Tarija: Defensa de exgobernador Adrián Oliva apelará sentencia, cuestiona a la justicia

Por el caso del Materno Infantil

Tras un juicio instalado en el Juzgado de Sentencia Tercero de la Capital, se declaró culpable al exejecutivo departamental de incumplimiento de deberes. Quedará inhabilitado de ejercer cargos públicos

Defensa de Adrián Oliva apelará sentencia, cuestiona a la justicia

Adrián Oliva Alcazar, exgobernador de Tarija

 

Fuente: El País / Tarija

 

Después de cuatro años de haberse iniciado el proceso por el caso Materno Infantil, el jueves el Juzgado de Sentencia Tercero de la Capital declaró culpable al exgobernador de Tarija, Adrián Esteban Oliva Alcazar, por el delito de incumplimiento de deberes y lo inhabilita de ejercer cargos públicos. La defensa del exejecutivo departamental cuestiona el manejo del sistema judicial y anuncia la apelación del dictamen.

Sentencia

En concreto, la autoridad jurisdiccional estableció dos años de privación de libertad, aunque al tratarse de la primera sentencia existente en contra de este ciudadano se aplica el perdón judicial. Sin embargo, se estableció también el pago de costas procesales y una pena accesoria que consiste en la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, a partir de que la sentencia quede ejecutoriada.

“La Fiscalía presentó todos los elementos probatorios colectados en la etapa preliminar que demuestran la culpabilidad de Adrián Oliva como la sentencia de acción de amparo constitucional, el auto interlocutorio de cumplimiento a sentencia constitucional, el memorial presentado por la víctima, declaraciones testificales, entre otras pruebas”, sostuvo la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez Salazar, que no descarta una apelación para pedir la ampliación de la sentencia.

Este proceso surgió a raíz de que la empresa constructora Conbolat, a cargo de la supervisión de la construcción del Hospital Materno Infantil en 2016, denunció que el exejecutivo departamental se habría rehusado a cumplir la sentencia constitucional que obligaba a la entidad a retirar la publicación del Sicoes donde aún figuraba como empresa responsable, aún luego de habérsele resuelto el contrato. Esto habría significado un perjuicio para dicha empresa, que no pudo postular a otras obras.

Ante esta situación, el representante legal de la empresa, Abrahán R.A.T., presentó una acción de amparo constitucional y el 14 de noviembre del mismo año el Tribunal de Garantías emitió la sentencia a favor de Conbolat y ante un incumplimiento del mismo, el 9 de marzo de 2017, el señor Abrahán R.A.T., como representante de la empresa, presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público.

Ven “insuficiente” la sentencia

Gilbert Muñoz, exfiscal departamental y asesor legal de la empresa Conbolat, justificó el proceso por las pérdidas económicas que habrían resultado por esa situación, por lo que no descarta presentar una apelación pidiendo un castigo mayor.

“La sentencia puede ser apelada, vamos a analizar si interponemos una apelación por considerar que esta sanción es insuficiente. (…) nosotros acusamos también desobediencia a acción de amparo y desobediencia a la autoridad”, declaró a El País.

Defensa de Oliva anuncia apelación

En el marco de la normativa vigente, las partes cuentan con un plazo de 15 días después de la audiencia de lectura en extenso, que será el martes, para plantear una apelación al dictamen. A pesar de que su defendido no tendría que ser privado de libertad ni de otros derechos ciudadanos.

En ese sentido, Cesar Oliva, abogado del exgobernador, confirmó que presentará este recurso argumentando que el proceso habría incurrido en múltiples situaciones que ameritan nulidad. Señaló que la Gobernación cumplió la orden de los vocales y que la empresa al momento sigue trabajando.

Por otra parte, cuestionó tanto al sistema judicial como al exfiscal Muñoz que fungía como la máxima autoridad del Ministerio Público en el departamento cuando inició el proceso penal.

“Llama la atención la celeridad del proceso en contra de Adrián Oliva (…). Nos preguntemos quién era el fiscal de distrito cuando empezó el caso y quién es el abogado de la supuesta víctima, sabemos que es el doctor Gilbert Muñoz. Yo defiendo el caso referéndum autonómico del 2006 y hasta la fecha no se ha resuelto. Nos preguntemos de Oscar Montes cuántos procesos ha tenido y hasta la fecha no se han resuelto”, declaró.