El jurista considera que las sugerencias que puedan hacerse desde Naciones Unidas sólo servirán si hay un compromiso democrático interno. También opina que los Colegios de Abogados deben participar como veedores en la preselección de jueces.
El gobierno anunció la visita del relator de justicia de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, para el mes de febrero, planteando la invitación como una muestra de “transparencia”. El alto funcionario tendría la misión de evaluar la situación del sistema judicial boliviano y de hacer recomendaciones para su reforma. Sobre el tema, eju.tv consultó al destacado jurista Ciro Añez Núñez, integrante de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales.
eju.tv: ¿Hasta qué punto Naciones Unidas podría incidir en cambios reales en el sistema judicial?
Ciro Añez: Antes que nada, recordemos varios informes anteriores, del GIEI y el World Justice Proyect, donde claramente se ha demostrado la crisis institucional que existe en la administración de justicia boliviana, donde existen honrosas excepciones.
Por ejemplo, el Informe del GIEI en su capítulo 4, relativo a las Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática, menciona cuatro elementos: la falta de independencia de la administración de justicia, la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, el uso abusivo de la prisión preventiva, y los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.
En el caso del World Justice Proyect, señaló que nuestro país ocupa la posición 121 de 128 países en el índice de Estado de Derecho 2020 publicado por esa institución, agregando que Bolivia se ubicó en la posición 29 de 30 países en América Latina y el Caribe.
Con esto se demuestra que existe una profunda crisis y el cambio debe empezar desde adentro, no desde afuera. Naciones Unidas podrá sugerir determinadas cuestiones, hacer recomendaciones por escrito, pero todo depende de que realmente los asuma el propio país. Toda verdadera transformación no es externa sino interna. Todo cambio externo o de fachada es simple reforma, mientras que el cambio interno es verdaderamente capaz de producir transformación. En otras palabras, todo lo dicho por organismos internacionales, por muy supuestas buenas intenciones que tengan, podría acabar siendo pura pose, pues poco o nada influye en los países con grandes problemas. Si no, pregúntenle lamentablemente a Birmania o Haití.
¿El organismo ha logrado algo en los casos de Venezuela y Nicaragua?
Si bien existen evaluaciones y emisión de informes sobre el estado de derechos humanos por país y hasta procedimientos especiales, donde incluso se emiten conclusiones y recomendaciones para determinados Estados, los informes no son jurídicamente vinculantes, sino que vienen a ser pautas interpretativas y orientadoras para la adopción de medidas, que serían provechosas para gobiernos que se precien de ser verdaderamente democráticos y respetuosos del Estado de Derecho. En caso contrario, no tendrán ningún impacto significativo, como ha ocurrido en Venezuela y Nicaragua, donde son bastante preocupantes las vulneraciones a los derechos humanos.
Aún sin reformas de fondo, ¿la visita podría ser una oportunidad para que la sociedad civil plantee la necesidad de una amnistía para los presos políticos?
Teniendo en cuenta la necesidad de descongestionar las cárceles ante la ausencia de una justicia pronta y oportuna, sumado a que la detención preventiva nunca debería ser la regla sino la excepción, como lo indica el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, ni ser asimilada como condena anticipada presumiendo culpabilidad, amerita pensar en una amnistía a presos políticos. No se debería buscar vendetta política pretendiendo forzar delitos como el de traición a la patria para encuadrar a todos los opositores y perseguidos políticos, cuando no existe una auténtica adecuación típica al artículo 124 de la Constitución boliviana.
Sobre la reforma de la justicia, ¿la sociedad civil debería plantearse algún mecanismo de preselección ciudadana de candidatos judiciales, a partir de las diversas corporaciones profesionales?
Para los postulantes a jueces y fiscales, además de promover unos adecuados filtros de comprobación, es de vital trascendencia que cuenten con una auténtica vocación de servicio público y un adecuado nivel ético corroborado y comprobado con el ejemplo, es decir, con el testimonio vivo de sus actos.
Hoy en día, en la búsqueda de mayor eficiencia en la función pública, además del test de preselección como evaluación de los conocimientos técnicos jurídicos especializados de los postulantes, se debiera introducir la prueba psicológica sobre personalidad y aptitud para el desarrollo de las funciones judiciales. Exámenes que sirven de guía para conocer a la persona. Para ser autoridad se debe contar necesariamente con ciertas cualidades de la personalidad, que se encuentran basadas en la escala de valores que cada persona decide tener y sobre inteligencia emocional. Para esa prueba se debe contar con la contratación de un equipo técnico profesional altamente especializado y de trayectoria, obviamente sin participación de la política partidaria.
Todos los Colegios de Abogados deberían tener una participación más protagónica y no dejarse politizar, ni tampoco intimidar ni buscar favoritismo alguno. Donde no sólo se limiten a manifestarse por escrito de forma crítica sobre la realidad, sino que deberían ser tomados en cuenta en el proceso de comprobación por departamento, como veedores nacionales, donde puedan advertir cualquier irregularidad en el proceso. Exigiendo calidad institucional tanto al Órgano Judicial como a la Fiscalía, demostrando de esta manera su propia valía e importancia como ente colegiado, ejerciendo el debido control social.
Edición y entrevista: Emilio Martínez
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