Fiscalía General niega acceso a resultados de auditoría jurídica que favorecen a Cafferata

Centeno destaca la importancia de contar con el informe de auditoría debido a que en los próximos días un tribunal dilucidará sobre la pertinencia de la prescripción del caso.

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Sed del tribunal Supremo de Justicia. Foto: TSJ

Fuente: ANF

La Fiscalía General del Estado negó la entrega de copias de la auditoría jurídica realizada al caso de Renatto Cafferata, en la etapa investigativa, solicitada por la defensa de este proceso. El argumento de la negativa fue que son documentos cuyo destinatario específico es la Fiscalía departamental de Santa Cruz.
Gladys Centeno, madre de Renatto, dijo que ese documento es “potencialmente importante” para el caso debido a que revela lo que realmente sucedió el día de los hechos –enero de 2011- cuando la enamorada de su hijo sufrió un ataque mortal y perdió la vida, crimen que es atribuido a Cafferata en un proceso judicial en el que nunca pudo dar su versión de los hechos. Fue sentenciado a 30 años de cárcel pese a que las pruebas científicas lo exoneran.
“La Fiscalía General y la Fiscalía departamental de Santa Cruz tratan de convertir esto en un tema confidencial para negar la auditoría que se realizó a pedido de la defensa de Renatto”, dijo Centeno.
Al identificarse marcadas irregularidades en el proceso de investigación de la fiscalía con pérdida de pruebas fundamentales, trato discriminatorio por su calidad de extranjero e incluso extorsión con pedido de dinero de parte de los investigadores y fiscales, la defensa de Cafferata junto a la propia embajada del Perú en 2012 demandaron la auditoría jurídica a esta etapa de la investigación.
En 2020, nueve años después, se concreta la auditoría, pero se niega el acceso a una copia del informe debido a que además de las irregularidades detectadas, el documento señala responsabilidades penales y administrativas de las autoridades que llevaron adelante una investigación con omisiones, señaló Centeno, que indicó que al abogado solo se le permitió leer parte del informe.
Desde 2020 la familia de Cafferata y sus abogados, el representante de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz y hasta la Embajada del Perú solicitan el informe de auditoría, pero les es negado.
Centeno destaca la importancia de contar con el informe de auditoría debido a que en los próximos días un tribunal dilucidará sobre la pertinencia de la prescripción del caso.
“Para poderte defender de que has sido acusado injustamente por la fiscalía y que incluso ni has podido declarar, ahora la fiscalía que te acusó dice que es confidencial la auditoría que te favorece”, mencionó Centeno.
Las graves irregularidades dentro del proceso penal contra Renatto Cafferata también fueron detectadas por la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura, cuyas conclusiones fueron entregadas a la defensa del caso en 2021, el que corrobora todas las denuncias realizadas por el imputado, ahora sentenciado. Incluso señala como responsables a los distintos vocales -Sigfrido Soleto, Hugo Iquise, entre otros- e instruye procesos contra ellos por haber incumplido la sentencia constitucional 0099/2016-S2 que determina un nuevo juicio para Cafferata por haberse vulnerado sus derechos fundamentales sin permitir el derecho a la defensa.
La Sentencia Constitucional determinó en 2016 que Cafferata fue coaccionado a prestar declaración, no obstante existir certificación médica forense que acreditaba su delicado estado de salud y recomendaba su internación inmediata; hizo evidente que el Tribunal que llevó el juicio actuó con “excesivo formalismo y marcada arbitrariedad y abuso respecto a sus atribuciones procesales”; que se le denegó la producción de prueba extraordinaria, entre otros puntos. Pasaron caso seis años y ninguna autoridad judicial cumplió la sentencia.
Durante los años que lleva detenido, todos los recursos presentados por Cafferata y sus abogados en busca de justicia y el esclarecimiento de los hechos, en el marco de lo que exige el sistema de justicia penal, fue objetado y rechazado. El interminable proceso plagado de obstáculos y piedras en el camino, solo constituye, para Cafferata, “un inmenso desgaste económico, físico y moral”.
La segunda semana de enero se cumplen 11 años que está en prisión Cafferata y sin que hasta la fecha se haya ejecutado la Sentencia Constitucional que le favorece. Su defensa presentó ante la Sala Constitucional de turno de Chuquisaca un Amparo Constitucional para la prescripción del caso, la última oportunidad en el sistema judicial boliviano para conseguir justicia. La audiencia está reprogramada para el 10 de enero. El 1 de diciembre se suspendió.
Cafferata y su familia confían en que el Tribunal de Chuquisaca obrará con justicia para poner fin a la década de carrera de obstáculos e injusticias a las que fue sometido.
“Confío que con esta auditoría (del Consejo de la Magistratura) que tenemos y con la resolución del Tribunal Constitucional y con todos los antecedentes que tenemos y marcando la línea de la sentencia constitucional 0099/2016, que nadie ha querido cumplir, el Tribunal de Chuquisaca vea realmente con ojos constitucionales todo lo que han hecho en contra de mi hijo”, señaló Centeno.
Dijo que la única esperanza de la familia es que en la audiencia se pueda determinar la prescripción del caso, que de acuerdo a ley es lo que corresponde.