El Vicepresidente de la Asamblea Departamental anunció acciones legales contra quienes modificaron el Presupuesto de Tarija, afectando así diversas inversiones, como la atención al Covid-19.
Fuente: El País
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cercenó el Presupuesto Departamental 2022 para dar al Gobierno Regional del Chaco el 45% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), un porcentaje que sigue generando debate entre las autoridades departamentales, pues mientras la Gobernación de Tarija asegura que no hay una norma nacional que especifique esa transferencia, desde el Gran Chaco hacen mención a una serie de leyes que establecen esa transferencia.
De todas maneras, desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) hacen recuerdo que cualquier modificación al Presupuesto Departamental es tuición de ese ente legislativo y no del Gobierno Nacional. Por lo que el vicepresidente, Mauricio Lea Plaza, anuncia acciones legales contra esa “acción arbitraria”.
La denuncia y la respuesta
Fue Lea Plaza quien, la mañana del martes 11 de enero, denunció que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Planificación modificaron el Presupuesto Departamental, disponiendo de 23,6 millones de bolivianos, recursos que estaban destinados, por ejemplo, a la atención de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
En respuesta, el Ministerio de Economía emitió un comunicado justificando la modificación del POA 2022, indicando que el Gobierno Departamental de Tarija distribuyó “de manera discrecional los recursos del 45% del IDH que le corresponde al Gobierno Regional del Chaco”.
Para establecer el 45% del IDH para el Chaco, el Ministerio hace mención de diversas normas, como las Leyes Departamentales N° 139 de Administración de Presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y la N° 149 de Fomento a la producción, industrialización y mercadeo del trigo “el pan de cada día”. También hace mención al Convenio Intergubernativo entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Regional de agosto de 2020, a través del cual le confiere competencias en Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, Biodiversidad, entre otros. De igual manera se hace referencia a las leyes nacionales N° 3384 y N° 3385, ambas del 3 de mayo de
2006, y la Ley N°3861 de 14 de mayo de 2008, que establecen que del 45% del IDH debe ser destinado a viviendas sociales, sector productivo y agropecuario, entre otros, a favor de los municipios del Chaco.
“Por lo tanto, la Gobernación de Tarija no debió disponer de los recursos mencionados, afectando la autonomía regional y las competencias transferidas al Gobierno Regional del Chaco”, indica el comunicado del Ministerio.
Esa cartera de Estado justifica su intervención en el POA 2022 indicando que el Artículo 340 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 114 de la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización, le da la atribución de realizar ajustes a los presupuestos institucionales de aquellas entidades públicas que no cumplen con dicha normativa, “como es el caso del GAD de Tarija”, recalca el comunicado.
El Vicepresidente de la ALDT no tardó en responder al Ministerio de Economía. Lea Plaza recalca que la única instancia facultada para modificar el Presupuesto de Tarija es la Asamblea Departamental.
“Tanto la CPE como la Ley Marco de Autonomías facultan al Gobierno a regular sobre las directrices y clasificadores para la formulación presupuestaria, sin embargo, no le otorga facultad alguna para cambiar o modificar el presupuesto de ninguna entidad autonómica”, indica la misiva de Lea Plaza.
El legislador insiste en que no hay una norma específica que establezca el 45% del IDH para el Chaco.
“La actuación abusiva y caprichosa del Ministerio extralimitándose en las facultades y funciones de órgano rector, vulneró y quebrantó una vez más la autonomía departamental, que implica decidir respecto al destino de sus recursos, usurpando sus competencias y atribuciones constitucionales exclusivas”, recalca.
Lea Plaza reitera que la disposición de los 23,6 millones de bolivianos dejó en “cero” el presupuesto de lucha contra el Covid-19 y redujo el presupuesto destinado al fortalecimiento de los pueblos indígenas.
“Asimismo, se afectó el mantenimiento de caminos, la seguridad ciudadana, así como otros programas y proyectos de inversión pública”, recalca el asambleísta, a tiempo de reiterar que iniciará acciones legales por la modificación del POA 2022.
Asimismo, adelanta que promoverá las modificaciones presupuestarias necesarias para la reposición de los gastos estratégicos programados.