El Ministerio Público determinó destituir al fiscal Raúl G., quien era el secretario del exjuez Rafael Alcón y que ahora se encuentra encarcelado. Asimismo, se decidió inspeccionar las fiscalías especializadas en casos de feminicidio y violación.
La información fue proporcionada por el fiscal general Juan Lanchipa, quien detalló las acciones que desarrolla el Ministerio Público en la investigación de autoridades que hayan favorecido a la puesta en libertad de criminales condenados.
Indicó que se, además de la causa penal, se instaló un proceso administrativo contra el fiscal vinculado con el exjuez Alcón, por lo cual se determinó su destitución y apartamiento dela carrera fiscal.
El ahora exfiscal Raúl G. tiene detención preventiva en el penal de San Pedro, acusado de incumplimiento de deberes y otros delitos, puesto que formó parte del juzgado de Alcón cuando se liberó a Richard Choque.
Asimismo, Lanchipa informó que se ha destituido a otro fiscal en Santa Cruz, que fue sorprendido en hechos de corrupción.
Entre otras acciones, el Fiscal General anunció que se ha instruido la inspección de las fiscalías especializadas que atienden hechos de feminicidio y violaciones, para verificar la transparencia de las actuaciones.
“En caso de advertir irregularidades se asumirán las acciones disciplinarias y penales que correspondan con todo el rigor, sin contemplación alguna”, afirmó.
Por otra parte, Lanchipa indicó que se está solicitando de manera prioritaria la realización de los juicios orales por hechos de feminicidio y violación, en los que el Ministerio Público cumplió oportunamente con la presentación de los requerimientos conclusivos de acusación.
Lanchipa ordena inspección en todos los despachos fiscales con casos de feminicidio y violación
El Ministerio Público destituyó al fiscal involucrado en la liberación del asesino serial y similar medida asumió en contra de otro funcionario de Santa Cruz acusado de corrupción.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, instruyó este miércoles la inspección en todos los despachos fiscales del país que atienden casos de feminicidio y violación, tras el descubrimiento de la liberación de sentenciados a partir de una investigación sobre los macabros hechos cometidos por el asesino y violador serial Richard Choque Flores.
“Se instruyó la inspección de todos los despachos fiscales de las fiscalías especializadas que atienden hechos de feminicidio y violaciones para verificar la transparencia de las actuaciones fiscales y, en su caso, de advertir irregularidades, se asumirán las acciones disciplinarias y penales que correspondan con todo el rigor sin contemplación alguna”, dijo Lanchipa en conferencia de prensa.
Pero remarcó que para este objetivo se requiere contar con información fidedigna y para eso su autoridad solicitó, tanto al Tribunal Supremo de Justicia como al Ministerio de Gobierno, la suscripción de convenios interinstitucionales.
El objetivo “es que, a través del sistema de justicia libre, se interopere las actuaciones de los jueces de ejecución penal como de la dirección del régimen penitenciario y así poder realizar un seguimiento al cumplimiento efectivo de las condenas y se transparenten las acciones que devienen en la otorgación de beneficios penitenciarios”, sostuvo.
Fiscales destituidos
Lanchipa también informó que el fiscal Raúl Gallo fue destituido de su cargo por estar involucrado en la liberación de Choque Flores.
El fiscal destituido era el secretario del ahora exjuez Rafael Alcón, quien había liberado en diciembre de 2019 al asesino y violador serial pese a su sentencia condenatoria sin derecho a indulto. Todos ahora encarcelados.
“Determinación similar fue asumida contra otro fiscal de materia de Santa Cruz, que fue sorprendido en hechos de corrupción, habiéndose dispuesto en ese caso, el inicio inmediato del proceso penal y su posterior detención preventiva, por lo que también se ordenó su inmediato procesamiento disciplinario y la destitución y retiro de la carrera fiscal”, agregó.
El funcionario enfatizó que no se encubrirá a nadie ni se permitirán actos irregulares o de corrupción dentro del trabajo de los fiscales.
No obstante, “nuestra política de ‘cero tolerancia’ a la corrupción debe ir acompañada de una cultura de denuncia de todo acto corrupto”, apuntó.