El manejo forestal, ante el desafío de una actualización técnica

La ABT destaca la actividad maderera, pero considera que debe haber una actualización de la Ley 1700
Juan Carlos Salinas Cortez

​Fuente: eldeber.com.bo

El manejo forestal, desde 1996, se maneja bajo el paragua de la Ley 1700. Una estructura legal que en la actualidad tiene algunos vacíos técnicos que necesitan ser actualizados.

Es Jasivia Gonzales, jefa nacional de Desarrollo Integral de Bosques y Tierra, de la Dirección General de Desarrollo Integral de Bosques de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), la que hace notar que la norma está enfocada en el recurso (madera) en donde los actores privados tienen concesiones hasta de 200 hectáreas.

Gonzales sostuvo que más allá de la sostenibilidad se debe pensar en un manejo territorial (integral) en donde se tomen en cuenta los diferentes pedidos sociales de las comunidades que están en los centros de producción maderera. Y hace notar que el aprovechamiento del bosque no debe ser solo empresarial, sino también debe incorporar a los demás actores que se encuentran en los bosques. 

Criterio de la CFB
Jorge Ávila, gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), indicó que si bien la norma data de 1996, en la actualidad la actividad maderera ha cambiado, pues en sus principios el actor forestal en un 100% correspondía al sector privado.

Ávila hace notar que eso cambió, pues las Autorizaciones Transitorias Especiales (ex concesiones) solo permiten que se trabaje en un 7% de la superficie de los bosques de Bolivia. Mientras que, el 75% del manejo maderable corresponde a los pueblos indígenas.

También precisó que el 80% de la materia prima proviene de los operadores comunitarios y solo el 20% de los privados, por lo que considera que el negocio forestal, por lo menos en la fase primaria, distribuye los recursos de acuerdo al porcentaje de participación en el mismo.

En cuanto a las observaciones de la ABT, Ávila considera que el termino integral es ambiguo y peligroso, pero aclaró que la institución no se cierra a una posible modificación o actualización de la Ley 1700.

“Se puede revisar y proponer sugerencias. Pero antes se debe conocer y definir cuál es la política forestal de Estado boliviano. Eso es fundamental antes de abordar cualquier cambio”, sostuvo Ávila.

Sobre el tema, Gonzales indicó que se han recibido varias propuestas para una posible modificación de la ley, pero para concretarla es necesario que todos los actores se sienten a negociar y a generar propuestas, un aspecto, que a su criterio, hasta el momento no se ha logrado, pero que debido a los cambios actuales urge que eso se concrete y se trabaje desde una perspectiva técnica y no solo sectorial.

Sobre la recuperación del sector maderero, Diego Justiniano, presidente de la CFB, dijo que desde hace varios años se viene trabajando con el Gobierno en la elaboración de normas para proteger el mercado interno de la oferta extranjera, en particular de Brasil, y que eso ha beneficiado a toda la cadena productiva. Justiniano subrayó que aún se puede tener mejores rendimientos en lo referido a las exportaciones, aspecto que se trabajará en 2022.