RESOLUCIÓN. La Sala Constitucional de Tarija denegó una Acción de Amparo Constitucional contra un tribunal que dejó sin efecto una sentencia que obligaba a Petrobras Bolivia S.A. a pagar $us 61 millones por “uso de propiedad agraria” en el Campo San Alberto.
Fuente: El Mundo
El Ministerio de Hidrocarburos informó que la justicia de Bolivia dio un importante mensaje en el ámbito energético y de hidrocarburos por lo que las inversiones extranjeras en este rubro están respaldadas por el marco normativo que rige en territorio nacional, es el caso de las inversiones de Petrobras Bolivia en el sur del país.
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, explicó que se trata de un fallo de la Sala Constitucional Primera de Tarija, que denegó en las últimas horas, una Acción de Amparo Constitucional presentada contra los miembros de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional.
En junio pasado ese tribunal agroambiental dejó sin efecto la sentencia que obligaba a Petrobras Bolivia S.A. a pagar $us 61 millones por concepto de “uso de propiedad agraria” en el Campo San Alberto (Región Autónoma del Gran Chaco).
Así, según el dignatario de Estado, la justicia boliviana corroboró las garantías jurídicas para las empresas extranjeras que invierten en el país en materia energética e hidrocarburífera.
“Para el Gobierno es muy importante destacar el alto sentido de responsabilidad que ha tenido la mencionada Sala Constitucional Primera al actuar conforme a derecho. Esta decisión de la justicia boliviana es trascendente porque evidencia la seguridad jurídica que existe en el país para las inversiones externas, especialmente en el sector de hidrocarburos”, remarcó Molina, de acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos.
El titular de esa cartera, añadió que su despacho realiza un minucioso seguimiento de este caso, mediante los equipos de abogados de esa instancia y YPFB, por las implicaciones económicas del caso, especialmente por tratarse de una operación petrolera donde YPFB es socia a través de la empresa YPFB-Andina.
La empresa Petrobras Bolivia, se veía obligada a pagar $us 61,5 millones a una familia por el uso de los terrenos donde está ubicado el pozo petrolífero y gasífero de San Alberto, en cumplimiento a un fallo judicial del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos a cargo de Verónica Hesse de los Ríos.
El fallo fue revisado el lunes en una Sala del Tribunal Agroambiental, dentro de un recurso de casación interpuesto por Petrobras, que alega que el demandante no habría demostrado el derecho de posesión de la tierra y la función económica social.
El campo San Alberto entró en producción de gas y petróleo el año 2000. Este yacimiento es operado por Petrobras Bolivia S.A. y tiene como socios a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)-Andina y la empresa Total Energies.
Petrobras Bolivia es la estructura que responde por todos los negocios de la compañía en Bolivia. Constituye una unidad autónoma que está ligada a la Gerencia Ejecutiva del Cono Sur del Área de Negocios Internacional de Petrobras.