Continúa la discusión sobre las perspectivas económicas para la gestión 2022. Desde el gobierno nacional se reafirma que 2022 será un año de consolidación del proceso de recuperación de la economía boliviana; no obstante, desde el frente de analistas de oposición se emiten planteamientos de escenarios sumamente negativos, como lo muestra una reciente nota de un medio digital en base a opiniones de Mauricio Ríos y Jaime Dunn, cuyos argumentos carecen de fundamento y simplemente atacan un modelo económico y social que logró resultados históricos para la economía y la población boliviana.
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El Modelo Económico Social Comunitario Productivo, el cual Dunn identifica como el problema para economía nacional, contrariamente, fue un factor determinante para el favorable desempeño macroeconómico y social del país en la última década y media, especialmente en momentos de un complejo contexto externo como el vivido después de 2014. De hecho, fue en dichos años, mientras la mayoría de los países de la región experimentaba desaceleraciones importantes e incluso contracciones, que la economía boliviana mostró un crecimiento sostenido y positivos resultados sociales. Por lo tanto, se reafirma que el Modelo no depende de los precios internacionales, pues a pesar de su caída y elevada fluctuación en el último quinquenio antes de 2020, el país siguió mostrando un desempeño positivo y destacado a nivel regional. En 2022, como lo hizo en 2021, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo continuará desempeñando su rol fundamental en la reconstrucción de la economía.
El problema tampoco se encuentra en el sistema financiero como señala Mauricio Ríos, quien sostiene que existiría una acumulación de “activos tóxicos” en los balances del sistema, refiriéndose a los créditos de Vivienda de Interés Social (VIS). Al respecto, llama la atención que se considere a los créditos VIS como tóxicos, cuando éstos cuentan con todos los procedimientos para su otorgación. De igual forma, estos créditos permiten a la población acceder a una vivienda propia.
También se aclara enfáticamente, como se hizo en su momento, durante el período de tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, en relación al cuestionamiento de Jaime Dunn, que del total del personal contratado en el sector público, una importante fracción corresponde a los sectores de educación y salud, como profesores, médicos, enfermeras, entre otros; áreas, cuya atención es primordial para el gobierno.
Asimismo, se desmiente categóricamente las insinuaciones de Dunn sobre posibles aumentos de impuestos y que el aporte a la función social de las entidades financieras sea un impuesto; ambos temas también fueron aclarados anteriormente. El gobierno nacional reafirma que el PGE 2022 no considera nuevos impuestos, y que el incremento esperado de las recaudaciones tributarias es producto de la previsión de una mayor dinámica de la actividad económica. Igualmente, se aclara que el aporte a la función social del sistema financiero no es un impuesto, éste se aplica desde 2014 en el marco de la Ley N°393 de Servicios Financieros.
Finalmente, en relación a las medidas propuestas para “aminorar el riesgo en 2022”, llaman la atención planteamientos como la flexibilización laboral y la eliminación del financiamiento a empresas públicas, las cuales el gobierno nacional no puede considerar por ser atentatorias contra los derechos de la población trabajadora en el primer caso, y contra una de las fuentes de ingreso más importantes de la economía, como las empresas públicas. En la gestión 2022 el gobierno nacional, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, continuará implementando medidas que permitirán la consolidación de la recuperación de la economía y el restablecimiento de las condiciones de vida de las y los bolivianos.
Claudia Ramos es economista, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas