Vivanco: «Nos preocupa el hecho de que (Añez) permanezca detenida tanto tiempo»

Vivanco dice que la Human Rights Watch revisó la imputación por terrorismo y la proposición acusatoria por genocidio y que no hay evidencia de que ella haya cometido esos delitos.

 

Mery Vaca



José Miguel Vivanco defiende los derechos humanos sin importar el color político del gobernante de turno. El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en el caso de Bolivia, fue un duro crítico de los procesos abiertos durante el gobierno de Jeanine Añez en contra de los miembros del gobierno de Evo Morales, al punto de haber sacado de sus casillas al entonces poderoso ministro Arturo Murillo. Y, ahora, en el gobierno de Luis Arce, expresa su gran preocupación por el manejo político de la justicia, por los juicios basados en tipificaciones cuestionables, por el uso de la detención preventiva con fines políticos, cuyo ejemplo paradigmático es Jeanine Añez.

Vivanco, de nacionalidad chilena, es un especialista en el tema de derechos humanos del continente y, desde Washington, donde desarrolla su actividad, tiene el foco puesto en los populismos autoritarios de la región, entre los que incluye a gobiernos de diverso signo, como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también al de Brasil, gobernado por Jair Bolsonaro, de quien dice que trata de emular a Donald Trump.

El especialista considera que el gobierno de Miguel Díaz Canel (Cuba), el de Nicolás Maduro (Venezuela) y el de Daniel Ortega (Nicaragua) son dictaduras. Todos los nombrados son socios políticos del gobierno de Luis Arce. Vivanco asegura que otros gobiernos de la región también avanzan hacia el autoritarismo, como el de Manuel López Obrador o el de Nayib Bukele.

“Estamos muy preocupados porque el deterioro de la democracia y la credibilidad del sistema democrático está presente en casi todos los países de América Latina. Lo que galopa en la región es el populismo autoritario, de todos los colores”, expresa Vivanco.

Así, como lo hace con cada país de la región, Vivanco hace un seguimiento detallado del caso boliviano. “Bolivia afronta problemas de derechos humanos crónicos y persistentes. Yo destacaría en particular la falta de independencia de la justicia, un elemento central dado que una justicia independiente es condición indispensable para la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos”, responde a Página Siete mediante un cuestionario escrito.

Cuando se le consulta sobre la situación de la expresidenta transitoria Jeanine Añez, quien ya lleva en detención preventiva más de nueve meses, afirma que “Human Rights Watch analizó el documento de imputación por terrorismo y la proposición acusatoria por genocidio y nuestra conclusión es que esos documentos no incluyen evidencia concreta de que ella haya cometido estos delitos. Nos preocupa el hecho de que permanezca detenida tanto tiempo, lo cual constituye un perfecto ejemplo del uso excesivo y con fines políticos de la detención preventiva en Bolivia”.

Human Rights Watch, de la que Vivanco será director para las Américas hasta enero próximo, es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo, según menciona en su página web.

Luego de 30 años en HRW, Vivanco quiere explorar nuevas formas de trabajar por los derechos humanos, pero antes se refiere a la situación boliviana.

¿Cuál es la situación de los DDHH en Bolivia?

Bolivia afronta problemas de derechos humanos crónicos y persistentes. Yo destacaría en particular la falta de independencia de la justicia, un elemento central, dado que una justicia independiente es condición indispensable para la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos. Es urgente que se haga una reforma estructural de la justicia que la dote de independencia e imparcialidad. También es fundamental  que se haga justicia por los casos de asesinato, tortura, abuso sexual y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis social y electoral de 2019. Todos esos casos deben ser investigados en profundidad independientemente de quién haya sido la víctima o el victimario y de sus posiciones ideológicas, y sus responsables deben ser juzgados con las garantías del debido proceso. Asimismo, nos preocupa enormemente la violación de los derechos de mujeres y niñas. En lo que va del año, ha habido 107 feminicidios. Es necesario que el Ministerio Público, el gobierno y las autoridades locales se esfuercen en proteger a las mujeres de la violencia de género e investigar y castigar a sus responsables cuando esa violencia ocurre. De la misma forma, el gobierno debería tomar medidas para despenalizar el aborto y asegurar que el sistema de salud esté preparado para brindar atención integral de salud sexual y reproductiva. Como mínimo, debería garantizar el acceso al aborto legal conforme al derecho vigente sin discriminación, estigma, influencia indebida o demoras innecesarias. Por otro lado, estamos siguiendo con atención el fuerte incremento de los casos de Covid-19 en las últimas semanas. Es muy importante avanzar rápido con la campaña de vacunación para prevenir muertes y hospitalizaciones que comprometan el sistema de salud. Bolivia todavía se encuentra muy por detrás del promedio de la región en cuanto al porcentaje de población vacunada.

¿Cómo ve la constante negativa de hacer una reforma judicial en Bolivia?

La justicia boliviana ha sufrido un progresivo deterioro en los últimos años, que comienza con el gobierno del expresidente Evo Morales, continúa con la expresidenta interina Jeanine Áñez y permanece ahora bajo el gobierno del presidente Luis Arce. Luego de ganar las elecciones presidenciales, Arce afirmó que el sistema de justicia debía ser independiente de la política y prometió una reforma de la justicia. Desgraciadamente, hasta ahora esas buenas palabras no se han traducido en hechos. Al contrario, hemos visto acciones muy preocupantes, como por ejemplo, el decreto de amnistía de febrero de este año, que parecía dirigido a favorecer a partidarios del gobierno, y el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que permitía a agentes del Estado obtener datos privados sin ningún tipo de autorización o control judicial y vulneraba el secreto profesional y de fuente periodística. Presionado por las importantes críticas dentro y fuera de Bolivia, el gobierno acabó derogando el decreto de amnistía y retiró el proyecto de ley. Lo que continúa es el abuso del tipo penal de terrorismo, que está definido en forma excesivamente amplia por la legislación boliviana y contraviene estándares internacionales.

