La corrupción como fenómeno político, social y jurídico que nuestro país viene atravesando, supone un desafío de grandes proporciones para el estado de derecho que cada uno de los bolivianos anhelamos. La corrupción aparece cada vez más nítidamente como una amenaza para la sociedad democrática, porque debilita dos de los pilares en los que se sustenta todo Estado moderno: los derechos fundamentales y el mecanismo de la representación en la que se basa la separación de poderes.
Definamos que la corrupción de la que estamos hablando, es la conducta que asumen los funcionarios públicos, las autoridades elegidas, los legisladores y principalmente nuestro poder judicial politizado a órdenes de un gobernante, donde la conducta de cada uno de ellos, sin excepción, se desvía de los deberes normales inherentes a la función pública que ejercen, debido a consideraciones privadas, tales las familiares, de clanes, de carteles de droga, de logias o de amistad, con objeto de obtener beneficios personales, en dinero o en posición social, tal como somos testigos en este momento todos los bolivianos.
Como ejemplo, en el caso del Narco Estado, que entre narco vuelos y lluvia blanca en la Argentina, el expresidente y pedófilo Evo Morales quedó al descubierto. Durante su gobierno protegía a narco traficantes a través de los jefes policiales de control al narcotráfico a sus órdenes como capitán general de las FF.AA y de la Policía. O, de los casos de ítems fantasmas de la Alcaldía cruceña, donde durante 15 años manejaron una repartición publica como si fuera propiedad privada de las autoridades electas.
Este tipo de acciones también se la puede definir como la “violación del interés público para obtener ventajas especiales”, o la “conducta ilícita utilizada por individuos o grupos para obtener influencia sobre las acciones de la burocracia”. Sin embargo, una acabada definición y abordaje de la corrupción como comportamiento ilícito, no puede contemplar únicamente sus aspectos jurídico-penales, sino también considerar las perspectivas éticas, sociológicas, políticas, administrativas y económicas.
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En términos generales, la corrupción implica la utilización del poder que se detenta en forma desviada, sea por parte de un funcionario o de una autoridad que tenga facultad de decisión.
Cambiando el punto de vista, porque no sería justo no hacerlo, el sector privado también desarrolló formas de lograr más rápida y eficazmente objetivos económicos, políticos o personales a través de dádivas o de la atribución de otro tipo de ventajas.
Nuestra sociedad tan pequeña de casi 12 millones de habitantes, se asombra de ver tanto millonario de la noche a la mañana, tantos empresarios de prestigio en cuestión de días, sino preguntémosle al empresario y al gobernador de Potosí que en un abrir y cerrar de ojos generan un negocio millonario de venta de ambulancias, o, en el caso de la licitación de la basura en Santa Cruz, adjudican a x empresarios contratos millonarios sin tener respaldo de boleta de garantía, salvo una vagoneta último modelo que dirigió y escribió los términos de referencia para respaldar una propuesta ganadora (ojo, que esto es ironía, pero verdad al fin).
Todo tiene una base, aparte de la ausencia total de principios y valores, y es la consecuencia de la infiltración de las actividades ilegales en las actividades empresariales, lo que hace que exista un sector de la “economía legal” (entendida como producción normal de bienes y servicios) dominado por la criminalidad organizada.
Pero los aspectos financieros y económicos no son los únicos afectados dentro del funcionamiento del Estado. La corrupción lesiona la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos al permear todas las instituciones, causándoles un grave deterioro por la desestabilización del sistema que inevitablemente provoca.
En la faz social, la corrupción genera un serio riesgo sobre valores esenciales como la vida, la salud, la educación y la seguridad, atentando contra las bases del bienestar de la población que ve desnaturalizada la esencia de la función estatal. Claro ejemplo, el del psicópata Choque que fue liberado con un justificativo jalado de los pelos por el corrupto juez Alcón, un simple certificado médico más plata, generó la detención domiciliaria de este asesino serial, sin control alguno, lo que ocasionó otros asesinatos y violaciones. Y quiero ser claro, ¿tiene la culpa este juez? o ¿quiénes lo eligieron como juez?
Los peores culpables son los segundos, ya que no les importó su capacidad intelectual, su profesionalismo, su integridad, su experiencia, su meritocracia, etc. Solo les importó que les sirva como peón para obedecer órdenes del poder ejecutivo y pueda llevar a la cárcel a todo aquel que sea opositor. Si no me creen, cómo se explican la declaración del Ministerio de Justicia de una manera absurda al respecto del tema, queriendo lavarse las manos politizando el tema de Richard Choque y destacando que fue beneficiado de detención domiciliaria durante el gobierno de Jeanine Añez diciendo “Esta decisión fue asumida el 24 de diciembre de 2019, durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, lo que demuestra la forma discrecional de administración de justicia que caracterizó a ese régimen”. Válgame DIOS, son tan brutos, teniendo como cabeza, un abogado que en un principio parecía destacable, y que de a poco se fue consumiendo por la mierda existente en el actual gabinete ministerial.
Para colmo, como les sobra los ineptos a los masistas, sale un pelotudo vicepresidente del MAS diciendo: “Jamás podrán comprobar que Evo haya sido cómplice ni narcotraficante” o sea, Maximiliano Dávila Pérez tiene más de siete denuncias en su contra que no prosperaron y por las que se pidió su destitución, pero recibió respaldo del gobierno de Evo Morales.
