Aguardan que en informe final de García-Sayán se emita recomendaciones ‘claras, precisas y firmes’ al Estado

EVALUACIÓN

Mazo de la justicia. Foto internet



Fuente: erbol.com.bo

El grupo de juristas independientes, encabezado por el exalcalde paceño Juan Del Granado, aguarda que el relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Jueces, Diego García-Sayán, emita en su informe final recomendaciones “claras, precisas y firmes” al Estado para que asuma acciones y medidas necesarias para una “verdadera transformación” de la justicia.

Mediante un pronunciamiento público, hizo mención a que tras las reuniones y entrevistas realizadas, el representante internacional evidenció que la justicia en Bolivia se encuentra “sumida en una crisis estructural”.

“Siendo las observaciones difundidas, aún preliminares, abrigamos la esperanza para que en el Informe final se refleje de manera más detallada las acciones legislativa, jurisdiccionales, administrativas y políticas que han deteriorado la independencia judicial, los elementos y los efectos inmediatos para la población en general del estado crítico en que se encuentra la justicia en Bolivia; además emita recomendaciones claras, precisas y firmes al Estado para que asuma acciones y medidas necesarias para una verdadera transformación de la justicia”, indica el documento.

Los juristas identificaron que la actual justicia en el país “no garantiza el acceso universal y en igualdad de oportunidades a todas y todos los bolivianos” con jueces independientes e imparciales.

Otro de los factores identificados es la falta de acceso de las mujeres a la justicia, el uso excesivo de la prisión preventiva, desvalorización de la jurisdicción indígena originaria, entre otros.

Las causas que originaron esa situación, señalan que se debe al sistema de selección y designación de las autoridades judiciales, la transitoriedad de los jueces y la «no implementación adecuada» de la carrera judicial.

Respecto a la ruta del acuerdo nacional, propuesto por García-Sayan, el grupo de juristas consideró que no existen las condiciones para apuntar a ese fin “porque hasta hoy el Gobierno no ha manifestado voluntad alguna para ningún acuerdo nacional. Menos aún a concretarse en una supuesta “cumbre” en el mes de marzo, cuyo temario, partícipes y metodología nadie conoce”.