Diversos informes indican que en Bolivia la detención preventiva se ha convertido en la  norma y no en la excepción. ¿Qué implica eso para los derechos humanos?

Efectivamente, en Bolivia la detención preventiva es usada de una forma desproporcionada y excesiva, en violación de los estándares internacionales. Sólo basta con ver que el 65% de los detenidos se encuentra a la espera de un juicio, tal como informó la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch analizó diversos expedientes donde los argumentos utilizados por el Ministerio Público para que una persona esté en detención preventiva son extremadamente genéricos y vagos, de forma que se pueden utilizar para prácticamente cualquier caso e individuo. Es muy problemático que la Fiscalía continúe con esa práctica y también que los jueces admitan cualquier tipo de argumentación para disponer la detención preventiva de una persona. Es muy importante que los agentes de justicia tomen a la detención preventiva como la medida de excepción que es y no como la regla.

Los tipos penales de sedición, terrorismo y conspiración se siguen usando para procesar a los adversarios políticos. ¿Qué opina al respecto?

El Código Penal boliviano incluye tipos penales vagos y amplios que pueden ser utilizados de forma arbitraria y con fines políticos. Ha sido un problema recurrente durante los gobiernos de Evo Morales, de Jeanine Añez y de Luis Arce. En particular, se deben destacar las acusaciones de terrorismo contra personas opositoras al gobierno de turno. La definición actual de terrorismo puede ser utilizada para castigar como delitos acciones que están protegidas por la libertad de expresión y de asociación, así como castigar de manera desproporcionada acciones que distan mucho de lo que se considera un acto terrorista según los estándares internacionales. Es imperativo que el poder legislativo avance en una reforma del tipo penal de terrorismo, en línea con el derecho internacional, para evitar que ella sea utilizada con fines políticos y en violación de los derechos fundamentales de las bolivianas y los bolivianos.

¿Cómo ve el apresamiento y/o procesamiento de alrededor de 90 personas del gobierno transitorio de Jeanine Añez y la situación de ella misma, quien ya lleva nueve meses presa con ampliaciones de sus detenciones preventivas?

Cualquier gobierno tiene el derecho de presentar querellas contra personas que han sido funcionarios de gobiernos anteriores  y de la misma forma el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar investigaciones, pero esas acciones necesariamente tienen que estar basadas en hechos concretos, en evidencia sólida, y se deben llevar a cabo con estricto apego al debido proceso. Sobre el caso específico de Jeanine Añez, Human Rights Watch analizó el documento de imputación por terrorismo y la proposición acusatoria por genocidio y nuestra conclusión es que esos documentos no incluyen evidencia concreta de que ella haya cometido estos delitos. Nos preocupa el hecho de que permanezca detenida tanto tiempo, lo cual constituye un perfecto ejemplo del uso excesivo y con fines políticos de la detención preventiva en Bolivia.

En contrapartida, la justicia ha  liberado de cargos a todos los miembros del gobierno del MAS que, a su vez, eran procesados por el gobierno de Añez.

El gobierno de Añez impulsó procesos penales por delitos de terrorismo o sedición contra más de 150 personas vinculadas al gobierno del expresidente Evo Morales, incluido el propio Morales. Human Rights Watch analizó 21 casos, algunos de ellos contra personas de alto perfil, entre ellos el caso de Evo Morales, y detectamos evidencia de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva. Nuestra recomendación en la época fue que hubiese una revisión independiente y exhaustiva de todos los casos relacionados con exmiembros del gobierno de Morales y que se retiraran los cargos en aquellos casos donde las pruebas no respaldaran las acusaciones. Esto no significa, obviamente, que no pueda haber investigaciones de miembros de gobiernos del MAS, sino que toda investigación de cualquier persona, sin importar la ideología o de qué gobierno participó, tiene que respetar el debido proceso.

¿Qué hacer para salir de este círculo de venganzas de uno y otro bando?

Es imperativo que la justicia deje de ser considerada como un botín de guerra por quien gana las elecciones. El círculo de venganza que usted menciona se da en el marco de un sistema de justicia estructuralmente débil, que es vulnerable a los intereses y presiones del poder de turno. Por ello, recalco la crucial importancia de avanzar hacia una reforma profunda de la justicia, que dote de independencia y seguridad en el cargo a jueces y fiscales, mediante reglas claras basadas en mérito para las designaciones, los ascensos y las destituciones, y les permita así hacer un trabajo serio y eficiente. Sólo de esta forma se logrará una justicia imparcial que deje de moverse como un péndulo al compás de la ideología del gobernante. Hasta el momento, sólo hemos visto anuncios y discursos que prometen avanzar en ese sendero, pero las acciones concretas echan por tierra todo el palabrerío. Instamos al gobierno y a la oposición, en colaboración con la sociedad civil, a realizar verdaderos avances en la reforma de la justicia boliviana en el año entrante.

HOJA DE VIDA

  • Antes de HRW  Trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
  • Académico   Fue profesor en Georgetown y en la Universidad John Hopkins.

Fuente: paginasiete.bo