Patrimonio y ambientalismo “caviar”

Gracias al impacto involutivo en el régimen de autonomías que tuvo el doble septenato del ciclo evista, la ciudad de Cochabamba no tuvo verdaderas autoridades municipales por más de quince años, y sobre las espaldas de sus tres pasados alcaldes los oportunistas y las corporaciones sembraron nabos. El gremialismo invadió sus avenidas, el transporte público hizo metástasis y la industria del oenegismo, prohijado por la izquierda pro-jacobina, enajenó su patrimonio.

Hoy que los cochalas tienen de nuevo un alcalde, esos que sacaron ventaja del vacío de autoridad en Cochabamba reaccionan al mejor estilo del marxismo verde de Primer Mundo, solapada y ladinamente, con una campaña de propaganda ruin y falaz ante la decisión de su alcalde de recuperar para su ciudad lo que ellos se agenciaron para usufructo particular, léase el Museo de Historia Natural “Guillermo Urquidi”.



Validos de una interpretación perniciosa de la Ley de Declaratoria de Patrimonio 593 que reconoce calidad patrimonial “cultural material inmueble” al museo de la ciudad, este seudo ambientalismo de niños-bien (segunda generación del oenegismo orbital al MIR de Jaime Paz) pretende que la ley hubiera declarado patrimonio a un inmueble donde transitoriamente el gobierno de la ciudad le permitió asilarse a los administradores de su museo, allá por los 1999.

En la edición de Página Siete de enero 19 la Sra. Jhannise Vaca, una ambientalista de moda, de esas que solventa sus incursiones en el Starbucks de Equipetrol con una retórica ambientalista sin correlato histórico, pretende pescar de incauta a la opinión pública nacional con piezas de poesía verde sin mayor soporte que su entusiasta interpretación de una norma que es tácita:  el bien declarado patrimonio tiene como georreferenciación no un predio, sino todo el municipio de Cercado del departamento de Cochabamba.

El legislador proponente sabía que la residencia del museo en los predios Haas era transitoria y no tenía sustento legal. Por eso, a diferencia de las declaraciones patrimoniales de otros museos cochabambinos como la Casona Santibáñez o la Casona Mayorazgo, esta ley declaratoria de patrimonio 593 refiere la inamovilidad patrimonial del museo a la ciudad, sea este en Muyurina, Recoleta o La Tamborada, no así a un inmueble.

La columnista en cuestión ni siquiera se ha enterado que la razón social del Museo de Historia Natural ha sido cambiado de manera subrepticia por quienes hoy lucran de él, sin que en el Registro Municipal conste este bien bajo ningún otro nombre sino el que le confirió una Ordenanza Municipal en reconocimiento al primer naturalista, cronista y poeta cochabambino Guillermo Urquidi.

La ambientalista amateur tampoco sabe que la declaratoria patrimonial no dice “natural” y que el predio donde actualmente yacen las piezas del museo es una edificación condenada a demolición, cuya propiedad municipal está vinculada al cumplimiento de la “necesidad e interés público” que la municipalidad valluna arguyó a tiempo de expropiársela a la familia Haas. Tampoco conoce, al parecer, que  no habiendo cumplido los anteriores tres alcaldes con el mandamiento de expropiación los herederos de la familia expropiada han demandado a la ciudad de Cochabamba en demanda de la restitución de lo expropiado por habérsele dado un fin diferente al que la norma prescribe.

Esos son los hechos documentales que, por ignorancia o mala fe, las redes no-gubernamentales que tienen secuestrado el patrimonio cochabambino omiten.

Hay en Cochabamba, y por lo visto en Bolivia, un activismo verde “caviar” que lucra a título de  “sin fines de lucro” y que se pretende “defensora del patrimonio cochabambino” cuando desconoce por completo su historia.

 

 

Edson Vélez Terrazas

Sociólogo y Magister en Desarrollo Local por la FLACSO