La demanda más antigua es por un operativo que se hizo en 2015. Por este caso, el entonces comandante de la Policía Yuri Calderón desobedeció la orden fiscal de destituir a Dávila para que se someta al proceso. Asimismo, el entonces ministro de Gobierno Carlos Romero acusó a Sahonero (el empresario cochabambino extorsionado) de “desviar” la atención del proceso en su contra con la denuncia contra Dávila. Desde ese año, este policía delincuente, comenzó a operar bajo la protección de CARLOS ROMERO exministro de Gobierno de Evo Morales.
Este exministro, curiosamente luego de la renuncia del pedófilo y narcotraficante Morales, fue el único que circulaba por las calles de manera protegida por el entonces ministro Arturo Murillo. Quien, a su vez, estaba recibiendo el negocio de la protección de envíos de cocaína de manera resguardada, de parte de los “ojitos saltones” y de su operador Dávila. Clara prueba, es que a Dávila también se lo relaciona con el caso Narco jet, en 2020. Que, según reportes de Inteligencia de la Policía, un jet partió de Argentina (encubiertos por el gobierno socio de Evo), se abasteció de combustible y cargó paquetes de droga en Guayaramerín (Beni) y fue interceptado en México con casi una tonelada de cocaína. El exjefe antidroga estuvo en Guayaramerín días antes y después del arribo de los pilotos que iban en el jet.
Evo Morales armó el Narco Estado y la gestión de Añez quiso heredar el negocio, con Murillo a la cabeza. Si no hubiera sido por el periodista español Estrambasaguas quien dio con el paradero de Romero por las calles de La Paz, este negocio hubiera continuado. Y hoy por hoy, con toda la información recibida del exministro Romero, es que Murillo se convierte en el sapo mayor del cartel del Chapare, vendiendo información y nombres que están dando a luz los medios de comunicación.
Cuando la política criminal de un Estado está dirigida a quebrar las reglas del derecho, tal como sucede en Bolivia, la corrupción se apodera de las instituciones policiales, judiciales y parlamentarias, con el único objetivo de impedir o perturbar toda investigación, control o penalización. Las “cifras doradas de la criminalidad” siempre han estado compuestas por delincuentes de guante blanco que ostentan poder político y lo ejercen impunemente en beneficio propio o de sus allegados, y por aquellos que poseen poder económico para encubrir su dinero mal habido en perjuicio de la sociedad, fuera del alcance del sistema de control administrativo y del enjuiciamiento penal.
Es así, que los nuevos millonarios de alta alcurnia gracias a coimas recibidas; a contratos millonarios dirigidos; a dineros desviados de las arcas públicas; a ítems fantasmas; a la compra de terrenos sobrevaluados; a la compra de ambulancias fantasmas; a la protección de vuelos de droga; a la producción de coca ilegal; a las sentencias dirigidas con alto costo económico para dejar libres a culpables y meter presos a inocentes; a las resoluciones ministeriales y decretos supremos de favor; a la protección judicial y delincuencial brindada; a las fortunas lavadas en ganadería, bienes inmuebles y restaurantes; a la concesión de tierras; a las leyes que indultan narcotraficantes a través del arrepentimiento; a vivir del dinero del municipio, de la gobernación; a los favores de las logias; a los favores de los narcos…etc. No pueden tener otro sentido, que, las complicidades político-económicas, las colusiones político financieras, sutiles malversaciones, contubernios disfrazados y abusos reales que resultan favorecidos tanto por lagunas normativas deliberadas como por complacencias más o menos conscientes.
En síntesis, existe una serie de actividades socialmente nocivas y peligrosas que el poder político y la fortaleza económica, muchas veces aliados en combinaciones estructuradas y disfrazados con enorme habilidad, se protegen de toda detección y eventual sanción. Esta sería la cara más visible de la victimización que estos delincuentes nos muestran cuando están en desgracia.
De este modo, la corrupción se exhibe como la contracara de los derechos civiles y políticos garantizados por nuestra Constitución, la cual es vulnerada a diario por los HDP del poder judicial quienes son respaldados y protegidos por el Gobierno de turno, sin importarles la justicia, el buen nombre, la dignidad y, sobre todo, los derechos ciudadanos y humanos que cada uno de nosotros debería tener en un Estado democrático.
Son éstas buenas razones para emprender la lucha racional y coordinada contra la corrupción y para transformarla en un hecho difundido en la opinión pública, en los ámbitos académicos y en los medios de comunicación, al punto de hacer este reclamo en un arma política.
Tomando en cuenta la ausencia total de un liderazgo opositor para enfrentar a la raíz del mal que es el gobierno y el partido corrupto del MAS (Mientras Arce Catacora siga protegiendo a Evo Morales y sea el muchacho de los mandados, este país apestara de tanto excremento que está dirigiendo el país, a nivel nacional como subnacional)
El segundo desafío es convertir la lucha contra la corrupción en una verdadera política, en el sentido más noble del término, es decir, en una estrategia más que en una guerra idónea para desactivar las trampas.
¡En nuestras manos está enfrentar a los corruptos y señalarlos!
Alberto De Oliva Maya