Las autoridades nacionales rechazan el desacato y aseguran que las demandas planteadas se basaron en antecedentes jurídicos inexistentes
“Esto ya ha llegado a un punto que es muy grave. Cuando ya se busca dañar la salud de los bolivianos, se busca mentirle al sistema de administración de justicia y tergiversar la verdad, lo que hay que hacer es tomar medidas jurídicas. No es posible que se vaya a un tribunal con mentiras, con falacias, con medias verdades, que se desoriente a la población, eso no está bien ni éticamente ni jurídicamente y habrá que accionar como Gobierno para impedir que esta situación esté afectando a personas”, advirtió el ministro de Justicia en una entrevista en el canal estatal.
Un grupo de abogados y activistas presentaron este lunes una acción popular en contra del presidente Luis Arce y el gabinete de ministros para impedir la aplicación de los decretos y piden medidas cautelares, que significa que deben quedar en suspenso hasta que se dirima su demanda. La justicia debe pronunciarse en 10 días sobre esta demanda.
El ministro de Salud, Jeyson Auza, también se refirió al caso y dijo que los decretos permiten que el ciudadano tome su propia decisión, se vacuna o se toma una prueba PCR para acudir a lugares densamente poblados y garantizar a los ciudadanos no correr peligros.
El ministro Lima aseguró que la demanda que presentaron en La Paz está basada en mentiras que le presentaron al Tribunal Constitucional, aseguró que los demandantes pusieron como antecedente una demanda que presentaron en Argentina y recordó que esa demanda fue presentada el 28 de diciembre del pasado año y no existe pronunciamiento judicial en el vecino país, por tanto no existe un antecedente judicial.
Asimismo, dijo que los demandantes aluden un supuesto fallo judicial en EEUU, fallo que no existiría y que fue obtenido de las redes sociales. Otro argumento de los “antivacunas” fue el de los convenios internacionales que estarían siendo violados por el actual Gobierno, Iván Lima aseguró que todos los convenios internacionales deben ser ratificados por una Ley en Bolivia y si no cumple ese requisito no puede ser parte de la normativa legal ni constitucional del país.