Condenan a dos años de cárcel al exgobernador tarijeño Adrián Oliva

POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

 



Fuente: erbol.com.bo

La justicia determinó dictar sentencia condenatoria de dos años de cárcel contra el exgobernador de Tarija, Adrián Oliva, por el delito de incumplimiento de deberes en el caso CONBOLAT.

La condena debe cumplirse en el penal de Morros Blancos, informó la Fiscalía.

En este caso, la Fiscalía acusó a Oliva de haber incumplido una sentencia de amparo constitucional a favor de la empresa CONBOLAT, que había solicitado levantar una sanción que le había impuesto la Gobernación.

Además de la condena de dos años, se dictó la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por cinco años, además de la cancelación de costas y costos por daños y perjuicios a la víctima, sostuvo la fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, exministra del gobierno de Evo Morales.

La fiscal Adriana Flores detalló que el año 2016, la Gobernación al mando de Oliva sancionó a la empresa unipersonal CONBOLAT, encargada de la supervisión de la construcción del Hospital Materno Infantil, impidiendo que la misma pueda adjudicarse a otros contratos, además de retener la garantía de 58 mil bolivianos.

Ante esta situación el representante legal de la empresa, presentó una acción de amparo constitucional y el 14 de noviembre del mismo año el Tribunal de Garantías emitió la sentencia a favor suyo.

En ese marco los Vocales de la Sala Social Administrativa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija ordenó al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que en un plazo de 24 horas deje sin efecto la sanción, la liberación de la garantía, entre otros; sin embargo, la determinación judicial fue incumplida.

Debido a esa situación, en 2017 el representante legal de la empresa presentó denuncia ante la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

En su defensa, Olivo dijo en 2021 que sus actos fueron para concluir el proyecto del hospital Materno Infantil, y que lo estaban procesando por haber defendido al pueblo y no a los intereses empresariales. Su defensa señaló que la resolución del contrato de la empresa se dio por causas atribuibles a la propia compañía.