Gobierno aprueba crédito por Bs 160,1 millones a favor de Sedem y EBA

Dos normas establecen que, el contrato de préstamo tendrá un plazo de 15 años, una tasa de interés anual del 1% y la forma de pago será anual.

Fuente: paginasiete.bo

 



El Gobierno autoriza un crédito financiero por un total de 160,1 millones de bolivianos a favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), y para la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), para encarar proyectos productivos y sustituir las importaciones, señala dos decretos supremos aprobados por el Gobierno.

“Se autoriza al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) a suscribir un contrato de préstamo con EBA, por un monto de Bs 94,5 millones con recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), destinados a financiar el proyecto implementación Planta de Transformación de Productos de la Amazonía Boliviana”, señala el artículo 2 del Decreto Supremo 4660, promulgado el 12 de enero pasado.

El segundo caso tiene que ver con la otorgación de recursos económicos al Sedem, que serán financiados por el Finpro, para que destine a la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes, el objetivo es apostar a emprendimientos productivos orientados a la producción orgánica y la industrialización de recursos naturales, a fin de reducir el uso de agroquímicos.

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“Se autoriza al BDP a suscribir un contrato de préstamo con el Sedem, para la Empresa de Fertilizantes, por un monto de Bs 65,6 millones, con recursos del Finpro, destinados a financiar el proyecto Implementación Planta de Bioinsumos en Santa Cruz”, señala el artículo 2 del Decreto Supremo 4659.

En ambos casos, las normas establecen que, el contrato de préstamo tendrá un plazo de 15 años, que incluye cinco años de gracia a capital e intereses; una tasa de interés anual del 1% y la forma de pago será anual.

Además, establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural será el encargado de realizar la evaluación, seguimiento físico-financiero y el control de los recursos del financiamiento otorgado a ambas estatales.