Ante las denuncias del ministro de Obras Públicas contra Camacho:
Pruebas. El secretario de Justicia hizo esta aseveración basado en pruebas de un medio de comunicación local que muestra que los personeros de la ABT visitaron la zona en febrero del año pasado, cuando ya estaban construidos los pilotes, y no hizo nada para paralizar la obra.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
El secretario de Justicia de la Gobernación, Efraín Suárez, salió a desmentir las acusaciones del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, que acusa al gobernador Luis Fernando Camacho de tener responsabilidad en el puente ilegal construido por menonitas en la comunidad Cuarirenda, en el municipio de Charagua, bajo el aval de las autoridades indígenas de la provincia Cordillera.
En este entendido, Suárez sostuvo que Montaño quiere confundir a la población diciendo que supuestamente Camacho había argumentado que la ABT y el INRA autorizaron la construcción de dicho puente, lo cual es falso. Lo que se dijo la primera autoridad del departamento fue que estas autorizaciones de las instituciones estatales fueron hechas bajo un sitio medio ambiental denominado Ramsar, situación que derivó en la deforestación de camino de más de 14 kilómetros (km) y en la construcción de la obra.
Y acompañado de una exposición gráfica, la autoridad departamental mostró que, -de acuerdo a una información publicada la radio Charagua-, en febrero de 2021 la ABT ya tenía conocimiento expreso de la deforestación de los 14 k de camino y de la construcción del puente ilegal. Incluso en la gráfica de la nota se ve a los personeros de la ABT en el lugar de los hechos, y se divisan los pilotes del puente estaban construidos en la visita de estos.
“¡Esto constituye un hecho muy grave!, ya que si bien la ABT no tiene facultad para autorizar o no autorizar la construcción de un puente, sí tiene dentro de sus competencias la posibilidad de fiscalizar si los accesos (…) tienen los permisos de desmonte respectivo”, afirmó.
En el caso del puente ilegal, no existe ningún permiso para desmontar en los accesos, y lo que debió hacer la ABC era paralizar la obra por no contar con la autorización respectiva.
Esta prueba se remitirá a la denuncia presentada ante el Ministerio Público de parte de la Gobernación cruceña para la paralización y restitución medio ambiental y tratar de revertir esta situación, a fin de que no se cause más daño al sitio Ramsar del río Parapetí, siendo este un humedal de importancia no solo para el país sino para el planeta.
El INRA no se pronuncia si ha entregado o no títulos de propiedad en el sitio Ramsar.
Con respecto a la responsabilidad del INRA, Suárez expresó que se sabe que las tierras de la zona han sido saneadas, y ahora lo que tiene que aclarar la institución agraria es si ha entregado títulos de propiedad a particulares, como los menonitas, hecho que sería totalmente ilegal por tratarse de un sitio Ramsar. Hasta el mediodía de hoy el INRA no se ha manifestado ante la petición de informe al respecto.