Gabriela Ichaso
Fuente: https://www.gabrielaichaso.org
Un juicio ilegal como el que se abrirá el jueves contra la ex Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, es doblemente ilegal al realizarse a puertas cerradas.
El Código Procesal Penal data de los últimos años del siglo pasado, cuando el internet era incipiente, y no contempla la modalidad de la virtualidad para los juicios orales y públicos. A través de disposiciones administrativas y por motivo de la pandemia, se han venido realizando las audiencias y otros procesos judiciales a través de la plataforma de la administración de justicia.
Sin embargo, estas instructivas de las autoridades del Órgano Judicial son de cuarto o quinto orden que vulneran los fundamentos jurídicos, los derechos fundamentales y los principios del debido proceso, de inmediación y de publicidad de la administración de justicia, así como de su transparencia.
En las salas virtuales, tanto las partes como sus abogados y los jueces asisten con las cámaras apagadas. Nadie sabe a ciencia cierta quién habla detrás de cada cámara apagada. Hay numerosos testigos citados a prestar declaraciones en las audiencias pero detrás de cámaras apagadas, nadie tiene certeza de su identidad y la verificación de su testimonio. Nombres leemos, voces no sabemos.
El acceso público es impedido por el organizador de la plataforma judicial, el cual bloquea la participación de forma arbitraria, cuando la Constitución Política del Estado y las leyes claramente señalan que los juicios son orales y públicos.
En el caso de la ex Presidenta de Bolivia, además, por la importancia de su caso, por las funciones delicadas que cumplió al servicio del país y por las circunstancias políticas que rodearon a su sucesión constitucional, con mayor razón el Organo Judicial debería promover la más amplia y más abierta asistencia del pueblo boliviano.
El ilegal juicio instaurado contra Jeanine Añez debe ser totalmente público.