El excomandante César Vallejos y el actual titular, Augusto García, además de los miembros del Alto Mando Militar de Bolivia, dieron lugar a la resolución 120/2021 que usurpó funciones del Tribunal Supremo de Personal.
Carlos Quisbert / La Paz
El exjefe de la Casa Militar, general Milton Navia, quien permitió el ingreso de Fernando Camacho, Marco Pumari y el abogado Eduardo León, el 10 noviembre de 2019, al Palacio de Gobierno, y posteriormente entregó la medalla y la banda presidencial a la entonces presidenta transitoria Jeanine Añez, también fue responsable de aprobar los ascensos ilegales que se dieron este año en las Fuerzas Armadas (FFAA), según los documentos y testimonios de oficiales en servicio activo.
De acuerdo a la resolución 120/2020, emitida en septiembre de 2021 por el entonces comandante en Jefe de las FFAA, general César Vallejos, se conformó una “Comisión Revisora del Comando de las FFAA, para los ascensos de los generales de brigada y contraalmirantes de oficiales de las promociones 1989 y 1990”. Dicha comisión estuvo presidida por Navia; como vicepresidente se designó al general Rodolfo García, de la FAB, y el cargo de vocal recayó en el contraalmirante Hernán Crespo.
Las resoluciones de esa comisión fueron avaladas por el sustituto de Vallejos y actual comandante en jefe de las FFAA, Augusto García, dejando así de lado la evaluación hecha en el gobierno de Añez.
“En 2020 (durante el gobierno de Añez), el Tribunal Superior de Personal de las FFAA y el Comando en Jefe evaluaron y aprobaron una lista de 22 oficiales de la promoción 1990, habilitados para ascender de coroneles a generales; sin embargo, con el cambio de Gobierno, dicha lista fue ‘extraviada’ y de manera ilegal desde enero de 2021 se nombró a militares en diferentes cargos”, explicó a Página Siete un oficial de alto rango, que pidió reserva de su identidad.
De los 68 oficiales del Ejército que conforman esa promoción, no se presentaron a la convocatoria de 2020 varios oficiales que, por falta de puntaje, requisitos y tener sumarios disciplinarios no podían ascender. Entre ellos los oficiales Iván Novillo y Juan José Zúñiga, este último ocupaba el número 48 de su promoción y tenía un proceso disciplinario por desfalco de recursos en el pago de los bonos Juancito Pinto y Renta Dignidad, sancionado en 2014.
La misma fuente explicó que cuando Luis Arce asumió el mando, y Edmundo Novillo fue nombrado como ministro de Defensa, comenzaron las “imposiciones políticas e ilegales”. Página Siete ha buscado la versión del ministro en varias oportunidades, pero el personal que colabora en sus funciones no respondió a los requerimientos.
Los oficiales de las diferentes fuerzas que facilitaron documentos para esta nota relataron que ante los señalamientos de que los militares fueron parte del supuesto golpe de Estado, en 2019, el gobierno de Arce anuló la lista de los oficiales aprobada en 2020 y con la “Comisión Revisora, vulnerando un trabajo que sólo le competía al Tribunal Superior de Personal, dio lugar a un nuevo proceso de valoración de méritos y permitió que los coroneles Zúñiga, Novillo y otros cuestionados se presenten y sean habilitados en 2021”.
De acuerdo con los expedientes de la Fiscalía sobre el caso del supuesto Golpe de Estado, el oficial que dio lugar a todo el proceso ilegal de ascensos, general Navia, fue jefe de la Casa Militar y ahora se desempeña como director general territorial militar en el Ministerio de Defensa.
En noviembre de 2019, Navia, como responsable de la seguridad del presidente, las instalaciones que éste ocupa y los símbolos presidenciales, asumió varias determinaciones “sin recibir órdenes superiores”.
Navia refirió que el 11 de noviembre tomó las “previsiones” del caso con los símbolos presidenciales, luego de conocer que el entonces presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, renunciaron a sus cargos un día antes, producto de las protestas por el fraude electoral revelado por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En su declaración, Navia remarcó que esas tres autoridades eran las únicas superiores y que tenían mando sobre él. El 12 de noviembre, el general admitió que fue él quien entregó la medalla y la banda presidencial a Añez, al momento en que fue posesionada como presidenta transitoria.
Sin embargo, en una de sus respuestas a la Fiscalía, Navia aseguró que mientras estuvo en el cargo, desde el 3 de enero de 2019 al 17 de enero de 2020, cumplió con todas las leyes y reglamentos; “y también trabajé con lealtad hasta que el hermano presidente Evo Morales renunció”, dijo.
Designaron a coroneles en los cargos para generales
De acuerdo con los artículos 71 y 76 de la Ley Orgánica de Las Fuerzas Armadas (LOFA), la designación al cargo de Jefe de Estado Mayor e Inspector de las diferentes fuerzas debe recaer en aquellos oficiales con el grado de generales de brigada o sus similares en la Armada. Sin embargo, en el Ejército, estos nombramientos recayeron sobre coroneles en dos oportunidades.
Según lar órdenes de destino y memorandos de nombramiento a los que accedió Página Siete, los oficiales Iván Novillo y Alberto Arce fueron designados en los primeros meses de 2021 como jefe de Estado Mayor e inspector del Ejército, por el comandante de esta fuerza, general Miguel Castillo.
Tiempo después, los dos coroneles fueron removidos del cargo y se posesionó Juan José Zúñiga y Álex Baldivieso, en los respectivos cargos. Los cuatro oficiales son parte de la promoción 1990 del Ejército.
“Con la designación de estos coroneles en esos cargos, se rompió la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular, en el caso de Zúñiga y Baldivieso, y antes que ellos, Novillo y Arce, todos los generales de la promoción 89 y coroneles de la misma promoción 1990 se tuvieron que subalternizar a estos señores que eran menos antiguos. Zúñiga 47 de curso. El artículo 38 de la LOFA no fue respetado en ningún caso”, explicó un oficial responsable de la administración de personal.
El militar relató que al nombrar a estos coroneles se generó un clima de malestar. “Esto fue una imposición política, lo han confesado los mismos comandantes”, aseguró el oficial.