En el marco de una economía hiperpolitizada, la prioridad es el manejo de influencias, mientras que la calidad técnica y humana queda relegada.
El lapsus revelador del presidente Arce sobre la “tecnología suiza, no china, porque queremos lo mejor para el pueblo boliviano”, puso en evidencia la desconfianza hacia la calidad técnica de la potencia asiática, país que, paradójicamente, es objeto de un trato privilegiado por la administración gubernamental.
Para ahondar en el tema, eju.tv buscó la opinión del economista Christian Aramayo Arce, director del Centro de Desarrollo Humano y Empleabilidad.
eju.tv: Tras las palabras del primer mandatario, ¿cómo se explican las preferencias del Estado boliviano hacia China en la explotación del litio, la sísmica petrolera o en la ejecución de obras públicas, entre otros rubros?
Christian Aramayo Arce: A nivel mundial, existen firmas muy serias dedicadas a diferentes rubros con niveles de especialización que no dejan de impresionar. Cuando uno revisa las firmas más grandes e importantes del mundo, uno no encuentra mucho interés en Bolivia por las difíciles condiciones para realizar negocios en el país. Esto particularmente se debe a las restricciones gubernamentales, específicamente el irrespeto a los derechos de propiedad y el contar con una justicia que está supeditada a un grupo de poder político-partidario.
Así las cosas, cabe preguntarse, ¿qué tipos de empresas estarían interesadas en invertir en Bolivia si el propio gobierno promueve la informalidad o avala la violación sistemática de los derechos de propiedad?
En general, si hablamos de grandes inversiones, las firmas deben estar dispuestas a hacer un lobby impresionante, mover muchas influencias generando condiciones, como lo ocurrido con la expareja de un nefasto ex presidente, lo que hiperpolitiza la forma de hacer negocios. Entonces, la calidad técnica y humana queda relegada a un tercer o cuarto lugar. La prioridad es la política y el tráfico de influencias.
Dicho esto, detrás de las decisiones de política internacional del gobierno boliviano dirigido por el Movimiento Al Socialismo, existe una línea explícita de lógicas geopolíticas asociadas a los intereses de China, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba y otros aliados formales (partidos políticos, activistas y medios de comunicación alineados) e informales (grupos irregulares armados, entre otros también alineados).
Por mínima coherencia, ¿el gobierno debería incluir estándares de calidad tecnológica en muchas de sus licitaciones?
En papeles, existen requisitos de calidad técnicos establecidos en cada documento base de contratación, pero por los incentivos políticos generados desde el mismo gobierno, queda en duda la aplicación de estos criterios. Para solucionar estos problemas, es determinante la reforma de la administración de justicia.
Un criterio importante es la calidad institucional de las fuentes de financiamiento, esto supeditado a índices internacionales. Lo institucional es importante porque en cada transacción comercial no se intercambian únicamente bienes y servicios, la transferencia no se da únicamente en términos pecuniarios. La transferencia más importante se da en términos institucionales, es decir, se importa la forma de hacer negocios y la cultura organizacional de la empresa que invierte en un país.
En este caso, estamos hablando de un país cuya calidad institucional no es de las mejores en el mundo y cuenta con prácticas autoritarias, tanto a nivel político (particularmente en lo que refiere a libertad de expresión) como a nivel de derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que se prevé que estas prácticas lleguen y se vayan normalizando en la forma de hacer economía y negocios en el país.
¿Debería ser política de Estado el buscar fuentes de financiamiento internacional que no incluyan condicionamientos a la ejecución por ciertas empresas?
Todo proceso de financiamiento implica una condición. A veces, esta condición está representada únicamente en la tasa de interés. Otras veces, el condicionamiento viene por brindar garantías de que se podrá devolver a tiempo el capital otorgado. Así las cosas, condicionar el financiamiento a la contratación de determinadas empresas es un despropósito por doble partida: por un lado, se elimina todo tipo de competencia (afectando en la calidad de producto final) y por el otro, se consolidan incentivos interestatales para la realización de grandes negocios, es decir, se instala la idea de que para realizar negocios en un país, uno debe tener contacto con familiares de las esferas de gobierno, como las ex mujeres de agentes importantes del gobierno central.
Al final, este daño por doble partida afecta a la población que tendría que ser beneficiaria de las inversiones y daña aún más a quienes creen que pueden realizar negocios en buena fe. Si la aplicación de la norma estará supeditada a los intereses políticos del gobierno, ¿qué garantía tienen las personas y firmas que buscan cumplir las normas en buena fe, en contraste con aquellas que buscan los contactos cercanos a los círculos de poder? De seguir así, el país no podrá ser competitivo y las familias bolivianas no tendrán bienes y servicios de calidad.
Hay que promover el relacionamiento con países con valores culturales que puedan mejorar nuestra sociedad. En este sentido, la historia nos muestra importantes casos de inversionistas y procesos migratorios interesantes como la migración japonesa, croata y alemana, que aportaron destacadas formas de hacer negocios, cultura de trabajo, esfuerzo y competitividad, y que están relacionados a la cultura intrínseca que traía cada migrante. Algo similar ocurre con el aporte económico y social de comunidades judías y menonitas.
En esto cabe preguntarse: ¿qué de productivo y de socialmente responsable puede atraer la incorporación de países con características de incumplimiento de contratos, estafas y tráfico de influencias, como Venezuela, Cuba, Irán, Rusia y China?
Edición y entrevista: Emilio Martínez
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