Tal como lo anticipara el director nacional del Instituto de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, ayer un contingente policial emprendió la ejecución del desalojo de los menonitas de la colonia Valle Verde, ubicada en la zona de Quimome, en el municipio de San José de Chiquitos de Santa Cruz.

La semana pasada, mediante un comunicado, el INRA indicó que la comunidad Valle Verde conformada por familias menonitas (extranjeras) se encuentra asentada sobre tierras fiscales otorgadas al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), en calidad de usufructo.

Ayer, por la mañana, en entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, Núñez tildó de ‘avasalladores’ a los menonitas e insinuó que el proceso de desalojo sigue en curso y que la Policía procedería a ejecutar dicha diligencia entre miércoles (por ayer) y jueves.

Dijo que el INRA está abierto al diálogo, pero que la desocupación no es negociable. “El desalojo se dará, no se negocia, es algo que se viene planificando desde hace tiempo. No es a toda la colonia, (los menonitas) solo tienen que retroceder un poco”, dijo Núñez.

Dio cuenta de que la Comunidad Campesina Agropecuaria 19 de Noviembre tiene autorización de asentamiento en ese territorio desde 2002 y aguarda el desalojo para ocupar esa porción de las tierras que, según el INRA, fueron avasalladas por los menonitas.

Desocupación en curso

En la víspera, por la tarde, el abogado de los menonitas, Alejandro Altamirano, denunció que el contingente policial retornó de Quimome a Valle Verde e inició el desalojo de los menonitas, sin la presencia de los representantes de Derechos Humanos ni de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Altamirano refutó las declaraciones de Núñez y aseguró que la Comunidad 19 de Noviembre tiene una resolución de asentamiento de 2012, la cual fue revocada en 2016 por el INRA. “El mismo ente agrario realizó una inspección in situ y constató que los campesinos no trabajaron la tierra, por lo que anuló de manera total el permiso de asentamiento”, explicó.

Asimismo, el abogado aclaró que los menonitas “no se expandieron de manera irregular” de la comunidad Valle Verde como pretende hacer ver el INRA. Explicó que en 2009 compraron el predio de 2.000 hectáreas denominado Guayacanes a una pareja.

Audiencia pública
El martes, en una audiencia pública, en el predio en conflicto, pobladores y autoridades de San José y de la provincia Chiquitos decidieron rechazar el desalojo por parte del INRA de la colonia menonita del predio Guayacanes y exigieron una reunión con el director del INRA Santa Cruz, Adalberto Rojas, para ‘resolver’ la situación jurídica de las tierras del municipio chiquitano.

Al cabo de la cita se firmó un acta que, entre otros puntos, exige la suspensión del desalojo de las familias menonitas y se acordó la declaratoria de estado de emergencia de las autoridades josesanas, a fin de precautelar las tierras del municipio. Asimismo, pidieron a las autoridades del INRA que se enmarquen en las normas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos humanos.

Tras inspeccionar in situ la Comunidad Valle Verde, el asambleísta departamental por la provincia Chiquitos, Iván Quezada, reparó en el desalojo exponiendo contracciones. Dijo que cuando el asesor del INRA aduce que son tierras fiscales no demuestra ni presenta documento de la declaratoria.

“Se habló de 98 permisos de desmonte autorizados por la ABT en estos 10 años, a través de los cuales se han construido todos esos campos de producción y se sabe que la ABT no da una autorización si no tiene el derecho propietario certificado”, mencionó Quezada.