El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, reveló que está en marcha la segunda fase del plan de desarticulación de las “bandas criminales de organizaciones parapoliciales y grupos irregulares” que operaron en la crisis de 2019 y que implica identificar a la “segunda línea de mando” y financiadores de grupos como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

“Identificar y procesar a la segunda línea de mando de las bandas criminales de organizaciones parapoliciales y grupos irregulares de la Resistencia Juvenil Kochala (RJK), Unión Juvenil Cruceñista (UJC), y otros grupos violentos auto identificados como ‘Pititas’”, en esta segunda línea de acción, informó en un mensaje en el muro de Facebook del Viceministerio de Régimen Interior.

Se informó de estas acciones horas después de que Cox fuera cuestionado desde la oposición y el propio oficialismo por la denuncia de contratación de Óscar Villarroel, apuntado como abogado del exministro de Gobierno Arturo Murillo, encarcelado en Estados Unidos por corrupción. Se informó que Villarroel ya no es funcionario de esta cartera de Estado.

Al momento, los líderes de la RJC como Yassir Molina están en la cárcel. Su detención preventiva fue ampliada por dos meses, es acusado por una serie de hechos de violencia cometidos en Sucre en 2020 cuando exigía, junto a otros, la renuncia del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

La RJC también actuó como grupo de choque en la crisis de noviembre de 2019, cuando sus miembros montados en motocicletas agredían a quienes se movilizaban en favor del expresidente Evo Morales. En Santa Cruz, similar acción asumieron personas vinculadas con la UJC.

Cox informó que las acciones irán también contra los “militares, policías y civiles que fungieron como “instructores” de las bandas criminales de organizaciones parapoliciales y grupos irregulares violentos en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí y otros lugares identificados”.

Otros actores a identificar son las “personas y dueños de negocios que actuaron como financiadores mediante depósito en cuentas bancarias, préstamos de “casas de seguridad”, donaciones en combustible para los ‘motoqueros de la muerte’, explosivos y escudos artesanales, entre otros”.

En lo político identificarán a quienes apoyaron “en manifestaciones agresivas y encubiertas como organizaciones de derechos humanos y de cooperación con los ‘motoqueros’ y grupos de choque”, además de la “injerencia directa de personeros extranjeros en La Paz, que al igual que el apoyo que brindaron al golpe de (Jeanine) Añez, no dejaron de asistir a los procesados por la masacre de Senkata de 2003 (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sanchez Berzaín)”.

Cox aseguró que pese a quien pese, “cumplirá con las instrucciones del Presidente Luis Arce de no dejar pasar la impunidad de los criminales ni olvidar que el pueblo boliviano y las víctimas no quieren venganza sino justicia, verdad y memoria”.

Áñez tomó el poder el 12 de noviembre de 2019 tras la dimisión de Morales, acorralado por denuncias de fraude electoral, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión. Poco después movilizaciones en favor de Morales fueron intervenidas por militares y policías en Sacaba y Senkata con el saldo de más de una veintena de muertos por impactos de bala.

Los resultados de las acciones serán hechas conocer al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas.