, su emisión hizo desplomar el número de peticiones de refugio que pasaron de ser 926 el año pasado a 40 hasta octubre de este año. “Demuestra que es un problema de regularización”, señala más allá de las pistas que indican que la cifra también es por una política de desestímulo de Conare a las solicitudes.

El decreto abrió una compuerta de regularización excepcional a través de la eliminación de algunos requisitos y la reducción del costo hasta un 50 por ciento a las personas extrajeras que ingresaron al país hasta un día antes de la emisión de la norma. El gobierno estima beneficiar a unas 3.500 personas. La medida es saludada por Omayrú Hernández, que admite que la eliminación de cobro de multas y los costos arancelarios bajos ayudan.

Sin embargo, la activista recordó que la comunidad venezolana está expuesta a dificultades singulares asociadas a la situación de su país de origen. “Hay entretelones que para cualquier otro extranjero no deberían presentar mayor problema, pero para el venezolano sí por la complejidad de las instituciones en Venezuela”.

Aparte de los pagos contemplados en el Decreto Supremo están los que se deben hacer para cumplir los requisitos. Legalizar una partida de nacimiento de un niño o una niña en Venezuela puede costar 80 dólares sin contar el envío que es de 50 más, dice Hernández. Y apostillar el documento en la embajada venezolana en La Paz cuesta 50 dólares, aunque para los niños es gratuito. Sacar el pasaporte venezolano en la sede diplomática cuesta 200 dólares y si es una renovación son 100 dólares. El trámite no depende siquiera de la embajada en Bolivia, sino de la oficina nacional de extranjería en Venezuela, institución que tiene procesos muy engorrosos y que toman tiempo.

En Bolivia, cumplir con otros requisitos como el de la certificación de Interpol parecen sencillos, pero resultan complicados. “Piden un contrato de arrendamiento del lugar donde habitas y por lo general quien arrienda se niega a dar un contrato de alquiler. Solicitan además la copia de la cédula de identidad del dueño y que todo esté notariado, lo cual es muy difícil”, repasa la vocera de la ONG.

Otros problemas se presentan en las instituciones de donde se deben obtener los requisitos. La mayoría, a diferencia de la Dirección General de Migración, no acepta los documentos vencidos. “Si no tienes un documento vigente para tramitar estos requisitos, no lo logras”.

En esas condiciones, dice, tomando en cuenta los requisitos que deben ser pedidos tanto en Venezuela como en Bolivia, estima que de unas 100 familias que quieren regularizarse, solo 4 ó 5 cuentan con todos los documentos para acceder al decreto sobre todo si tienen niños y quieren regularizarlos. “Cumplir el decreto no es tan fácil como se ve”, concluye la integrante del Equipo Venezuela.

Un perfil cambiante

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) cree que Bolivia cambia su perfil con respecto a la migración venezolana: “Se constituye ya en un país de destino y no en un país de tránsito de la migración, solamente”. Omayrú Hernández coincide que la comunidad venezolana ha ido aumentando. La xenofobia y los conflictos políticos en países de la región han empujado a más personas al territorio boliviano. Además, la cuarentena rígida del año pasado por el Covid-19 hizo que otras decidieran quedarse.

Los que permanecen se dirigen principalmente a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, por las oportunidades de empleo. Los que siguen se dirigen fundamentalmente a Chile a través de Pisiga. Desde allí cruzan la frontera utilizando pasos no autorizados, a menudo guiados por traficantes de personas.

El experto en temas migratorios, Alfonso Hinojosa, identifica que Bolivia, como muchos países de la región, aplica una lógica de seguridad nacional. “Pero no solo hay que discutir sino operacionalizar la idea de que a los migrantes les asisten derechos y si están en tránsito igual”. Dijo además que la actual normativa no alcanza para atender el fenómeno migratorio complejo y las autoridades prefieren ver a un costado, sobre todo a los que van de paso.

El arribo de migrantes venezolanos a Bolivia continúa en ascenso, ya no solo como región de paso, sino como país de destino con las condiciones de seguridad y oportunidades para quedarse y retomar sus vidas que en su tierra natal se fueron acabando.

Estados de Venezuela de los que salen más migrantes
De acuerdo con datos acopiados de enero a septiembre de 2021 por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la mayor cantidad de migrantes que llegan a Bolivia, de paso o como destino, salen principalmente de los estados Distrito Capital, Carabobo, Aragua, Lara y Portuguesa.
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