La justicia allana el camino para juzgar a los responsables del asesinato de los jesuitas en 1989

«Es una importantísima decisión, por fin se aniquila la impunidad que había existido en El Salvador para enjuiciar a los responsables de los horrendos crímenes cometidos contra los padres jesuitas», afirma en entrevista con RFI desde España, el abogado Manuel Ollé, representante de la acusación contra los responsables del magnicidio que sacudió la sociedad salvadoreña hace más de tres décadas.

En un fallo emitido el miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, afirmó que «ha lugar el amparo» requerido por el fiscal general Rodolfo Delgado contra una decisión de septiembre de 2020, emitido por la Sala de lo Penal de la misma Corte, que ordenaba la «nulidad absoluta del proceso penal» en contra de varios militares, señalados como responsables del crimen que el 16 de noviembre de 1989 se cobró la vida del hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría , en ese entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amado López y Juan Ramón Moreno, así como los salvadoreños Joaquín López, la cocinera Elba Ramos y su hija Celina Mariceth, de 15 años.



La Sala de lo Penal de la Corte en su momento argumentó motivos de «prescripción de la acción penal» para anular el proceso. Fue ese el punto que en noviembre pasado la Fiscalía conducida por el fiscal general Rodolfo Delgado pidió anular, y que la sala de Constitucional avaló bajo el principio que se trata de crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles. «Es el cumplimiento del derecho internacional, es el reconocimiento de la naturaleza de esos crímenes que se cometieron en un contexto de criminalidad estatal, de crímenes de guerra y por tanto de crímenes contra la humanidad», subraya el abogado Ollé.

En septiembre de 1991, un tribunal de la capital salvadoreña juzgó a nueve militares que aparecían como autores materiales, sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismo humanitarios que a lo largo de todos estos años han realizado una infatigable labor para poner el alto a la impunidad.  Ante la ausencia de justicia en El salvador, los familiares de los sacerdotes asesinados impulsaron en 2009 un juicio en España, en el que el abogado Manuel Ollé fungió como representante de la acusación.

Sobre la posibilidad que la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema pueda ser impugnada por los abogados de los acusados, retrasando una vez más la justicia Ollé precisa: «todos los impedimentos que se habían establecido ahora, todos los palos en la rueda de la maquinaria de la justicia salvadoreña diciendo que si eran crímenes o delitos que habían prescrito, que si la ley de amnistía tenía vigencia, esos y otros tantos obstáculos quedan despejados. Es como empezar de cero; como llegar al juzgado, empezar a instruir, empezar a investigar, y en función de las pruebas que resulten y de lo que vaya sucediendo enjuiciar a los que aparezcan como responsables, pero no solo a los autores materiales sino, y en este caso cobra especial importancia, a los actores intelectuales».

El Constitucional dio 10 días a la Sala de lo Penal para que «modifique» la resolución del 2020 en la que cerraba el caso, pues «violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas». Cabe la pregunta si dada la avanzada edad de varios de los señalados como autores intelectuales de los asesinatos, tales como el ex presidente Alfredo Cristiani (75 años), los generales Humberto Larios (81 años), Juan Bustillo (86 años), entre otros, escaparán a la prisión. El abogado Manuel Ollé responde. «Creo que lo primero que hay que hacer es enjuiciarlos, y para el enjuiciamiento no es necesario tener 20 años ni 90. Lo importante es si física y sobre todo psíquicamente están en condiciones de poderse defenderse o no. hasta donde yo sé, todos están en sus plenas capacidades físicas y psíquicas».

Radio Francia Internacional