Modelo vicioso de administración de Justicia

 

 



“La contradicción fundamental de nuestro tiempo es la que aparece entre una democracia institucional y otra sometida a la autoridad de un pueblo abstracto que solo puede expresarse como pueblo a través de caudillos, autócratas y dictadores.” Fernando Mires

Mejor definición imposible para darle nombre a la contradicción que vivimos en Bolivia. De un lado, un ex presidente que hizo fraude, renunció, huyó en un avión mexicano y volvió como jefe máximo de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS). Desde ahí manda, ordena, dice y hace decir a sus súbditos lo que él quiere que se oiga. Es el caudillo Evo Morales que cultiva hoja de coca, materia prima de la cocaína, y cría peces, según dice.

Desde la jefatura del MAS se otorga la representación de la voluntad del pueblo resumido a siglas: las seis Federaciones de Cocaleros, Pacto de Unidad, COB, Conamaq, CSUTCB, Bartolinas, y alguna otra. Todas han perdido su independencia sindical e identitaria por el uso y abuso que Morales ha ejercido y ejerce sobre ellas.

En abierta violación a una democracia institucional, nada más patético que la prisión a la que somete a la expresidenta interina y constitucional Jeanine Añez Chávez. Como tal, le correspondía caso de corte. Human Rights Watch (HRW) no halló pruebas de que Añez hubiese cometido actos de terrorismo, sedición o genocidio inscritos en el ‘Golpe de Estado I’, por el que fue condenada a seis meses de prisión preventiva.  El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de NNUU han denunciado la vaguedad de la definición de los tipos penales de terrorismo y sedición en la normativa boliviana, y que ambos son usados con fines de persecución a opositores políticos. Sin poder probarlos, los leguleyos de Morales se inventaron el ‘Golpe de Estado II’ para juzgar a Añez, en su calidad de senadora por vía ordinaria, por el que le asestaron otros 6 meses de preventiva. Pretenden juzgarla y condenarla antes de que se cumpla el primer año de la misma, el 13.III.22.

Al ex Morales cocalero no le importan los procedimientos, las normas, la legalidad, ni la probidad de fiscales y jueces. El caudillo autócrata en representación de un pueblo reducido a siglas se comporta como lo que es: un dictador que ejerce su poder vengativo sobre la vida de una expresidenta, a la que maltrata y humilla, como a otras 50 personas, entre ellas militares y policías acusadas de golpistas.

 HRW, en su Informe Mundial 2022 sobre Derechos Humanos, sostiene que el expresidente Evo Morales “socavó la independencia judicial durante sus casi 14 años en el poder”. Subraya que alrededor del 80% de los jueces y fiscales aún son “transitorios”, lo cual “aumenta el riesgo de que tomen decisiones para complacer al gobierno de turno y así poder permanecer en el cargo”. Apunta a que el actual gobierno de Luis Arce respalda acusaciones contra Añez sin la evidencia necesaria y que el sistema judicial boliviano “sufre los efectos de la interferencia política desde hace años”. El informe recoge las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) agosto 2021, sobre la falta de independencia del sistema judicial y ubicó a Bolivia en un grupo de países donde se detecta “diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos, lo que amenaza el sistema democrático y le deja en total indefensión.

Es lo que Gabriela Ichazo E. identifica como el ‘lawfare’, es decir, “el modus operandi detrás de operadores que responden a los montajes y andamiajes de mesas judiciales, armado de causas y estrategias de comunicación jurídica, organizadas para plantar el disciplinamiento social y demoler al adversario político o reducir al enemigo necesario.” Y siempre “forzando el avance del aparato punitivo del Estado por fuera del sistema de garantías tanto nacional como internacional.

La otra cara de la contradicción a la que alude Mires, es la democrática institucional. En Bolivia cuenta con una oposición política dispersa, como la que participó en las elecciones 2019 y 2020, cuya dispersión propició el retorno del MAS al ejercicio del poder. A más de un año, la oposición política sigue en ese estado, carece de un liderazgo individual o colectivo como contrapeso al caudillo Morales, y de una estrategia unitaria frente a los zarpazos del gobierno de Arce y del aparato político del MAS.

Cierto que los asambleístas de los otros dos partidos con representación parlamentaria, Comunidad Ciudadana y Creemos, interpelan al régimen, hacen declaraciones oportunas contra los abusos, medidas y leyes que ordena aprobar el Ejecutivo, o Morales, o en consonancia. No la tienen fácil, en medio de la hostilidad masista y sus discursos de odio. En ese marco institucional democrático y con la sociedad civil en las calles han jugado un papel clave en la derogatoria de leyes atentatorias a la economía popular, con mayoría en la informalidad pobre que vive del día a día, pero que incluye bolsones del llamado capitalismo popular muy variopinto, con burguesías populares y empresariales de diversas regiones del país.

En tanto, la contradicción política seguirá latente mientras la democracia institucional sea conculcada por el caudillo dictador con vocación autocrática, por otros que siguen sus huellas, aplican un modelo vicioso de administración de Justicia y fortalecen un Estado punitivo al margen de garantías. Ese es el problema: la democracia en retroceso.

 

Susana Seleme Antelo