“Retro” en la vacunación obligatoria e interna del MAS

Respecto al carnet de vacunación, en pocos días el gobierno boliviano pasó de la postura draconiana a la indulgencia total. Primero, un viceministro manifestó el despropósito de sancionar con “diez años de prisión” a quien no portara el comprobante de inmunización. Ese talante abusivo continuó con las declaraciones del ministro de salud, señalando que las vacunas recibidas en el exterior del país no serían válidas sin un trámite burocrático de homologación.

Fuente: Publico.bo (La Semana Política)



Al final, la administración fue retrocediendo en todas sus pretensiones, terminando por anunciar que el carnet no será requerido hasta después del 26 de enero (cuando probablemente la cuarta ola ya esté en declinación).

En vez de optar por una exigencia razonable o moderada del comprobante de vacunación (ingreso a eventos masivos y sitios de alta aglomeración) se eligió el extremo autoritario, y ante amagues de rebeldía de varios sectores sociales se acabó por evidenciar la debilidad de un gobierno que ya se va acostumbrando a lanzar medidas impensadas o inconsultas, para después dar “retro”.

El gabinete y la convulsión

En cierta medida, las amenazas de convulsionar el país contra la vacunación obligatoria provinieron de al menos nueve organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo, en lo que bien podría ser otra jugada de Evo Morales en su estrategia de presión para lograr cambios en el gabinete ministerial, que den entrada a figuras de su entorno cercano.

Los interculturales hablaron de la “vacuna yanqui”, mientras que un dirigente alteño volvió sobre aquello de que el virus sería un “invento de la derecha”.

A lo largo de la semana, Evo insistió en que Arce debe “mejorar su gabinete”, mientras que el vocero Jorge Richter señaló que “el presidente recoge sugerencias para hacer ajustes” en el Consejo de Ministros.

Previendo agitaciones “presenciales” de las cohortes sindicales evistas, el primer mandatario anunció que el 22 de enero no habrá concentración de movimientos sociales. Por la cuarta ola, por supuesto.

Cox y su colaborador “murillista”

En el mismo contexto hay que poner la circulación en redes sociales de información sobre el vínculo entre un importante colaborador jurídico del viceministro de gobierno, Nelson Cox, y la familia del ex ministro Arturo Murillo.

Si bien Cox ha hecho una gestión muy cuestionable, caracterizada por espolear la persecución política contra la oposición, parece bastante probable que la arremetida en su contra sea parte de la interna masista, para promover a ese cargo a algún afín a Evo Morales.

Ni Evo, ni Mesa, ni Camacho

Una encuesta difundida por un diario de La Paz señaló que una gran mayoría de la población estaría por una renovación de los liderazgos, de cara a las candidaturas del 2025. Esto, tanto en la oposición como en el oficialismo, en una tendencia que afecta por igual a Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho.

Aunque todavía sea temprano para debatir postulaciones electorales, el muestreo es un síntoma poderoso de una disconformidad generalizada hacia las representaciones políticas caudillistas o que no están logrando conectar con las realidades sociales del país.

Relator de justicia

El ministro Iván Lima anunció la visita a Bolivia del relator de justicia de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, prevista para febrero. Por una parte, hay que tener en cuenta la movida personal de Lima, para asegurarse la subsistencia en el gabinete y avalar sus proyectos de reforma cosmética del sistema judicial.

Al mismo tiempo, la intención gubernamental apuntará sin duda a que García-Sayán (quien cuestionó presuntas persecuciones judiciales durante la administración de Jeanine Añez, en febrero de 2020) apuntale algunos de los pilares de la narrativa oficial.

Será tarea de la sociedad civil que el relator escuche el “otro relato”, donde habrá que poner énfasis en el abuso actual de la prisión preventiva y en diversos atropellos al debido proceso.