Desde que fue detenida, el 13 de marzo de 2021 acusada de sedición, conspiración y terrorismo, la expresidenta Jeanine Áñez ha enfrentado un severo cuadro de depresión que, incluso, la llevó al borde del suicidio. Sus abogados aseguran que ella vive “un calvario” en el penal de Miraflores de La Paz, porque la justicia no le ha permitido defenderse en libertad, a pesar de los argumentos que se presentaron en al menos siete oportunidades. El intento más reciente fue ayer y la justicia le volvió a negar ese recurso.

El Gobierno se respalda en un fallo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le negó medidas cautelares. El organismo internacional, no obstante, recordó a las autoridades que “es obligación del Estado garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad”. El canciller Rogelio Mayta, cuando presentó esta decisión, en octubre de 2021, señaló que “la salud de la exmandataria está garantizada”. Consideró que “hubo una escenificación” por parte de la exautoridad con el propósito de afectar la imagen del Gobierno.

“Si la señora Áñez muere, la responsabilidad puede llegar a los niveles más altos del Estado, incluso al presidente, porque existe una obligación institucional de preservar la vida de todos los ciudadanos”, señaló Juan Carlos Gutiérrez, el abogado que representa a Áñez en el ámbito internacional.

La declaración del jurista guarda relación con el momento en el que la exautoridad intentó quitarse la vida, en medio de un agudo cuadro de depresión. Sucedió en agosto y tras este incidente, la Dirección de Régimen Penitenciario autorizó exámenes psiquiátricos, además de la presencia de alguno de sus hijos en el penal miraflorino. Hasta ese 21 de agosto, las visitas eran restringidas y no se había permitido un examen médico independiente.

“Mi madre casi lo logra. Le han hecho varios puntos”, afirmó angustiada Carolina Ribera Áñez, la hija de la expresidenta. Ese día, su madre se había cortado las venas.
“Se trató de un intento de suicidio y tuvo que ver a un llamado de auxilio”, afirmó su abogado, Luis Adolfo Guillen.

“Ella se ha sentido muy acosada”, corroboró Norka Cuéllar, la jurista que también es parte del equipo que la defiende.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó en ese momento que la expresidenta intentó “ocasionarse una autolesión” al cortarse uno de sus brazos. Afirmó que la salud de la exmandataria era “estable”.

Pero los cuadros de depresión que enfrentó la exmandataria comenzaron a manifestarse desde la primera semana que estuvo detenida. El 18 de marzo, declaró que no quería vivir y asumió la decisión de no alimentarse. Esto agravó un cuadro de hipertensión.

“Ese día la he visto muy mal. “¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir?, me ha dicho”, testimonió Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, quien la visitó en varias ocasiones.

Añez fue detenida la medianoche del 12 de marzo de 2021 tras un operativo policial en Trinidad; fue trasladada a La Paz donde pasó dos noches en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. El 15 de marzo fue enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes donde estuvo recluida 10 días y luego fue remitida a Miraflores.

“No hay día que este sector no esté helado. Yo incomunicada, no me entero de nada, de muy poco, ni de mi proceso político montado por el gobierno como ‘terrorista’. Mis abogados no vienen, porque si vienen ya mis hijos no entran, y daría lo mismo, si no te dejan hablar tan rápido ante la voz de la autoridad de la Policía que dice ‘hora señora’, de una manera implacable, cumpliendo órdenes”, escribió en su libro de anotaciones durante el invierno de 2021.

Cuando ingresó al Palacio Quemado, la noche del 12 de noviembre de 2019 en medio de un estado convulsión social, dejó una Biblia en las gradas de ese edificio. Ahora, tiene una más pequeña.

La primera denuncia contra Áñez fue planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien a finales de 2020 se había querellado contra los jefes militares que la acompañaron. Esa acusación fue por sedición, terrorismo y conspiración. Este caso no avanzo, a pesar que fue el que motivó la acción directa contra la exmandataria en Trinidad.

Ante este escenario, El Ministerio de Gobierno, la Procuraduría; el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), y la Procuraduría demandaron a la exautoridad por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, delitos que pudo cometer cuando asumió la presidencia, sin cumplir los procedimientos formales.

El Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz convocó para este 10 de febrero el inicio del juicio oral del caso bautizado como “Golpe de Estado II”. Áñez llega a este proceso con la certeza de “una condena política” anticipada y luego de pasar varios momentos de acoso por parte del personal penitenciario, un extremo que el Gobierno ha negado.