¿Quiénes son los delegados defensoriales del Pueblo?

Leny Chuquimia / La Paz

Al menos la mitad de los representantes departamentales del Defensor del pueblo son observados por su afinidad con el partido de Gobierno. Gran parte de ellos fueron designados por el entonces defensor David Tezanos Pinto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana,  afirmó que la única forma de garantizar  idoneidad es con una elección de un  Defensor del Pueblo independiente. Esto debido  a que la responsabilidad de nombrar a los nueve delegados departamentales recae en esa autoridad.

La falta de independencia  en esta institución ya fue observada en el informe del GIEI-Bolivia, sobre los hechos ocurridos durante la crisis política y electoral que vivió el país en 2019.

En el punto ocho, de garantías de no repetición, el informe GIEIseñala: “La independencia de la Defensoría del Pueblo debe ser reforzada, ante todo, a través de los procedimientos de reclutamiento de sus miembros y de la jefatura bajo la mayor transparencia e imparcialidad”.

Asimismo, añade que esta  independencia “se manifestará en sus pronunciamientos y en la actitud de respeto por dichos pronunciamientos por parte de las autoridades gubernamentales y estatales”.

Actualmente los delegados defensoriales son:  Oruro, José León; Potosí, Vilma Martínez; Chuquisaca, Edwin Martínez; Tarija, Carola Romero; Santa Cruz, Carlos Lara; Cochabamba, Marioly Álvarez; Beni, Alberto Condori; Pando, Nancy Texeira.

Además de José Santos Lipa Chávez y Hernán Lucio Quezada Rodríguez, coordinadores regionales en El Alto y el Chapare, respectivamente.

La militancia

El portal de la Defensoría del Pueblo señala que los delegados  defensoriales “son personas idóneas y capacitadas, que han demostrado su compromiso y trabajo por los derechos humanos, sin ninguna filiación política o de otra índole, que actúan según las normas externas e internas que rigen para la institución. Son departamentales y de ellos dependen las Coordinaciones Regionales”.

Si embargo, en 2016, cuando  el último  Defensor del Pueblo titular del país nombró a sus delegados, éstos fueron observados por su afinidad política. Él mismo era simpatizante del MAS e indicó que esto no podía ser excluyente.

“No creo en los puritanismos que están alegando algunos en el ámbito político. Nosotros somos objetivos”, sostuvo entonces.

Entre los ejemplos por citar está Taxeira, delegada de Pando, que fue delegada presidencial de Evo Morales y autoridad municipal electa por el MAS. También está el caso del exdelegado de Cochabamba, Nelson Cox. Antes de su nombramiento fue funcionario de Morales y luego dejó la misión defensorial para ser candidato del MAS.

Lo mismo que el delegado de Oruro, que previo a su labor en la Defensoría era personal cercano del Ministerio de Justicia. O de la exdelegada de La Paz, que  en 2015 estuvo en la campaña electoral del MAS y hace un par de semanas dejó la Defensoría porque fue nombrada embajadora en la Santa Sede.

Para Requena, la independencia de los delegados pasa por  la elección de un Defensor del Pueblo idóneo. Indicó que si éste obedece a un interés político los  delegados que nombre tendrán la misma tendencia.

“Si tuviéramos  una elección de Defensor  o Defensora del Pueblo adecuada, podríamos confiar, como en su momento confiamos  en  Ana María Romero de Campero, en que se elegirá defensores idóneos. Si  uno tiene una cabeza que funciona bien, ésta garantizará la independencia  de los delegados”, sostuvo la legisladora.

Manifestó que desde la Asamblea Legislativa se estuvieron  proponiendo acciones para garantizar la elección transparente. Ésta deberá dar fin al interinato de la actual defensora Nadia Cruz, que se encuentra en el cargo desde enero de 2019.

“En este ámbito hicimos muchísimas propuestas,    incluido un reglamento de elección. Hay un punto que debe incluirse en la ley y que lo estamos pidiendo ya desde hace mucho tiempo, y es que la persona elegida debe ser alguien políticamente independiente”, dijo.

La autoridad manifestó que para esto se  presentó una modificación de la Ley 870 y un reglamento para la elección anunciada el año pasado. Pero, pese a que se indicó que el proceso era una prioridad no se llevó a cabo.

“Ahora nuevamente indican que se hará la elección en el primer trimestre. Vamos a proponer una nueva modificación del reglamento”, insistió.

Como una forma de velar por la transparencia, indicó que se  solicitó al vicepresidente David Choquehuanca, por medio de una carta,  que se permita la veeduría internacional del proceso.

“También hemos enviado  cartas a los organismos internacionales como el Comité Contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  a Human Rights Watch, para denunciar la falta de independencia y la demora en la elección”, explicó.

Cabe recordar que en diciembre pasado, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) observó  la jefatura interina de la Defensoría  y la falta de transparencia en  los procesos de selección y designación de directivos y miembros de esta institución. Instó a Bolivia   garantizar un proceso transparente.

Requena recordó que en  2021 el Ministro de Justicia  abrió la  Ley 870 para que el Sepret pase a la de Defensoría del Pueblo, en una sesión del Senado.

“En esa ocasión le pedimos que se modifique la ley, poniendo que el Defensor sea independiente. Nos dijo que eso iba a ir en el reglamento,  pero no había tal reglamento”, manifestó.

El senador Félix Ajpi (MAS)  declaró que esta convocatoria a la elección podría darse en enero. Afirmó que es una tarea pendiente que se arrastra desde la anterior Asamblea Legislativa  y que debe ser resuelta lo más pronto posible.

“Hemos acordado, en las últimas reuniones de la bancada nacional del MAS, que el primer mes de la actividad legislativa vamos a ir por este camino. Es la parte coja que hemos tenido en la anterior gestión, pero esta vez se tiene que elegir”, aseveró.