Sobre la corrupción, el prestigioso académico Robert E. Klitgaard, en su libro Controlling Corruption (University of California Press, 1988, p.4.), define: “Ya sea que la actividad sea pública, privada o sin fines de lucro, ya sea que uno esté en Nueva York o en Nairobi, uno tenderá a encontrar corrupción cuando alguien tiene un poder monopolístico sobre un bien o un servicio, tiene el poder discrecional de decidir si alguien lo recibirá o no y en qué cantidad, y no está obligado a rendir cuentas. La corrupción es un crimen de cálculo, no un crimen pasional. En verdad, hay santos que resisten todas las tentaciones, y funcionarios honrados que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo, en caso de ser atrapado, es pequeño, muchos funcionarios sucumbirán. El combate contra la corrupción, por lo tanto, empieza con mejores sistemas”.
“La corrupción es un crimen de cálculo…” dice el profesor Klitgaard, porque el acto es premeditado.
Paradójicamente, la Constitución y varias normas establecen severas sanciones punitivas y mecanismos de lucha contra la corrupción, pero la sola legislación, no ha dado resultados mínimos hasta ahora. Seguimos como antes. ¿Qué pasó?
Yo creo que no es suficiente con la legislación, si no está acompañada de acciones concretas. De nada sirve las leyes si no contamos con instituciones fuertes que tenga la capacidad y autoridad de hacer cumplir la Ley, como la de actuar de manera proba, imparcial y buscando siempre la Justicia por, sobre todo, y no la satisfacción de los intereses políticos partidarios de políticos de un frente, como sucede en este momento en nuestro país.
Podemos hacer muchas leyes más draconianas que las vigentes, pero si no se resuelve el tema de la institucionalidad judicial y el fortalecimiento de todas las entidades del Estado, va a seguir la corrupción diaria campante a vista de nuestros ojos, y las normas seguirán siendo papel mojado.
Propongo dos acciones concretas para la lucha efectiva contra la corrupción.
Primero, que se defina como política de Estado, la transparencia y la rendición de cuentas, como práctica continua, para reducir/eliminar el monopolio de la información y la capacidad de decisión privativa, como la discrecionalidad. Evidentemente, hay normas que obligan a que las diversas instancias sean transparentes y rindan cuentas de la gestión pública ejecutada, pero no hay la obligatoriedad coercitiva, por lo que, para esto, se deben establecer procedimientos claros. En este momento no hay justamente estos detalles establecidos en una norma.
Para que sean transparentes y rindan cuentas, se debe acelerar el establecimiento del Gobierno Electrónico, para que el ciudadano tenga información de calidad, de manera completa oportuna, fácil y accesible a través de la red.
Segundo, la sanción moral diaria de los ciudadanos a los corruptos, por parte de la sociedad. El problema profundo es que hemos naturalizado la corrupción, porque la sociedad acepta, tolera y con ello, normaliza el acto de corrupción del funcionario corrupto. Al no haber sanción moral y social, el corrupto es alentado, porque es aceptado, admitido y aprobado en los círculos sociales, en las actividades y relaciones de todos los días.
Si usted se fija, en los países que aparecen en los primeros lugares como menos corruptos, son en los que las instancias del Estado son transparentes y en el que, por otra parte, la sociedad no tolera y no acepta al corrupto, y no duda en proscribir socialmente.
Este tipo de acciones, complementaría lo que el profesor Klitgaard sugiere, con relación a mejorar el sistema punitivo.
Esteban Farfán Romero
Es Analista Político