A casi ocho años de la firma de contrato para la compra de 13 radares franceses para la detección de aeronaves que transportan droga por el espacio aéreo boliviano, analistas aeronáuticos y parlamentarios de la oposición cuestionaron el retraso, precio económico y falta de reglamento para el funcionamiento de los radares.
Con la presencia del exmandatario Evo Morales y de su homólogo francés, François Hollande, el entonces ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y el presidente de la empresa francesa Thales Thales Air Systems, Guy Delevacque, firmaron en noviembre de 2015 un contrato por una inversión de 210 millones de dólares, por el que Francia transferiría a Bolivia un sistema de radares para la lucha contra el narcotráfico.
Los siete radares militares y seis civiles, instalados en 12 regiones del país, tienen un progreso físico de 90,1 por ciento y un avance financiero de 89 por ciento. Prevén que este año estará en marcha el proyecto antidroga.
El senador Henry Montero (Creemos) señaló que los radares deberían haber comenzado a operar desde 2019, e informó que realizaron una petición de informe al ejecutivo para ver el estado del proyecto. “(Los radares) ya se compraron, ya se pagó. Queremos que funcionen. Vamos a exigir una investigación, ¿hay un contrato? Nos tienen que mostrar al igual que las adendas con la empresa”, añadió.
Montero anunció que, en los próximos días, realizará una inspección en uno de los puntos donde están instalados los radares.
“Los radares tendrían que tener una cobertura del 100 por ciento del espacio aéreo de Bolivia. También, identificar las aeronaves que vuelan en baja altitud que los radares normales no podrían captarlos”, agregó.
Por su parte, la diputada Luisa Nayar (CC) indicó que solicitaron el pasado jueves, a través de peticiones de informe, al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, conocer el estado en los que se encuentran los 13 radares.
El informe solicita información detallada para conocer la función de los radares, su costo unitario y total, en cuántos operativos de lucha contra el narcotráfico se utilizaron, cuántos de ellos están bajo dependencias de las Fuerzas Armadas y si existe una coordinación con la Felcn. “Vamos a cuestionar cuál ha sido el precio y de qué manera se han licitado (los radares). El Ministerio de Gobierno debería responder (la petición de informe) en un plazo de 10 días; si demora más de lo previsto, vamos a presentar la conminatoria correspondiente”, agregó la diputada.
En tanto, el abogado especialista en derecho del transporte y aeronáutica Álvaro Munguía explicó que, pese a la promulgación de la Ley 521/2014 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo que establece el control, vigilancia y defensa del espacio aéreo de Bolivia, aún no se implementó su decreto reglamentario para la aplicación de los radares.
“La ley es bastante rigurosa: a la mínima sospecha, el Comando de Seguridad de Defensa Aérea (Cosdea) autoriza el derribo de aeronaves no identificadas. (…) A través de la ley se está militarizando la aviación civil. El reglamento lo tendrían que trabajar actores civiles, privados y públicos de la aeronáutica, no sólo militares”, expresó.
Además, el especialista dijo que es necesario analizar si la implementación de los radares es sustentable económica y técnicamente con el transcurso de los años, debido a que gran cantidad de los recursos para el mantenimiento los dispondría la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), instituciones que no atraviesan por un buen momento económico.
“Primero habría que ver si los radares son sustentables en el punto de vista económico y técnico. Segundo, si estarían bajo un mando militar. Tercero, lo riesgoso de la posibilidad de derribar aeronaves sin juicio previo. Cuarto, el recurso económico para mantener estos radares vendría de dos instituciones que no tienen dinero”, detalló.
Mientras tanto, el especialista en aeronáutica, seguridad y defensa del Estado Omar Durán calificó la compra de los radares franceses como una “pérdida y daño económico al Estado”, debido a la falta de equipo técnico humano especializado para su manipulación.
“El mantenimiento (de los radares) es otra millonada, son elefantes blancos. No se tiene la habilidad para darles uso, están almacenados. (…) Ha habido algunas peticiones de informe; sin embargo, no han sido respondidas”, sentenció.
En tanto, el exministro de Defensa Reymi Ferreira señaló anteriormente que el atraso para el funcionamiento de los radares se produjo por el gobierno de Jeanine Áñez, seguido de la pandemia de Covid-19.
En aquella ocasión, recordó que en 2017 se hablaba que este sistema de radares tendría un mantenimiento millonario. Indicó también que, una vez puestos en marcha, los radares “darán un duro golpe al narcotráfico”.
MORALES COMPRÓ RADARES EN 2015
El exministro de Defensa Reymi Ferreira y el presidente de la empresa francesa Thales Thales Air Systems, Guy Delevacque, firmaron en 2015 un contrato por una inversión de 210 millones de dólares, por el que Francia transferirá a Bolivia un sistema de radares para la lucha contra el narcotráfico.
El convenio fue suscrito en presencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de su homólogo francés, François Hollande. El mandatario boliviano, en conferencia de prensa, destacó el aporte de Francia en la lucha contra el narcotráfico mediante la transferencia de radares y aseguró que para Bolivia serán de mucha importancia.
Cinco años después, en septiembre de 2019, Morales anunció la inauguración del sistema de radares.
En ese entonces, dijo que Bolivia tiene el problema de que se ha convertido en país tránsito del trasiego de droga, sobre todo a Brasil y Paraguay.
“Esperamos que con estos equipamientos sea mucho más efectiva la lucha contra el narcotráfico y las drogas, es una responsabilidad”, subrayó entonces.
Fuente: lostiempos.com