Diego García Sayán dio a conocer una serie de observaciones evidenciadas durante su visita al país.
El Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán concluyó una primera evaluación a la administración de la justicia en Bolivia, un trabajo que realizó durante una semana y en donde, este martes, dio a conocer una lista con nueve conclusiones que apuntamos a continuación:
1. En Bolivia la justicia está lejos de la gente. «Hay una urgencia en la sociedad de que la justicia responda», dijo el relator que remarcó en este aspecto lo ocurrido con la lberación de presos con sentencia y sin derecho de indulto como el caso de Richard Choque.
2. Hay una seria brecha en el acceso de las mujeres a la justicia. Señala que este aspecto ha significado que haya muchos casos de feminicidio que queden en la impunidad. Dentro de las recomendaciones que se hace es el de aumentar el número de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer.
3. Justicia Indígena, «es un tema de importancia en un país con una historia tan rica, como Bolivia, en donde los pueblos indígenas han jugado un papel muy importante en su desarrollo y evolución democrática» por lo que recomendó hacer los esfuerzos para reforzar la justicia indígena.
4. Privados y privadas de libertad. En este punto, el relator menciona que el hacinamiento carcelario es un problema de los países de Latinoamérica, pero en el caso de Bolivia tiene un nivel dramático.
En este punto hizo referencia al fallido traslado de Jeanine Añez a un hospital. «Quiero llamar la atención que el Estado frente a cualquier persona privada de libertad, es responsable de la integridad física y de la salud de la persona que está en esa condición», remarcó.
5. La estructura del Órgano judicial. El relator señaló que es importante saber que hay como 1.000 jueces en un país en donde cada juez debe hacerse cargo de más de 500 expedientes y que solo hay disponibilidad de 54 defensores públicos para todos. Se recomendó aumentar el presupuesto para que se pueda dar una ampliación en el número de jueces.
6. La carrera judicial y los jueces transitorios. Solo el 44% de los jueces en Bolivia tienen una carrera judicial pero esta «no existe», porque la mayoría son jueces transitorios.
7. El Ministerio Público. «Hemos recibido comentarios y críticas sobre limitaciones en el acceso a la información de familiares de víctimas y de procesados de obtener información sobre el curso de los procesos», dijo el relator.
Mencionó también que se debe dar un fortalecimiento al IDIF para que la investigación del delito no sea inviable.
8. Graves violaciones a los derechos Humanos ocurridas luego de la crisis de 2019. El relator mencionó su reunión con víctimas de Senkata y Sacab en donde 37 personas fallecieron, «y si bien he notado que hay interés de darle seguimiento», son escasos los resultados en los procesos de investigación y las víctimas o sus familiares están todavía esperando por justicia.
9. La reformas constitucionales en el proceso de designación de las altas cortes en Bolivia.
El relator observó las «serias limitaciones» que se dieron en el proceso por voto popular con el que se eligió a las autoridades judiciales. «El porcentaje fue muy bajo y la mayor parte de quienes ejercieron su derecho al voto, lo hicieron en blanco o nulo«.
García Sayán señaló que no se cuestiona la legalidad, solo que quedan dudas y se plantea una revisión a la decisión de elegir a las autoridades por este camino.